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¿Cuántos años de cárcel se compró la exjueza Collantes?

lectura de 8 minutos

El truculento episodio de la ex juez Lorena Collantes deja una serie de interrogantes sobre cómo ha reaccionado la institucionalidad judicial y política.

Se trata de interrogantes originados en inconsistencias que hacen inevitable una pregunta: ¿hubo voluntad de proteger a Collantes otorgándole privilegios que el común de los mortales no tiene? Hay, al menos, cuatro inconsistencias que se desprenden de las grabaciones contenidas en el video que aparece al final de esta nota y de los hechos que son de conocimiento público.

1.- Audiencia por el delito menos evidente

Esta es quizá la incoherencia más objetiva del caso. Lorena Collantes comete el delito flagrante de amenaza o intimidación, como lo tipifica el Código Integral Penal, COIP.  Sin embargo, la exjueza es procesada por el delito de «ingreso de artículos prohibidos», como consta en el documento elaborado por el fiscal de turno. Es extraño que luego de lo ocurrido en el restaurante donde se originó el escándalo y en el patrullero, Collantes fuera llevada a un cuartel de la policía, donde vuelve a amenazar y, sin embargo, es liberada a las pocas horas con un expediente que habla de «ingreso de artículos prohibidos». Buena parte del país la vio amenazando de muerte a un policía y resistiéndose a la autoridad y ¿el fiscal de turno dispone su liberación con un documento que habla de ingreso de artículos prohibidos? La pena establecida por al COIP para el caso de intimidación, en el artículo 154, es de uno a tres años de prisión. Y por el delito de ataque o resistencia a los agentes de la fuerza pública, con violencias o amenazas, tiene pena privativa de seis meses a dos años.

Quienes han defendido al fiscal, sostienen que la prisión preventiva es un recurso extremo que, normalmente, se debe evitar. Sin embargo, la amenaza hecha en el patrullero y la forma en que la hizo, hablando de sicariato, justificaba que se mantenga a Collantes detenida y bajo investigación al menos hasta saber que si iba a a cumplir o no con su amenaza. Si una persona formula la amenaza ufanándose de tener contactos con la mafia, como lo hizo la ex jueza, lo obvio era investigarla antes de liberarla. Eso no ocurrió.

Ver aquí el PDF de la boleta de Collantes

2.- Falta de coherencia.

Que la autoridad, en este caso el ministro del Interior Diego Fuentes, salga a decir que se va a investigar a quien divulgó el video resulta insólito si se tiene en cuenta otros casos anteriores donde las autoridades no han dicho nada sobre la divulgación de videos o grabaciones. Cuando se procesó al capital Edwin Ortega por unas declaraciones que había hecho ante un superior suyo, ninguna autoridad cuestionó la validez de esa grabación como prueba para el juicio. Tampoco se investigó quién lo divulgó.

Asimismo, cuando El Telégrafo publicó los correos electrónicos de la activista Martha Roldós, nadie investigó quién robó la información ni al responsable de su divulgación. Estas incoherencias llevan a pensar que el Ministerio del Interior está tratando de defender a la ex jueza Collantes y no a al policía que realmente está, o estuvo, bajo amenaza de muerte. Es como si le preocupara más la difusión del video que la protección del policía.

3.- Se investiga lo menos importante.

El Ministerio del Interior anunció que se investigará y sancionará a la persona que difundió al video. ¿No pensó, acaso, que quien divulgó el video estaba tratando de defenderse de una amenaza a la que consideró grave e inminente? Si se escucha el video, en el que Collantes aparece tras la cortina de seguridad del patrullero de la Policía, es perfectamente entendible que quien recibió esas amenazas haya tenido razones de sobra para temer por su vida. Collantes no solo amenaza con matar en 30 minutos al policía sino que habla de una relación sentimental con «el más mafioso de los mafiosos» y de contactos que le permiten cumplir con su funestas intenciones. ¿Esto no cae bajo el artículo 143 del COIP que se refiere al sicariato y que señala que será sancionada con la pena privativa de libertad de 5 a 7 años?

