Hoy el elemento de nuestro diseño constitucional más lesivo a la vigencia de un verdadero Estado de Derecho es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esta institución, prevista por la Constitución de Montecristi, se convirtió en el eje articulador del control que ejerce la Presidencia de la República sobre toda la estructura estatal. Es crucial iniciar un amplio debate que nos permita superar dicho esquema. Sin embargo, comprender la trascendencia de este organismo, así como la urgencia de eliminarlo, no es tarea simple para aquellos que no están inmersos en el tema. En consecuencia, creo apropiado esclarecer 4 puntos básicos para comenzar la deliberación:
1. ¿Por qué resulta tan trascedente el CPCCS?
El CPCCS es el organismo responsable de designar a los titulares de los principales organismos de control y regulación del Estado: Contraloría, Procuraduría, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, Superintendencias, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral.
2. ¿Por qué se lo creó, con qué pretexto?
El Consejo fue creado, por la Constitución de 2008, bajo el objetivo teórico de “despolitizar” el nombramiento de los principales órganos institucionales, jurisdiccionales y de control. Se buscó, de acuerdo al discurso oficialista, alejar el proceso de nombramiento de los titulares de tales entes, de las negociaciones partidistas que se dan comúnmente cuando su designación depende de votaciones parlamentarias de listas propuestas por el ejecutivo. Esto se lograría, supuestamente, mediante procedimientos técnicos y transparentes como concursos de méritos y oposiciones abiertas. No obstante, en la práctica, no se logró dicho objetivo, sino todo lo contrario. Dichos procedimientos alejaron los trámites de designación del debate público, tornándolos opacos, complejos y manipulables.
3. ¿Quién controla al Consejo de Participación?
Del análisis del perfil de la mayoría de los vocales del Pleno del Consejo, órgano rector del mismo, vemos claramente que todos tienen vinculación con Rafael Correa y con Alianza País. En la mayoría de los casos esta vinculación es muy cercana y obvia. Como ejemplos vívidos, tenemos los siguientes casos: Yolanda Raquel Gonzales fue miembro de la Directiva Provincial del Guayas de Alianza País y hoy es Presidenta del CPCCS. Edwin Leonardo Jarrín Jarrín fue Subsecretario General de Despacho Presidencial (2013). Doris Lucía Gallardo Cevallos fue secretaria particular de la Presidencia en el 2008. Tito Fernando Astudillo Sarmiento fue Director General de Gestión Estratégica en el Ministerio de Inclusión Social (2013) y trabajó con Doris Solíz en el 2012. Xavier Burbano Espinoza trabajó en la Secretaría Nacional de Gestión de Pueblos (2014) y fue Intendente de Policía del Guayas (2012) cuando Viviana Bonilla era Gobernadora. Tania Elizabeth Pauker fue asesora de despacho en la Vicepresidencia de la República (2014). Juan Antonio Peña Aguirre fue asesor de la Secretaría General de la Presidencia de la República y Subsecretario de Seguimiento e Información de la Secretaría General de la Presidencia (2014).
4. ¿Qué podemos hacer para remediar esta situación?
La cuestión es compleja porque el CPCCS existe por expresa disposición de la Constitución de 2008, la que expresamente señala la forma y plazo de designación de sus vocales (arts. 207-210, CRE). Es decir, cualquier cambio de fondo implica pasar una reforma constitucional.
Apreciado Aparicio: Gracias por abrir este debate y exponernos las razones por las cuáles debe eliminarse el CPCCS. El problema no está en la Medicina, si no en la forma como esta se la administra. Cuando releo lo que Ud. expone de como fue concebida esa disposición y por ende como fué creado este ente de la administración pública, creo que Ud. mismo era un enamorado de la proposición. Creo también que esta se ideó para evitar que sea el Presidente de la República quién nombre “a dedo” quiénes debían acompañarlo en la gestión asignada, o que éstas sean el resultado del concubinato partidista y parlamentario. Así era en época no muy lejana y Ud., si es honesto me concederá la razón.
Por consiguiente, si el problema no es la Medicina, sino su aplicación o administración, corrijamos esto. Cómo?
Permítame conciudadano, usar su nombre como ejemplo:
El Presidente, le pide a Ud. que sea el Director de las Aduanas en el Ecuador!
Cuál es su respuesta? Supongamos que acepta el cargo, y ahora Ud. debe por Ley nombrar 100 subalternos, tiene Ud. 100 amigos confiables? (a lo sumo puede quemarse las manos por los 3 pelagatos mas, su Sra. Madre, y unos 5 amigos mas) Cómo nombra a los restantes? Puede confiar que sus compañeros de promoción en el Kinder, en la Primaria, en la Secundaria y en la Universidad, son personas Integras, honestas, transparentes, no dadas al “lleve o robo” , que no acepten sobornos, que no sean amigos de los regalos y comisiones por contratos o que les fascine el trabajar con sus familiares?)
