El Telégrafo y los otros mienten por cada diente

El jueves 3 de marzo, diario El Telégrafo publicó una noticia según la cual la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confeniae, había decidido apoyar la candidatura de Lenín Moreno para la segunda vuelta. La nota incluía una declaración escrita de esa agrupación con una firma al final que, se decía, correspondía a su presidente Felipe Tsenkush. “Nos preocupa la derechización de cierta dirigencia de la CONAIE y el movimiento político Pachakutik”, decía en el comunicado.

Resulta que todo era falso. Ni la Confenaie había decidido apoyar a Moreno ni Felipe Tsnkush es presidente de esa organización indígena y el comunicado, mucho peor, no existe en la realidad. Todo era una inmensa mentira publicada también por El Ciudadano. La Confenaie tuvo que salir a aclarar.

La noticia falsa publicada por el sistema mediático del gobierno era tan falsa como muchas otras cosas publicadas, con particular énfasis en las últimas semanas y en las que han estado involucrados no solo los medios llamados públicos sino varios funcionarios del correísmo. Por ejemplo encuestas falsas que salieron antes de la primera vuelta como la atribuida a la Universidad de Georgetown o, después, la de una empresa (CIS) que no existe y que recogió la agencia Andes, TC y otros medios de propiedad estatal. O el anuncio de la construcción de una “mega factoría” en Yachay por tres mil millones de dólares con la supuesta participación de empresas como Hewlett Packard o Tesla, que luego dijeron no haber estado al tanto del particular.

En el caso de la nota de El Telégrafo se repitió el patrón: se publica una nota en la que se presenta como un hecho algo que, en realidad, nunca sucedió y luego ni siquiera explicó. Mentir no merece ni siquiera una disculpa, o si no que lo diga René Ramírez, secretario de la Senecyt, que publicó una encuesta falsa en Twitter y luego lo único que hizo fue retirarla de su cuenta. ¿Una explicación? Bah.

La sucedánea publicación de mentiras es un problema que va mucho más allá de una campaña sucia en la que se presentan hechos que no existen para manipular al electorado.  Se trata, también, de un abuso de los bienes del Estado para engañar a la sociedad que deberá ser investigado. El uso burdo y grosero de diario El Telégrafo y otros medios como herramientas de propaganda del correísmo, es un asunto que tiene que ver con la malversación de fondos que, tarde o temprano, tendrá que ser sancionado por las autoridades. Si algún día el Ecuador recupera la institucionalidad, las personas que han manejado a El Telégrafo y otros medios estatales como la agencia Andes o los canales incautados, tendrán que rendir cuentas por el uso fraudulento de los fondos públicos y por el atentado a la fe pública que han cometido en su calidad de funcionarios. No se puede olvidar que en documentos oficiales, aparecen créditos por más de 18 millones de dólares que la Corporación Financiera Nacional ha entregado a El Telégrafo. ¿Y quien va a responder por todo ese dinero invertido en una máquina de mentiras y propaganda partidista?

Esta sistemática publicación de noticias que no tienen asidero en la realidad es también, y fundamentalmente, parte de una política dirigida desde el Estado para socavar y minar uno de los fundamentos de una democracia: la posibilidad de discernir, mediante la constatación de los hechos, entre la realidad y la ficción en la esfera pública. Lo normal en una democracia es que cuando los votantes están siendo manipulados, o los políticos evaden preguntas que están obligados a responder, los ciudadanos puedan recurrir a los hechos como tabla de salvación. Lo que ha ocurrido con El Telégrafo, la agencia Andes y cientos de cuentas en redes sociales o mensajes de Whatsapp es la evidencia de que el Ecuador ha entrado ya, de lleno, en lo que se llama la post verdad; un término que el diccionario Oxford nombró como la palabra del 2016.
Los hechos, bajo esta circunstancia, ya no sirven para que una persona sepa si algo es cierto o no y se han convertido, más bien, en armas de retórica pura. ¿Cómo se puede seguir hablando de hechos cuando éstos ya no remiten a una realidad en la que todos pueden coincidir?  La posibilidad de establecer qué es parte de la realidad y qué de la especulación o interpretación, ha sido parte de la lucha de la humanidad para crear una esfera pública en la que todos se puedan entender. Mary Poovey, una importante historiadora de la cultura, sostiene que la representación de la sociedad, en términos de hechos concretos, apareció en la Edad Media con el nacimiento de la contabilidad. Lo novedoso de los contadores, en ese entonces, es que en sus libros se presentaba un tipo de verdad que, aparentemente, se podía defender por sí sola sin necesidad de la interpretación o de la fe. Luego vinieron las estadísticas, la economía, las investigaciones y otros métodos numéricos para medir la realidad. En el siglo XX surgió toda una industria para establecer los hechos y, con ella, aparecieron los estudios de mercado y las encuestas.

¿Cómo puede la sociedad alcanzar soluciones si es imposible tener un consenso sobre la naturaleza de los problemas sociales, económicos o ambientales? La post-verdad ha sido, además, exhaustivamente analizada a la luz del surgimiento de gobiernos autoritarios y populistas. Masha Gessen, la escritora y pensadora ruso-estadounidense, sostiene que líderes como Putin o Trump mienten no solo para confundir realidad y ficción sino, sobre todo, para imponer el poder sobre la verdad. Trump miente para demostrar su poder, dice Gessen, porque la mentira es, en sí, el mensaje. Gessen, por eso, afirma en uno de sus ensayos que la prensa, antes de desgañitarse demostrando las mentiras de los autócratas, debe contar la historia que está detrás de la mentira y, sobre todo, la historia sobre el poder que las mentiras ocultan.

Las mentiras publicadas por los medios oficiales y los funcionarios del correísmo, sobre todo en los últimos días, no solo manipulan al electorado: tienen por objetivo demostrar el poder que tienen en sus manos. De lo contrario, ¿cómo explicar que ni El Telégrafo y los otros medios oficiales y tampoco René Ramírez hayan, al menos por un simple sentido de decencia, ofrecido disculpas por haber publicado cosas que jamás ocurrieron?

La campaña del correísmo 2017 ha metido de cabeza al Ecuador en la era de la post-verdad. Esa es otra de las herencias que deja.