El ‘apagón económico’ que favoreció a Moreno

El pasado 8 de marzo el Ministerio de Finanzas decidió dar de baja “temporalmente” la aplicación que presenta información diaria de la ejecución del Presupuesto General del Estado (PGE), es decir, el movimiento de los ingresos, los gastos y el financiamiento básicamente del Gobierno Central. El 15 de marzo, una semana después de que la herramienta fuera dada de baja, el ministro coordinador de la Política Económica, Diego Martínez, ofreció que en unos diez días más el problema estaría solucionado. Hoy, 13 de abril, cinco semanas después de que la aplicación fue retirada y 29 días después del ofrecimiento del ministro Martínez, todavía no es posible acceder a los datos actualizados de la ejecución presupuestaria. Si bien las autoridades económicas justificaron su decisión de dar de baja la aplicación en que ésta estaba presentando errores, lo cierto es que –más allá de que cinco semanas lucen como un plazo más que suficiente para solucionar cualquier inconveniente técnico– esa decisión coincidió con otros retrasos en la entrega de información económica por parte del Gobierno.

El primero se refiere a las operaciones del Gobierno Central y del Sector Público no Financiero (compuesto, principalmente, por el Gobierno Central, los gobiernos seccionales, el IESS y las empresas públicas no financieras) que publica mensualmente el Banco Central. En 2016, en el boletín de información estadística mensual que salió en febrero ya estaban disponibles los resultados preliminares para todo el año 2015, es decir, ya se podía saber cuál había sido el déficit fiscal del año anterior. En 2017 hubo que esperar hasta el boletín que se publicó a inicios de esta semana (ocho días después de la segunda vuelta) para conocer esos datos. Y la novedad es que en 2016 el déficit del Sector Público no Financiero sumó $7.314 millones, equivalentes al 7,6% del PIB, es decir, el déficit fiscal más alto en dolarización. Para el Gobierno Central las cifras tampoco son positivas: el déficit pasó de $3.805 millones en 2015 a $5.548 millones en 2016, es decir, un incremento del 46% (de hecho, en ambos años el déficit del Gobierno seguramente fue mucho mayor, porque el Banco Central considera ingresos petroleros por alrededor de $2.000 millones que, según las propias autoridades, no llegaron a la caja fiscal). Pero de todo esto nos enteramos después de la segunda vuelta.

El 31 de marzo, según su propio calendario de publicaciones, el Banco Central debía dar a conocer el boletín de cuentas nacionales con datos preliminares hasta el cuarto trimestre de 2016 (y, por tanto, para el año completo). Como ya viene siendo una costumbre, los resultados se publicaron con más de una semana de retraso, sólo después de que el presidente Correa los anunciara en una sabatina y posicionara su propia interpretación de las cifras. Si bien el último boletín muestra un aparente repunte de la economía en los meses finales de 2016 (no se trata de una recuperación genuina, sino del resultado natural de la masiva e insostenible inyección de recursos procedentes de nueva deuda), no haber publicado esa información antes de la segunda vuelta le permitió al Gobierno (y a su candidato) no tener que dar explicaciones sobre la contracción de la economía el año pasado (la primera en dolarización), sobre la caída generalizada de la inversión en distintos sectores económicos o sobre datos que no se muestran lógicos, como que el servicio doméstico haya crecido casi 4% en un año en el que, según el INEC, se destruyeron cientos de miles de empleos adecuados y los hogares, por tanto, deberían haber optado por recortar sus gastos.

En los días posteriores a la segunda vuelta nos hemos enterado de otros datos que muestran la gravedad de la situación económica, como que el mes pasado el Gobierno recibió otros $515 millones del Banco Central (entre enero y marzo recibió, en promedio, $500 millones mensuales, equivalentes al 70% del gasto mensual del presupuesto en sueldos y salarios) y que la deuda con esa entidad alcanzó los $5.800 millones ($800 millones más que el saldo de los depósitos públicos en el Banco Central a finales de marzo), o que las reservas internacionales cayeron casi $1.000 millones el mes pasado (y otros $300 millones en la primera semana de abril) y su saldo actualmente es menor que el de las reservas bancarias privadas en el Central. Cuando se publique el boletín de deuda pública con información hasta marzo, sabremos cuánto financiamiento interno y externo necesitó el Gobierno para mantener su discurso de recuperación económica hasta la segunda vuelta (y si la deuda con el Banco Central, que las autoridades económicas ofrecieron repetidas veces ir pagando, ahora está en papeles de largo plazo). Ese discurso hubiera sido mucho más difícil de sostener si hubieran estado disponibles los datos que recién ahora conocemos.

Las dudas que el proceso electoral, particularmente el “apagón informático” que ocurrió en la tarde del 2 de abril, ha generado en una buena parte de la población tienen su contraparte en este “apagón económico”, es decir, en la decisión del Gobierno de no mostrar cuando debía cifras que podían poner en apuros a su candidato. De hecho, a él también optaron por no mostrarlo demasiado.