El artículo 471 del Código Integral Penal dice que las partes que intervienen en un hecho que ha sido grabado no necesita de la autorización de un juez  para hacerla pública:  «No requiere autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video o fotografía relacionada a un hecho constitutivo de infracción, registradas de modo espontáneo al momento mismo de su ejecución, por los medios de comunicación social, por cámaras de vigilancia o seguridad, por cualquier medio tecnológico, por particulares en lugares públicos y de libre circulación o en los casos en que se divulgen grabaciones de audio o video obtenidos por uno de los intervinientes…».

¿Por qué entonces el Ministerio del Interior se fija en lo menos importante?  Está claro que el proceso madre es el de la amenaza de muerte hecha por una persona que dice ser autoridad judicial y que asegura tener vínculos con el crimen organizado. Lo de investigar al divulgador del video terminó siendo una perfecta coartada para distraer la discusión sobre lo esencial del problema.

4.- ¿Y la Fiscalía? Bien gracias

En el sistema legal ecuatoriano la institución que tiene la obligación de investigar hechos como el protagonizado por la ex jueza es la Fiscalía. Sin embargo no ha habido ninguna acción de ese organismo para esclarecer el tema en el que existe una evidente amenaza a una autoridad. En esos videos y grabaciones hay motivos suficientes para investigar si en efecto existen contactos con el crimen organizado o un posible tráfico de influencias para ser nombrada como jueza. Un video expone el delito flagrante de la amenaza de muerte y abre la posibilidad de posibles relaciones con el crimen organizado que cualquier Fiscalía investigaría de oficio. Collantes, además, se arroga funciones al asegurar ser jueza cuando, como lo aclaró el Consejo de la Judicatura, había sido destituida días antes. Este es un delito tipificado, en el artículo 287 del COIP, como usurpación y simulación de funciones públicas: es castigado con pena privativa de la libertad de uno a tres años de cárcel.

¿No hay, entonces, en todo lo que dice Lorena Collantes razones suficientes para iniciar una instrucción fiscal? Si no lo hace, la sospecha de que hay intereses para defender a la exjueza se volverán creíbles.

https://youtu.be/Euz-tqW_Ndc

La fotografía que aparece arriba fue tomada horas antes del incidente de Lorena Collantes en el restaurante La Riviera en Guayaquil durante un mitin político de Alianza País. Ahí aparece abrazada con Viviana Bonilla, ex gobernadora del Guayas y ex candidata a la Alcaldía de Guayaquil.

51 Comments

  1. La corrupcion de este gobierno es manifiesta. Y es tan grande que van a ganar las elecciones con CNE amañado. Jueces, diputados, fiscales,etc no son mas que esbirros, cuya funcion es hacerce de la vista gorda hasta que este implementado todo el tinglado de leyes comunistas, que se escriben desde cuba, cuando esté todo armado y amarrado será en ese momento que el diablo les pase la factura. Por ahora no son mas que tontos utiles.

  2. Bonilla….. dime con quien andas y te diré quien eres? que hubiera pasado si fuera alcaldesa de Guayaquil con las «amigas» patanas, borrachas y prepotentes que mandan a matar a cualquiera en 30 minutos……

  3. Estimados cuatro pelagatos: Aprovechen esta coyuntura para investigar «la maravilla» que es la Función Judicial. Según se, existen denuncias contra funcionarios que llegan al 25% de jueces. Ovbiamente las autoridades dicen que esto funciona según estandares internacionales y que todo camina sobre ruedas.
    Entre los abogados y/o demendantes, hay total descontento de como se mueve la «MARAVILLOSA FUNCION JUDICIAL ECUATORIANA», dicen que esta peor que antes de la revolución ciudadana

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