¿Asociados por la corrupción?

Volver a escribir sobre la corrupción tiene una alta dosis de aburrimiento. Pero he mirado atónito la comparecencia del Vicepresidente Glas a la Asamblea Nacional. Así es como se falsifican las instituciones. No por la teatralidad, que finalmente es un componente de la política. Por el cinismo, que se pretende convertir en forma de rendición de cuentas. Basta con una década. Ahora se quiere perennizarlo. Y tratarnos a todos los ecuatorianos como tontos.

La corrupción es un fenómeno recurrente. Cambian las dimensiones y la complejidad. Pero soportarla y ampararla con procedimientos como los de hoy en la Asamblea Nacional nos ratifica como altamente capaces de marchar solo en un mismo terreno. Incapaces de otra agenda pública. Pero los temas los pone la realidad. Y la política es reconocer cada vez, otra vez, a la realidad. A las realidades.

Un empresario de la generación Odebrecht declaró hace unos días, repitió en realidad, que la corrupción está inscrita en la naturaleza humana, que donde haya negocios habrá corrupción, que otras empresas siguen utilizando a la corrupción como carta de competitividad, siendo que ellos (los arrepentidos) han perdido este instrumento de competitividad. Obviamente transcribo el sentido.

Inscribir a la corrupción en la naturaleza humana es tremendamente duro. Es casi religioso. Estaría asociada al pecado, genérico que habría dado lugar a la forma humana según el cristianismo. La limitación humana se traduciría en una vocación pecaminosa. Como conclusión de un falso silogismo, solo le faltó invocar de la vocación corrupta de los humanos.

¡Celebro mucho no ser un mal empresario y peor aún un pésimo sacerdote! Por ello trataré de utilizar otros caminos para examinar este fenómeno que siendo humano, es decir que surge de relaciones sociales, es moral, jurídico, administrativo, político, entre otras variables.

Hace décadas, durante la administración de Sixto Durán Ballén, un grupo de profesionales independientes, de clase media, vinculados profesionalmente por la contabilidad, me invitó a escribir en un libro sobre la corrupción en el Ecuador. El tema se había puesto de moda. Los economistas hacían cálculos sobre las dimensiones de la corrupción en la economía. Hacían correlaciones, muchas veces sencillas entre gasto público y corrupción, otros más tradicionales desenterraban las asociaciones entre dimensiones del Estado y corrupción, siendo que a Estado más grande correspondería mayor corrupción (desde una de sus dimensiones una verdad de Perogrullo), varios indagaron la corrupción en el sector privado descubriendo la obviedad de la procreación (los corruptores) y finalmente apareció una legión de ingenuos, cuyos análisis hicieron daño a la sociedad, al sistema político y a la justicia. Hicieron daño porque redujeron la corrupción a la política y a los partidos. Y así dañaron a su movimiento social en nacimiento empujándolo hacia los brazos de los operadores de las crisis. Y entregaron la política al paredón de los populistas entre otras justificaciones como sinónimo de corrupción.

Una preocupación de un poco, quizás demasiado, de largo aliento fue preguntarme acerca de las asociaciones existentes entre relaciones sociales y corrupción. Venía de lecturas sobre la situación de la violencia colombiana, en que insignes investigadores se preguntaban si la violencia era consustancial a las relaciones sociales en esa nación. Antes había trabajado con la idea de resolución de la cuestión nacional en Ecuador y la aparición de una vía revolucionaria violenta o más bien que en Ecuador terminamos los conflictos que pueden tener un surgimiento asociado con la violencia en “revoluciones pasivas”, es decir de acuerdos entre las partes cuya negociación deja irresueltas a las agendas. Por ello consideré lícito preguntarme si podría haber vinculación entre la forma de nuestras relaciones sociales y la corrupción y, a su vez, interrogarme sobre las bases sociales de la corrupción y las situaciones sociales para la corrupción.

Las preguntas siguen allí. A la distancia se puede decir que la corrupción no está asociada a una sola variable ni actor. Las relaciones más formales tienen dimensiones y estrategias complejas de corrupción (que lo diga Odebrecht) comparables pero distintas de las informales, que basadas en aceptar y repetir la transgresión, asumen a la corrupción como una variable adicional. También la corrupción, diferente pero en el fondo la misma, aparece en situaciones de auge –por la disponibilidad de excedente- como de declinación económica –por la escasez de excedente y su disputa-.

Me pregunto por algunas situaciones que pueden asociarse con la corrupción hoy en Ecuador. Obviamente me pregunto o formulo hipótesis sobre aquellas que ahora pueden verse. Pero, supongo, que hay mucho más atrás.

