El artilugio correísta para tapar la corrupción

El examen de la Contraloría a un contrato entre el Estudio Jurídico Vizueta & Asociados y Petroecuador, celebrado entre 2013 y 2016, contribuye a poner de manifiesto el mecanismo usado por el correísmo para perseguir a aquellos que investigaron negociados y actos de corrupción.

Marco Calvopiña, como Gerente General de Petroecuador, hizo un contrato con ese estudio jurídico para enjuiciar penalmente, en 2013, a Fernando Villavicencio por las denuncias contenidas en Ecuador Made in China. El mecanismo de persecución era institucional e incluía estos ingredientes.

1. Judicializar la investigación periodística: en este caso alegaron conmoción social, atentado a la honra de las autoridades y daños financieros contra las empresas públicas. En la demanda contra Villavicencio se lee que su libro causó “conmoción y alarma social, económica y financiera, tanto en los aspectos políticos, administrativos y más que nada en el plano de comercio del principal producto de producción y exportación del país (…)”.
   ¿Cómo lo hizo? “(…) endilgando el cometimiento de delitos tanto a funcionarios, como autoridades máximas del gobierno, hechos absolutamente falsos (…). El libro “produce de manera inmediata un estado de alarma social que conmociona y genera una zozobra en la opinión pública y en la mayoría de casos tildados y calificados por el autor como supuestos actos de corrupción descubiertos, incluso en contra de los primeros mandatarios del Gobierno Nacional (…).
   Se desprende que, producto de la distorsión, Villavicencio buscó “alterar el equilibrio económico y financiero de mi representada a nivel nacional e internacional, poniendo en grave riesgo aquellas negociaciones a las cuales está sometida EP PETROECUADOR y lo que es más divulgando actos irreales de los Primeros Mandatarios del País, afectando la credibilidad , responsabilidad y honorabilidad de los mismos”.
2. Como Fuente Ovejuna, todos a una: en cualquier empresa, los funcionarios denunciados son investigados. En Petroecuador los acusados estuvieron entre los más activos para apoyar la demanda contra Villavicencio. La Gerencia de Comercio Internacional sostuvo que hubo uso doloso de documentos no autorizados para ser publicados y falsedad de instrumentos privados. La alta cúpula quiso tapar el escándalo muy posiblemente con apoyo en el Ejecutivo. En todo caso, un correo de Jorge Glas, que circuló, dirigido a toda los altos mandos de Petroecuador y a algunos funcionarios del Estado, muestra que, lejos de ordenar una investigación, cerró filas con los denunciados. “Hay que emprender acciones legales contra este tipo de inmediato”, se lee en el correo de Glas. Ese mail aparentemente no alude al libro, sino a un video. Pero el autor es el mismo, el tema (“habla de atraco y corrupción petrolera”) es el mismo y la época coincide plenamente. En Petroecuador ya se sabía lo que había que hacer con las denuncias de Villavicencio.
3. Usar el erario público para protegerse: los abogados de Vizueta & Asociados pidieron, en un inicio, 580 000 dólares por sus honorarios. Petroecuador tiene una Gerencia de Asuntos Jurídicos. No obstante, por recomendación oficial (Villavicencio acusó a Alexis Mera de haber intervenido), se contrató ese estudio externo de abogados.
   La Contraloría señala que el Gerente de Asuntos Jurídicos de la empresa, que debió haber fundamentado los motivos invocados para demandar a Villavicencio, no lo hizo. Se refugió tras piruetas semánticas “se puede colegir que presuntamente se ha distorsionado la realidad…”; “Alterando situaciones y circunstancias probablemente basándose en documentos diminutos o de otra índole…”, pero, finalmente, apoyó esa contratación. La Contraloría anota que pidió “negociar a la baja ” el monto que, finalmente, fue fijado en 200 000 dólares.
4. Desconocer la ley y tener abogados a sueldo: La Contraloría descubrió que Vizueta & Asociados había trabajado “en la preparación legal y procesal por los actos contenidos en la obra” de Villavicencio, sin contrato alguno. Ese servicio de asesoramiento fue ilegal. El Gerente de Petroecuador “no observó las leyes que rigen la administración pública”. No solo eso: ese mismo Gerente presentó la denuncia en la Fiscalía, el 5 de diciembre de 2013, patrocinado por Vizueta & Asociados “sin que previamente se haya contratado los servicios profesionales del citado Estudio”. Hasta el 25 de marzo de 2014, el gerente de Asuntos jurídicos dispuso la contratación de ese estudio jurídico. Pero “sin que se evidencie un proceso de selectividad (…)” inobservando de nuevo la ley. Es decir, Vizueta & Asociados se hizo cargo del caso sin contrato y, luego, ese contrato le fue otorgado a dedo.
5. Inventarse delitos: este caso estuvo tan mal planteado, los delitos atribuidos a Villavicencio eran tan absurdos, que la fiscal, Cecilia Garzón Cadena, de la Unidad Especializada de Delitos contra la Fe pública, lo desestimó.
   Vea el texto de la Fiscal enviado al Juez de Garantías penales de Pichincha.
   No encontró, como se denunciaba, que Villavicencio cometió el delito de uso doloso de documento falso de carácter público. Ella escribe: (…) si bien es cierto, sus críticas y opiniones, tomaron como base convenios, contratos y más documentación, perteneciente a PETROECUADOR, como empresa pública, no por eso, su obra puede considerarse un documento público, peor aún falso (…).
   No encontró que “por la publicación de esta obra, uno de estos contratos no haya llegado a su consumación, o que una de las empresas contratadas haya dejado insubsistente dicho contrato, o que las empresas internacionales hayan dejado de realizar negociaciones comerciales con PETROECUADOR, o con el país (…).
   No encontró “que se ha divulgado actos irreales de los primeros mandatarios del país, afectando la credibilidad, responsabilidad y honorabilidad de los mismos (…).
   (…) De los hechos relatados a la fecha de los hechos –dijo la Fiscal– podría haber existido otro tipo penal, como es un presunto delito de acción privada, calumnias, más no en un delito de acción pública”. Por eso solicitó la desestimación de los hechos y el archivo de la denuncia. Vizueta & Asociados no pudo cobrar sino $60 000 dólares.

Así, una Fiscal en su momento y, ahora, la Contraloría mostraron cómo Petroecuador pretendió tapar su propia podredumbre. No solo eso: quiso meter preso al periodista que, con sus documentos oficiales, entregados a Cléver Jiménez cuando era asambleísta, destapó la corrupción que  ahora Jorge Glas dice haber descubierto…