¿El uso del dinero electrónico va a seguir siendo voluntario?

La culpa, como no podía ser de otra manera, fue de alguien más, de “ciertos actores públicos” (siempre se agradece semejante precisión) que reaccionaron de manera “errónea” ante la resolución que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado dio a conocer hacia el mediodía de ayer y que establece que los bancos privados del país “procedan a la implementación de la creación de cuentas de dinero electrónico a efectos de facilitar las transacciones a los usuarios, consumidores o entidades que hayan optado como medio de pago el dinero electrónico”. Y añade que “se les prohíbe (a los bancos) el rechazar, negar u obstaculizar transacciones en dinero electrónico”. ¿Alguien entendió que esa Superintedencia está obligando a los bancos a sumarse al sistema de dinero electrónico y se preocupó por eso? Si es así, se trata de una reacción errónea, dirán en esa costosa institución creada durante el actual gobierno y que, de no ser porque sus decisiones no son tan inofensivas como abrazar a un árbol o pegarse una siestecita, bien podría formar parte del selecto grupo que conforman la Secretaría del Buen Vivir, el Consejo de Igualdad Intergeneracional o el Instituto de la Meritocracia.

Lo cierto es que el Ministerio Coordinador de la Política Económica también parece haber interpretado erróneamente la resolución, por lo que pocas horas después emitió un comunicado en el que señala que la Super de Control de Poder del Mercado “no puede obligar a entidades del sistema financiero nacional a implementar la creación de cuentas de dinero electrónico”, dado que la participación de los bancos en ese sistema es voluntaria y que esa condición sólo puede ser modificada por la Junta Monetaria y Financiera.

El comunicado del Ministerio, sin embargo, tampoco brinda garantías. No sólo porque ayer mismo, en el boletín de prensa en el que habla de las “reacciones erróneas de ciertos actores públicos”, la Superintendencia insistió en la validez de su resolución, sino también por los antecedentes de la Junta Monetaria y Financiera. Hay que recordar, de hecho, que en su momento esa institución (presidida por el ministro coordinador de la Política Económica) ya quiso obligar a bancos, cooperativas y mutualistas a actuar como macroagentes en el sistema de dinero electrónico, aunque luego se echó para atrás. Esa misma Junta –que, según el Código Orgánico Monetario y Financiero, tiene entre sus funciones “regular la gestión de moneda electrónica y disponer al Banco Central del Ecuador su implementación, monitoreo y evaluación”– fue la que hace pocos días, en plena recesión económica, dispuso el absurdo incremento del encaje legal para los bancos más grandes del país, entre otras medidas que aumentan la cantidad de recursos que no podrán ser retirados del Banco Central, institución que a su vez ha prestado, con dineros ajenos, cerca de $3.000 millones al Gobierno en lo que va del año. Ese mismo Banco Central, que ha venido siendo manejado como si se tratara de un banco comercial y no del garante del sistema monetario y que al 9 de diciembre, según sus propias cifras, tenía activos líquidos (reservas internacionales) por $3.499 millones, insuficientes para cubrir la totalidad de las reservas bancarias de las “otras sociedades de depósito” (bancos privados, sociedades financieras, mutualistas, cooperativas, tarjetas de crédito y, marginalmente BanEcuador), que sumaban $3.823 millones, está encargado, según el Código Orgánico Monetario y Financiero, de “proveer de forma exclusiva moneda metálica nacional, así como moneda electrónica, en el marco de la política dictada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera”.

En este punto conviene mencionar lo irónico que resulta que la Superintendencia del señor Páez, que en teoría se encarga de evitar monopolios (de hecho, su cuenta oficial en Twitter es @AntiMonopolioEC), defienda con tanto entusiasmo un monopolio público, al punto de ordenar “el cese de los actos de denigración de las cualidades del dinero electrónico” e invitar “a la ciudadanía al uso del dinero electrónico y a recibir sus beneficios”.

Si bien al 9 de diciembre el monto en circulación en dinero electrónico era de apenas $4,2 millones (equivalentes al 0,01% de la liquidez total de la economía), lo que pone en evidencia la poca acogida del sistema, las medidas que ha venido tomando el Gobierno para fomentar el uso de ese instrumento generan sospechas sobre las intenciones detrás de esta intensa campaña de promoción. Aunque la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió el año pasado una resolución que establece que el dinero electrónico “deberá estar respaldado al cien por ciento en dólares de los Estados Unidos de América, en depósitos e inversiones internacionales en dólares de los Estados Unidos de América y/o en oro monetario de las reservas internacionales”, lo que parecería introducir mayores certezas frente a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero –que simplemente establece que la “moneda electrónica será puesta en circulación privativamente por el Banco Central del Ecuador, respaldada con sus activos líquidos”, sin definir cuáles son esos activos “líquidos”, (¿acaso los títulos del Ministerio de Finanzas en poder del Banco Central lo son?)–, la resolución de la Junta tiene un menor rango legal que el Código y bien podría ser modificada en cualquier momento, como advierte Luis Espinosa Goded en un análisis publicado en la revista Koyuntura de la USFQ.

De hecho, las inquietudes en torno al dinero electrónico y a su manejo privativo por parte del Banco Central se refieren justamente al respaldo en dólares reales con que esta “moneda electrónica”, como se la denomina en el Código Orgánico Monetario y Financiero, pueda contar. Más aún en un contexto electoral en el que el Gobierno, con tal de no recortar el gasto, ha apelado de manera irresponsable al endeudamiento y, posiblemente, quiera también usar una parte de los recursos privados depositados en el Banco Central (una parte de los cuales, a partir del aumento del encaje, pasan a ser “no exigibles”). Otras cifras generan más dudas. Para fomentar el uso del dinero electrónico se ofrece una devolución de cuatro puntos del IVA. No obstante, las estadísticas del SRI muestran que entre enero y octubre de este año esa entidad ha reducido sus devoluciones efectivas en 73% frente a igual período de 2015, a la vez que aumentó en 151% las notas de crédito. Si el SRI, que es el encargado de acreditar las devoluciones de IVA por consumos con medios electrónicos, parecería no tener plata ni para sus propias devoluciones, ¿los cuatro puntos del IVA están respaldados?

La Superintendencia de Control de Poder de Mercado bien puede seguir amenazando a aquellos que, en su opinión, “denigran las cualidades del dinero electrónico” (como si el verbo denigrar aplicara también a las cosas y no sólo a las personas), pero mientras ese sistema no genere confianza entre los ciudadanos seguirá moviendo montos tan bajos como hasta ahora. Salvo, claro, que en un momento dado el Gobierno decida empezar a realizar pagos (por ejemplo, el Bono de Desarrollo Humano o sueldos del sector público) con dinero electrónico.