El Proyecto de Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocido también como Ley de Plusvalía, ha sido presentado nuevamente por el Presidente de la República. Como era de esperarse, levantó nuevas protestas ciudadanas y el rechazo de todos los sectores políticos. Correa insiste en que es un impuesto fundamental, que no tiene características confiscatorias y que la recaudación será para los municipios. Aún quienes defienden el argumento del gobierno no pueden explicar las prisas ni lo inoportuno que resulta plantear una propuesta de esta naturaleza. Inoportuno por el mensaje de incertidumbre que se suma a la ya delicada situación de la economía nacional y porque estamos a puertas de una campaña electoral en la que se volvería a colocar un tema sensible y que ha provocado gran rechazo entre los sectores medios que han crecido significativamente en el país.
El Presidente presenta la ley el 1 de diciembre y la califica como un proyecto “económico urgente”, de esa manera la ley se debate y –se aprueba– en medio de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, cuando el país está distraído en otros temas. Si se trata de una ley importante para los municipios, ¿por qué no han participado en el debate? Si se trata de un tema vital para la equidad y cuyo efecto no es recaudatorio, ¿por qué la urgencia? ¿Por qué la fecha?
La revisión del proyecto de ley nos puede dar las respuestas. Más allá de la tasa del 75%, de los mecanismos de control y sanciones para alcaldes, lo más importante de la ley está en sus líneas finales: Disposición Reformatoria Única a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria. La norma que se pretende reformar creó –en el 2007– el impuesto a los ingresos extraordinarios: el propósito era recuperar para el Estado los beneficios que se produzcan de la explotación de recursos no renovables cuando estos alcancen precios superiores al precio previsto o pactado en el contrato. En estos casos, los beneficiarios debían pagar al Ecuador el 70% de su ingreso extraordinario. La reforma incluida en la Ley de Plusvalía modifica esa disposición, exonerando durante 4 años el pago del impuesto a los ingresos extraordinarios de las empresas mineras. Lo hace además en nombre de la justicia social y la recuperación de la ganancia ilegítima. ¡Qué falta de vergüenza!
Correa reniega de Correa; Correa traiciona su reivindicación política más importante cuando impulsó la reforma para recuperar para el país los excedentes petroleros. Se despide del gobierno entregando una exoneración del impuesto a los ingresos extraordinarios a las empresas mineras que operen en el Ecuador. Probablemente lo único que le faltaba para terminar con el Rafael Correa que llegó al gobierno hace una década, para terminar de convertirse en su antítesis política. Miren por ustedes mismos la verdadera urgencia que tiene el gobierno para aprobar la Ley de Plusvalía:
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Cómo van a hacer para que las personas pongan el valor de la compra-venta en la escritura si SIEMPRE han estado acostumbrados a poner el avalúo catastral?
Pareciera que han puesto el caballo delante del carruaje.
Y si los constructores ponen sobreprecio a las propiedades que tienen, quién los controla? Nadie! El mercado deber;ia controlarlos mediante NO COMPRAR! Dejarlos que se queden con sus edificaciones vacías hasta que decidan reducir el precio a un rango aceptable para la ubicación y tipo de construcción.