El pequeño Napoleón

Un amigo mío siempre insiste que, con el correísmo, ha proliferado una nueva categoría de funcionario: el pequeño Napoleón. Es una especie de tecnócrata que se sabe exento de límites y formalidades legales. Es capaz de imponer cualquier ocurrencia porque sabe que cuenta con el respaldo de un aparato de propaganda que achicará con insultos y descalificaciones a cualquiera que ose desafiar su criterio. Basta con que cite en los considerandos las soflamas ideológicas del régimen, sin importar la legalidad de su decisión, para fundamentar cualquier abuso que crea necesario para el “buen vivir”. Sabe que no habrá consecuencias graves para él cuando viole la ley —máximo un inocente jalón de orejas si la presión social es fuerte. El reciente incidente generado por Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que  pretende imponer por la fuerza el uso de dinero electrónico a la banca privada y censurar cualquier crítica, marca una nueva escala de esta tendencia.

Si de ínfulas napoleónicas se habla, el Superintendente de Control de Poder de Mercado, Pedro Páez, es el exponente más emblemático. Se ha autoproclamado emperador de las telecomunicaciones, de los supermercados, de las farmacéuticas, del mercado de la cerveza, alimenticio, y de todo lo que se mueve. Marcó su presencia con una de las multas más disparatadas de la historia del Derecho de la Competencia: $138 millones en contra de una operadora celular por una mera cláusula de exclusividad en los contratos de alquiler de terrenos para antenas. Luego añadió al absurdo $82,7 millones más porque la empresa multada, que había ya dejado de exigir esa cláusula en atención a dicha sanción, no acudió a marginar dicha suspensión ante cada uno de los notarios que registraron los contratos de alquiler —lo cual resulta casi imposible, además de intrascendente a efecto de cumplir la obligación impuesta.

Otro hito en la campaña de acoso y derribo regulatorio de Páez tuvo lugar en el sector cervecero. Despreció olímpicamente el derecho al debido proceso. Todo comenzó con el examen del proceso de fusión de AB Inbev (Ambev Ecuador) y SAB Miller (Cervecería Nacional). La Comisión de Resolución de Primera Instancia aprobó dicha transacción sujeta al cumplimiento de once condicionamientos.  Las partes interesadas apelaron como es normal en estos casos. Lo extraordinario vino con la respuesta de la Superintendencia: desechó las argumentaciones presentadas en las impugnaciones pero sorprendentemente añadió un nuevo requisito al proceso: nada menos que ordenar a Cervecería Nacional vender su marca estrella, Club, para poder fusionarse. Cómo habrá sido de abusiva la medida que hasta un juez ecuatoriano —ya sabemos que nuestra justicia es reacia a defender a los privados— aceptó una acción de protección que suspendió dicha decisión.

Según rumores, el pronunciamiento judicial contra la Superintendencia cuenta con el beneplácito de un Ministerio de la Producción desesperado por domesticar al mono con metralleta que funge de regulador antimonopolio. Lo que añade a la cuestión un matiz aún más intenso de tropicalismo.

Pero aquí viene la cereza sobre el pastel de imperialismo regulatorio que motivó este artículo. La semana pasada la Superintendencia en cuestión decidió dos cosas inverosímiles: una, prohibirles a los bancos privados que critiquen el sistema de dinero electrónico porque eso era una “acto denigratorio”;  la otra, obligar a los bancos a aceptar el uso del dinero electrónico e implementar su utilización para el público. Es decir, por un lado ordena una auténtica censura a la libertad de expresión y, por otro, contradice disposición expresa del Código Orgánico Monetario y Financiero.

El absurdo escaló en intensidad poco después. A escasas horas de emitida la resolución de la Superintendencia antimonopolio, salió un comunicado del Ministerio Coordinador de la Política económica: por un lado, le marcan territorio recordándole que “la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva”; y por otro, le recuerdan que la participación de las entidades privadas en el sistema de dinero electrónico es “voluntaria”. En otras palabras, lo que dice el Ministro Patricio Rivera a  Páez es que el único que le hace bullying a los banqueros privados es él. Desde luego que el zar regulatorio de la competencia no se dejó y salió a responder que la resolución sigue en pie.

Y así se nos va la vida a los ecuatorianos, en medio del más absoluto desconcierto institucional posible, viendo incluso las disputas de emperadores tecnocráticos no por defender nuestros derechos sino por celar sus espacios de abuso. Lo triste es que episodios como estos solo contribuyen a aumentar el grado de inseguridad jurídica que tanto daño hace a la prosperidad el país. Llegará un día el Waterloo de estos pequeños Napoleones.

Aparicio Caicedo es político, militante de CREO