Escuchaba al vicepresidente que respondía a las acusaciones sobre corrupción y respondía con las obras de la revolución ciudadana. Las carreteras y las hidroeléctricas por sobre las nimiedades de los procedimientos transparentes. La revolución ciudadana, fiel a sus antecedentes jurásicos, se asentaría en viejos principios de la moral revolucionaria del socialismo real. Esto es, frente a las necesidades de un proceso revolucionario como el Ecuador en esta década, cualquier medida o acción que afiance ese proceso sería válida, moralmente justa y éticamente aceptable. Así, la realización de una obra social o el financiamiento de una campaña de quienes tienen la razón histórica serían legítimas aunque no fueren legales. Recordemos la distinción tan meticulosamente esgrimida por el presidente Correa en varias oportunidades, que sirve para justificar cualquier cosa.

También pudo ser el caso que, bajo el marco anterior, gastar excesivamente o ilegalmente para conseguir que se hagan obras cuyo resultado político sea la permanencia de la revolución sería moralmente aceptable. De hecho, el despilfarro –forma de corrupción frecuente en la década– fue una práctica que se justificaba en la desigualdad social y la necesidad de resolver urgentemente la inequidad. Se simplificaron procedimientos para poder gastar y ganar elecciones con objetivos inscritos en la revolución ciudadana. Los límites jurídicos se flexibilizaron y las formas de control institucional del gasto se debilitaron, esto al margen de la misma propiedad con que pudo haberse ejercido la contraloría de fondos públicos. Muchas veces la legalidad formal o la certeza técnica quedaron suspendidas en el limbo de su comprensión de la estrategia del ensayo acierto/error. También la apropiación personal de recursos, si finalmente derivaba en acciones revolucionarias.

La pobreza justifica muchas cosas, por ejemplo, oculta muy bien a las malas y anti–técnicas estrategias para tratarla. Pero fundamentalmente justifica a la transgresión a las instituciones. Si se trata de hacer el bien a los pobres, la corrupción se justificaría, sea por la vía del despilfarro, de la acumulación política o del abierto pago de sobreprecios. A su vez, los mecanismos de control social deben subordinarse, en este caso preferentemente, a la visión del Estado, que según la visión revolucionaria como la más ortodoxamente liberal, sería la representación del bien común.

Nuestro caso, el Ecuador de hoy, la corrupción está asociada a la concentración del poder. Pero vamos al inicio de la situación actual. La corrupción era una bola corrida con temor por la amenaza de represalias jurídicas y sanciones políticas. La imagen de perfección suma que transmitió el poder en la última década no dejaba resquicios. La ecuatoriana como la corrupción mundial ha sido sumamente meticulosa e ingeniosa para que se pierdan los rastros. Solo pudo emerger como un acontecimiento ocasional, una casualidad. Pero esa misma característica, una vez abierta la caja, puede llevar a que se revele la red de corrupción, a que las delaciones surjan y a que las consecuencias tengan rutas y límites impensados.

Por ello es que hay una caja de contención visible, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que además de robarle la soberanía al pueblo debería haber servido como instancia de lucha contra la corrupción. Pero fue el dique de contención del conocimiento público contra la corrupción. La sociedad reaccionó y recuperó prácticas exitosas y creó la Comisión Anticorrupción, de carácter cívico, conformada por notables, que ha sido asechada por el poder que instrumenta a la justicia para ello. Pero ha sobrevivido. Con valor. Pero no reconocido por el régimen, que ha montado otra comisión mixta, presidida y conformada por las partes a las que examinará y decorada por algunos miembros de la sociedad proclives al gobierno.

Los corruptos obviamente saben cómo operan las redes de corrupción. También quienes las amparan o son sus beneficiarios indirectos. Mientras los cerrojos están bajo su control todo es impenetrable. Pero una vez abierto un eslabón es probable que muchos otros se sumen. Para ello se requiere de control social y especialidades múltiples que den racionalidad a la investigación.

Naciones Unidas ha ofrecido cooperación eficaz en otros países. Ecuador puede seguir esa ruta con varias condiciones. La formulación de la demanda de cooperación debe estar abierta a un acuerdo general de la nación. El Estado debe asumir su representación sustentado en un acuerdo. En caso contrario la demanda comprendida solo como asesoría para formular políticas públicas nominales puede convertirse en un engaño de poca monta. Y es de esperar que Naciones Unidas no pueda prestarse a aquello. No sólo porque conoce de la actual situación de Ecuador y de todos los países afectados por la ola de corrupción. Y, conociendo, su obligación es actuar para que no se perpetre un engaño. Naciones Unidas no solo debe sujetarse a la demanda del país sino a su obligación central que consiste en velar por la aplicación de todos los tratados internacionales en los países signatarios.

Luis Verdesoto es académico