Descorreizar la estructura del Estado, pasa por romper las redes corruptas que armaron los miembros de la nomenklatura para mantener control, influencia y réditos. En un área sensible, en términos de la vigencia de los derechos fundamentales, es crucial que se exterminen las condiciones de chantaje que sintieron los medios privados de radio y televisión en el oscuro concurso de asignación de frecuencias que fue suspendido, por resultado de una sólida presión de opinión pública y por expresa demanda de los candidatos finalistas de la primera vuelta electoral.
En la administración de telecomunicaciones, el correísmo encontró una forma mayor de chantaje. Allí estuvo el tío de Glas, como intendente y allí hicieron nido los Alvarado. Porque no solamente sirvió para presionar a los medios, sino porque controlar los conductos por los que los medios hacen eficiente el derecho de comunicación es también, visto con ojos corruptos, origen de enriquecimiento.
Doce días antes de que termine el gobierno de Correa, nombraron director ejecutivo de Arcotel a alguien sin experiencia en el sector, cuyo mérito fue haber trabajado junto a Fernando Alvarado en el ministerio de Turismo. También designaron a un primo y abogado personal de Jorge Yunda, como asesor jurídico.
El 9 de agosto de 2017, el Directorio de Arcotel, cambió al director ejecutivo, quien según se dice, era parte de las redes de control de los operadores del correísmo y han designado, se dice, a un funcionario técnico.
Igualmente, se sabe, que el objetivo sería el reiniciar el concurso de asignación de frecuencias.
La renovación de frecuencias debería ser automática. Sin más requisito que demostrar el pago de regalías al Estado por el uso del espectro radioeléctrico, como una decisión técnica y no política. En el pasado muchos favores políticos fueron pagados con la entrega de frecuencias. Pero, en los diez años de correísmo, la habilitación para usar una frecuencia, fue usada, además, como un arma de chantaje para la sumisión.
El carácter autoritario y represivo del gobierno de Correa, sumado a la necesidad de ocultamiento e impunidad, condujo a la persecución y acallamiento de los medios privados. La arremetida política de cada semana, la prohibición a los funcionarios públicos de comparecer a entrevistas, la clandestinidad de los negocios e información públicos, las demandas contra medios de comunicación exitosas por el control político de jueces, fueron acciones a las que se acompañó con la Ley Mordaz. También estuvo el trabajo del rastrero superintendente Ochoa, la amenaza de retiro de frecuencia a periodistas críticos de Correa y la poca certidumbre de canales de renovación de sus frecuencias.
Fundamedios publicó una extensa investigación sobre la acumulación de frecuencias en favor del ahora asambleísta de Alianza País, Jorge Yunda, quién intenta conseguir 35 frecuencias. E igualmente del mexicano Ángel González, quien persigue la asignación de 104 frecuencias de radio y televisión. Dentro del concurso, se había amenazado el retiro de la frecuencia de radio a Gonzalo Rosero y Diego Oquendo, entre otros.
Los cambios de personas en las entidades ayudan. Pero es fundamental que cambie la ética de la gestión. En la asignación de frecuencia no está en juego únicamente que algunos empresarios de medios puedan explotarlos económicamente. Se juega un valor fundamental en democracia que es la libertad y la independencia de los medios de comunicación, a través de los que es eficiente la libertad de prensa, de opinión y comunicación. Acabar con las ataduras a los medios pasa por eliminar la Ley de Comunicación y extinguir la comisaria de la información, que fue tan eficiente en el correísmo para expoliar periodistas y atender las miserables venganzas del poder. Pero también pasa porque en la asignación de frecuencias no exista intento de chantaje o ajuste de cuentas políticas que enerven la vigencia plena de las libertades fundamentales.
El presidente Moreno, el ministro de Telecomunicaciones, las nuevas autoridades de Arcotel, deben responder a la expectativa de tener un concurso transparente, legal y, sobre todo, ético y democrático.
Usted Sr. podría respondernos con propiedad a quienes participamos en esté concurso por un medio comunitario, que pasaría con nuestra inversión y el tiempo invertido en el concurso?, no creo que su criterio pueda limitarse en defender frecuencias de radios políticas y claramente opositoras al ex gobierno.
Que culpa tenemos los medios comunitarios de sus posturas políticas?
La politiqueria del siglo xxi continuara mientras esten enquistados en el gobierno los coruptos mentalizadores de la manipulacion politica del fenestrado reyecito de la decagada. Nunca lograremos un desarrollo transparente de la administracion publica, mientras no cambien su mentalidad llena de complejos de inferioridad, llena de frustraciones, llena de resentimientos, que lo unico que buscan es lograr sus mas deprabadas ambiciones dadas las circunstancia y momentos de poder.