Un llamado a los medios frente al Estado-candidato

El Consejo Nacional Electoral (CNE) vive en una realidad paralela. Según su calendario electoral, la campaña electoral arranca recién el 3 de enero de 2017. Nada más ilusorio: la campaña del oficialismo y de algunos candidatos de la oposición ha sido permanente, intensa y desgastante. También según el CNE, la campaña electoral concluirá el 16 de febrero de 2017, cuando inicie la veda electoral. Nada más ficticio: ante la imposibilidad de controlar la opinión e información que circula en redes sociales hasta el día mismo de la votación, la veda electoral dejó de existir en la práctica, existe sólo en la mente de quienes apetecen excusas para sancionar a los medios de comunicación.

Reconozcámoslo. El candidato no es Lenin, peor Glas. El candidato es el gobierno entero, que anhela perpetuarse en el poder. Y como Alianza País no ha logrado comprender la diferencia entre gobierno y Estado, en la práctica el candidato es el Estado. Todo el aparato estatal, con su maquinaria mediática, está al servicio de la campaña. Con nuestros impuestos se financia la promoción electoral de candidatos como Lenin y Glas. ¿No les da arcadas imaginarse su plata financiando la campaña Alianza País? A mí sí.

Mientras escribo estas líneas, el candidato Glas es el protagonista de la sabatina número 498. El candidato Estado solventa con dinero público los costos de un enorme evento mediático auspiciado por la SECOM que le ofrece a Glas dos a tres horas de micrófono ininterrumpido con transmisión nacional por radio, televisión y redes sociales. Y aún cuando el micrófono no lo tenga Glas, Correa se encargará de usar cada sabatina para hacer propaganda electoral de su gobierno, o a favor de Lenin y Glas, que es lo mismo.

Ni cómo poner el grito en el cielo si las sabatinas no son nada en comparación con lo que sucedió el 1 de octubre, día en que la Convención de Alianza País lanzó la candidatura de Lenin y cuatro canales de televisión financiados con dinero público (nuestro) transmitieron en directo las más de tres horas de duración de este acto partidista. Otras convenciones en las que también se anunciaron candidatos presidenciales, no recibieron la misma cobertura o cobertura alguna por parte de tales medios.

Barriga, titular de la SECOM, ya se lavó las manos bajo el argumento de que los medios públicos e incautados no estuvieron ahí bajo órdenes suyas, sino cubriendo la agenda oficial del Presidente. El órgano de justicia electoral aparenta dar seguimiento al caso, pero Correa, que tiene la última palabra en la justicia de este país, ya sentenció que fue completamente lícito que los canales de televisión públicos e incautados transmitan en vivo el lanzamiento de la candidatura de Lenin, dado que estaban presentes el Presidente y el Vicepresidente de la República. Correa nunca entendió, y no le conviene entender, la diferencia entre su calidad de militante y su calidad de Presidente. Bajo el argumento de que son actividades oficiales, la presencia de Correa o Glas en cualquier acto de proselitismo político es suficiente para que el dinero público se utilice para su difusión.

La Constitución es clara al señalar que “Se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los niveles de gobierno, para la campaña electoral”. La prohibición constitucional implica que ningún funcionario del Estado, desde el presidente hasta el camarógrafo de la SECOM, y ninguna infraestructura del Estado, incluyendo la de los medios públicos e incautados, pueden ser utilizados para la campaña electoral. Pero como para el CNE no estamos en campaña electoral, fresco que se gaste el dinero del pueblo en promocionar al Estado-Candidato.

La esquizofrenia se ha apoderado de este gobierno al punto que unos funcionarios justifican que los medios públicos e incautados se conviertan en espacios de propaganda del candidato gobiernista al mismo tiempo que otros exigen a los medios abstenerse incluso de hacer preguntas que podrían conducir a que un entrevistado se pronuncie sobre los planes de gobierno de determinado candidato. En la mente parroquial de la funcionaria de la Dirección Nacional de Fiscalización del CNE, la libertad de elegir se garantiza multando a los medios de comunicación que permitan que promocionen, incluso indirectamente, los planes de gobierno de algún candidato, mientras que el Estado-candidato puede continuar promocionando, incluso directamente, las supuestas bondades de la revolución ciudadana. Todo indica que para el CNE el silencio y la desinformación son la receta perfecta para la democracia.

