El Ministerio de Comercio Exterior ha subido a su cuenta de Twitter un video sobre las ventajas que ofrecerá al Ecuador la entrada en vigor del acuerdo comercial con la Unión Europea que se firmará mañana. El video destaca que ese bloque es el principal mercado para las exportaciones no petroleras del Ecuador y que “con la entrada en vigencia del acuerdo, se prevé un aumento de las exportaciones ecuatorianas en 1,6% hasta 2020”, lo que “a su vez, permitirá sostener alrededor de 41.000 plazas de trabajo relacionadas con los productos comercializados en la Unión Europea”. (En una reciente entrevista en TC televisión, el vicepresidente Jorge Glas dijo que “más de 630.000 empleos están asociados a las exportaciones hacia la Unión Europea”. Pequeña diferencia, sólo 15 veces más).
Salvo sectores tradicionalmente opuestos al libre comercio, existe una coincidencia de que el acuerdo con la Unión Europea será beneficioso para el país, como bien señala el video del Ministerio de Comercio Exterior. Lo que no se dice en ese video, sin embargo, es que el Ecuador pudo haber accedido a esos beneficios hace varios años, de no haber sido por la impulsiva decisión del Gobierno de levantarse de la mesa de negociaciones en 2009, con el argumento de que Ecuador no firmaría un tratado de libre comercio sino sólo un acuerdo para el desarrollo. De hecho, al retomar las negociaciones en 2014, el entonces ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, aseguró que el Ecuador llegaría a un acuerdo con la Unión Europea “mejor” que el que consiguieron Colombia y Perú.
¿Qué pasó en realidad? Que el Ecuador, urgido por el inminente final de las preferencias arancelarias con que los productos nacionales ingresan a la Unión Europea, terminó adhiriéndose al apuro a básicamente (salvo unas pocas diferencias formales) el mismo tratado que firmaron Colombia y Perú en 2012. De hecho, como señala la agencia pública de noticias, ANDES, Ecuador requirió de la aprobación previa de ambos países para poder avanzar en el proceso de adhesión al acuerdo.
Tras la firma que se celebrará mañana, el acuerdo deberá ser aprobado por los respectivos parlamentos para, sólo entonces, entrar en vigor. Las autoridades nacionales cruzan los dedos para que eso ocurra antes del 1 de enero de 2017, cuando los productos ecuatorianos deberían empezar a pagar aranceles para ingresar a la Unión Europea, lo que les restaría competitividad y, en el peor de los casos, cuotas de mercado. Suponiendo que el acuerdo se activa en la fecha prevista, los productores de Colombia y Perú, cuyos acuerdos entraron en vigor en 2013, habrán contado con más de tres años de ventaja respecto a los exportadores nacionales para entablar negocios con los importadores europeos con la certeza de que sus bienes mantendrán las ventajas arancelarias de manera indefinida.
¿Por qué si la Unión Europea es el principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador (ya lo era en 2009, cuando el Gobierno suspendió las negociaciones), y si el acuerdo con ese bloque va a generar un aumento en las exportaciones y a garantizar puestos de empleo (41.000 o 630.000, según la fuente que se elija), el Gobierno se dio el lujo de menospreciar ese acuerdo (al igual que ha menospreciado un tratado comercial con EE.UU., que nuestros vecinos ya tienen y que ahora, con la elección de Donald Trump, parece muy difícil que el Ecuador pueda negociar) durante cinco años? Porque entre 2009, cuando el Gobierno decidió abandonar las negociaciones, y 2014, cuando las retomó, los enormes recursos petroleros le permitieron mantener su actitud soberbia, pero ahora que el país enfrenta una severa estrechez fiscal y que una eventual caída en las exportaciones hacia la Unión Europea generaría graves impactos (que el Gobierno ya no está en capacidad de aliviar) en términos de empleo y de liquidez, la realidad se impone sobre el dogmatismo y el falso discurso de soberanía.
En ese sentido, la apresurada adhesión del Ecuador al acuerdo comercial de nuestros vecinos con la Unión Europea es una clara manifestación de que la actitud de autosuficiencia del Gobierno (no sólo hacia los principales socios comerciales del país, sino también hacia el sector privado) era sostenible sólo en épocas de vacas gordas.
Que esperábamos de un presidente que nunca tuvo ni administró al menos una tienda de DVDs piratas… pura teoría.
Este no es un acuerdo que se firma gracias a una serie de decisiones gubernamentales sino a pesar de ellas. ¿Como puede ser apresurada la suscripción de un acuerdo que llega, por lo menos, con cuatro años de retraso? Negociar un acuerdo puede resultar difícil, firmarlo mucho más cuando quien lo hace tiene que tragarse sus propias palabras. Cumplirlo no será fácil porque seguimos con un gobierno que no cree ni siquiera en las premisas básicas de los compromisos adquiridos.