De qué manera el Sr. Presidente puede sentirse seguro de que Aparicio Caicedo no es un corrupto aprovechado, un ladronazo de cuello blanco, que en menos de 6 meses ya compró un apartamento de Lujo en Miami, y dos mas en los mejores sectores de Guayaquil y Quito? Es Aparicio Caicedo INTEGRO, HONESTO,TRANSPARENTE, en todo el Real significado de estas tamañas palabras?
Aquí en el Ecuador, lo que realmente hace falta es una VERDADERA LEY ANTICORRUPCION, que penalice al Juez, al Ministro, al Presidente, al Vicepresidente a los Diputados a cualesquier funcionario público, sobre el que se cierna sospecha de Enrequicimiento Ilicito, Tráfico de Influencias, sobornos, etc. etc.
Sabe cómo se logra esto? Se le otorga “dientes” a la oficina de Fiscalización del Estado para que todos los funcionarios públicos, de todos los niveles, sean auditados cada seis meses, si se encuentran excesivos ingresos a su nombre, relativos hasta tercera generación o grado de consanguinidad, se lo glosa y se suspende inmediatamente al funcionario. Se autoriza a la Oficina Fiscalizadora para la divulgación pública inmediata del informe. Luego se lo enjuicia penalmente o lo que sea, hasta que sea enviado a la cárcel. El monto del robo empieza por .01 centavo de dólar.
Los fiscalizadores, no quedan excentos de escrutinio fiscal, pues ellos son examinados por los Auditores del Estado o de la Empresa Privada.
Yo leaseguro Sr. Caicedo, que cuando esto ocurra Ud., yo, y todos los ecuatorianos podremos dormir en Paz y soñar con los Angelitos! El problema como se lo dije anteriormente, no esta en la Medicina para sanar al enfermo, sino en los aplicantes y distorciones en la aplicación.
Entiendo que mi proposición de Ley no es perfecta, pero aspiro a que capte la Idea.
Si como Ud. plantea, eliminar el CPCCS, nos tocaría volver al método del dedo y los embrollos parlamentarios.
Una crítica con todo respeto a su proposición: Reformar la Constitución, eso es elemental, la pregunta es: Dónde está la solución de fondo? Porque el problema real es CORRUPCION.
Cordialmente,
Plinio Rada
CI0905844…
señores 4 pelagatos.- mis felicitaciones por sus excelentes articulos, las leo muy a menudo, en verdad si queremos poner FIN a los actos corruptos en esta republica lanzada al abandono, no solo tenemos que referirnos a los cambios de nombres o supresion de instituciones, de esos elefantes blancos, sino debemos PARTIR más bien, es EDUCANDO A ESA NIÑEZ Y JUVENTUD, y REFORMANDO LAS NORMAS LEGALES, con PENAS DRASTICAS E INCAUTACION DE TODOS LOS BIENES A LOS FAMILIARES HASTA CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD…PRIMEROS TESTAFERROS DE LOS CORRUPTOS…Y CADENA PERPETUA sólo asi se podrá soñar en un CAMBIO para esta REPUBLICA LLENA DE VIVISIMOS…
Muy buen análisis, Aparicio. Este organismo fué pensado desde su creación para que sea un brazo ejecutor del correato para en lo futuro, cubrir todas las inmundicias que se han visto y seguiremos viendo.
Sólo leer el curriculum de sus integrantes nos hace ver la “verticalidad, imparcialidad “y la sumisión que tenían que demostrar ante el Honoris Causa.
Se debe volver al Estado clásico de los tres poderes: legislativo, judicial y ejecutivo. Todo el resto de novelerias debe ser eliminado. La simplicidad ayuda a la transparencia, las imaginaciones ideológicas que pronto se transforman en mañoserias como este famoso Consejo de Participación Ciudadana que definitivamente no sirve sino para aumentar la burocracia estatal con el añadido indeseable de la corrupción. Lo ideal es la Asamblea Constituyente. Necesitamos abogados con especialidad en derecho y no abogados con especialidad en políticas de partidos. Lamentablemente estos últimos son los que abundan como kikuyos.
El CPCCS, un órgano aprobado por el pueblo, engañado, hecha la ley hecha la trampa. Un órgano maquinado para fortalecer el estado dictatorial, A DEDO, inmoral, donde se desenvuelven súbditos, vasallos, atemorizados, castrados, doblegados por verdugos…conor reglas a la orden, a la carta del totalitario energúmeno de turno, que se valió de discursos falaces: representatividad, participativa, igualdad, redistribución de la riqueza, estabilidad, gobernabilidad, fin manipular con excesos, abusos violaciones, extorsiones, impunidades…soslayar la verdad y justicia.