La oposición, tan confundida como siempre, no ha encontrado mejor idea que cuestionar la falta de equidad mediática. La equidad mediática, cuando se traduce en límites a la información y opinión que pueden transmitir los medios de comunicación, sólo revela la intención de impedir que formemos libremente nuestro criterio. El problema no es la poca equidad informativa de los medios. El problema es el uso inadecuado de recursos públicos para financiar la campaña anticipada del gobierno y sus candidatos.

En consecuencia, lo que debemos exigir de los medios públicos no es lo mismo que lo que podemos exigir de los medios privados. Los medios públicos e incautados se financian con nuestros impuestos, con el dinero de todos, y por tanto ellos a ellos sí debemos exigirles respetar reglas estrictas que aseguren la imparcialidad y el equilibrio informativo, ofreciendo un acceso equitativo a todos los partidos políticos y candidatos. Parece que esa batalla la perdimos. Nos quedan los medios privados.

A los medios de comunicación privados, yo no les exigiría informar de manera equitativa entre los distintos candidatos. Si la ley no lo impidiera, les pediría incluso que sean frontales y transparentes sobre el candidato que apoyan. No les pido que se conviertan en plataforma de un candidato, pero sí que cumplan su función de informar al público y de constituirse en una plataforma para el debate libre de todas las posturas. Aún bajo las restricciones legales imperantes para los medios, les pido que recuperen su rol como facilitadores de un debate político abierto y vigoroso. Lo que necesitamos es un ambiente electoral más plural, no más equitativo.

Hago un llamado a los medios de comunicación privados, para que cumplan con su obligación de asegurar que los electores contemos con suficiente información y criterios para tomar una decisión verdaderamente libre. La ceguera selectiva del CNE ha permitido que los medios públicos se conviertan en un aparato de difusión de la candidatura oficialista. Ante ese panorama, necesitamos medios privados que contrarresten esa propaganda con información sobre los últimos 10 años de gobierno.

La memoria de los ecuatorianos es frágil. Pidamos que los medios nos recuerden todos los escándalos de corrupción de la última década, incluyendo los radares, los chalecos, y tantos otros casos que han quedado sepultados ante la magnitud del caso de la Refinería de Esmeraldas. Pidamos que los medios recapitulen los elefantes blancos que se han multiplicado en la última década, despegando en el aeropuerto de Santa Rosa, sobrevolando por la Refinería del Pacífico, Yachay, el edificio de la Unasur, y aterrizando en el aeropuerto del Tena. Pidamos que los medios nos recuerden todas las personas criminalizadas durante la última década, desde Luluncoto hasta Saraguro, pasando por el 30-S. Pidamos que los medios nos recuerden todos los casos de abuso de la fuerza de la última década, desde Dayuma hasta el Turi. Pidamos a los medios un recuento de las sanciones que desde la vigencia de la Ley de Comunicación han terminado por ahogar y silenciar a radios, prensa y televisión. Y hablando de leyes, pidamos a los medios que nos recuerden esas leyes que el gobierno prometió y luego olvidó, desde una ley que regule la consulta previa hasta una ley de movilidad humana que haga realidad los postulados constitucionales. Y hablando de promesas incumplidas, pidamos a los medios que analicen las promesas de campaña que este gobierno rompió, desde la prohibición de explotación petrolera en el Yasuní hasta el combate al desempleo, pasando por la reducción del IVA. Pidamos a los medios toda la información que consideramos indispensable para formar nuestro criterio electoral.

Los medios juegan un rol esencial al momento de formar y a veces manipular la opinión pública. Pero es hora de des-satanizar el rol de los medios en las elecciones. En época electoral es cuando la libertad de expresión es más trascendente, pues está directamente relacionada con la capacidad de elegir libremente a nuestro candidato. No es posible hablar de un voto libre, si no es un voto informado. Sólo con plena libertad de recibir y difundir informaciones y opiniones podremos formar nuestra voluntad para sufragar.

La libertad de expresión es una condición sine qua non para el debate democrático. No exijamos equidad a los medios privados. Exijamos libertad para cuestionar la capacidad e idoneidad de los candidatos para los puestos que pretenden ocupar. Exijamos libertad para poder disentir y confrontar todas las propuestas. Es el momento de publicar toda información que sea de interés público en medio de esta campaña tan desigual. No es el momento de silenciarse.

Sólo bien informados seremos verdaderamente libres. Los medios de comunicación se deben a su audiencia. Se deben, en última instancia, a la democracia.