URGE, la consulta popular, sino seguirá “el tongo”, los temas ya los conocemos, donde se hizo mal, hubo corrupción, o vamos por más? con los revolucionarios de AP, ya no hay por donde más sacar sangre al cangrejo.
Voy a comenzar mi comentario con una anécdota cuendo era asesor legal del Rector de la ESPOL. La máxima autoridad de dicho centro de estudios muy entusiasmado me invita a una reunión con un grupo de inversionistas entranjeros con el propóssito de formar un consorcio y presentar una propuesta al ejecutivo relacionada con la administración de unos de los puertos Marítimos que hay en el País. Instalada la reunión, el asesor jurídico del grupo financiero directamente se dirigió hacia mi y sin preámbulo me hizo dos preguntas: La primera: Como es el pago del tributo en este País para una inversión extrajera; y, la segunda: Como está la relación laboral bajo la mirada del Código de Trabajo.
Tres preguntas clásicas que todo inversionista investiga antes de invertir su dinero en cualquier parte del mundo y en especial en el Ecuador, dada a la calificación de país de alto riesgo, las dos primeras ya las identifiqué, la tercera es la seguridad jurídica,
Toco este tema, ya que se acaba de vencer los ” 100 días de espera, estudio o planificación” que se le otorga a un nuevo gobierno. El señor Presidente, Lcdo Lenín Moreno, ha tenido una variedad de diálogos, en el mes de septiembre del año en vigencia obligatoriamente tiene que presentar el presupuesto económico del año 2017 y que proyecciones tiene para nuestra crisís económica, social, política, etc..
Es hora que el primer funcionario público de Ecuador, tome una decisión referente a estos puntos que voy a identificar:
1.- Que va hacer con los tributos que se cobra como declaratoria del impuesto a la renta anticipada, el pago por la salida del dinero , con la Ley de la Plusvalía que tiene paralizado al sector de la construcción y que es aquí donde más se genera empleo. Los ecuatorianos y extranjeros alguna vez se han puesto a pensar de USD. 100,oo ganados al año, cuanto se nos lleva el Estado, me atrevo a decir que es mas del 35 %.;
2.- Se requiere una flexibilidad en el Código de Trabajo, no es posible que nos encontremos con una norma jurídica que el 95 % esta a favor del trabajador y para el que crea la fuente de trabajo y genera empleo el 5 %;
3.- La seguridad jurídica, algo que en estos últimos 10 años se agravó, no es posible que el Presidente del Consejo de la Judicatura, bajo el amparo del ” Error inexcusable” se sancione a un juez y en algunos casos hasta penalmente, no se puede ocultar algo que ha venido sucediendo, solamente basta revisar las noticias de la gran cantidad de fallos que favorecen a personas naturales o jurídicas vinculadas con el gobierno. No olvidar la famosa orden a los administradores de la justicia, que no pueden dictar fallos en contra del sector público. El gran porcentaje de los jueces en funciones pese a que se llamó a concurso fueron elegidos a “dedo”, solamente se requería una vinculación con un alto político de la Revolución Ciudadana, el concursante que no tenía este respaldo y pese haber obtenido excelentes calificaciones a la hora de la entrevista psicológica la misma que se realizaba en una habitación de un hotel con un profesional con el propósito de hacerle una evaluación al concursante, la misma que se la filmaba La trampa está que el informe que pasaba el entrevistador, su resultado es inapelable.
Porqué los inversionistas preguntan si se aplica el arbitraje, por la sencilla razón que la administración de justicia sigue lenta e ineficaz, pese a la vigencia del COGEP.
Muy buena su exposición Sr. Bayona, pero concretamente que opina sobre el tema de discusión, esto es la Eliminación del CPCCS. Estaré pendiente de su valiosa aportación.
De acuerdo con el titulo y articulo. El concepto de Estado, menciona será representativa, participativa…bonito hasta ahi, pregonaban y bailaban para engatusar a un pueblo ignorante y muchos necesitados de un líder energúmeno que los represente, alze la voz, aunque sea barrabasadas, engañosas y hacer venias vasallas, y cánticos propagandisticos, sloganes de equidad, repartición del ingreso…nones, la corrupción se organizó, subordinó a un sólo partido y se institucionalizó la metida de mano inmoral, amañando leyes, reglamentos, decretos, violando preceptos…sin representatividad popular la premisa es corrupción, falta de control, abusos, excesos, irresponsabilidades…en otras palabras una gobernabilidad totalitaria con políticas delincuenciales. Eso que vivimos, no fue revolución, fue un estado inmoral, reinado por latrocinios miserables, que superaron en historia el cinismo.
Reformas y consulta popular, para cortar por lo sano, lo justo y correcto para bienestar y superar lo mal hecho.
NO DEBERÍA LLAMARSE CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEBERÍA LLAMARSE PROSTITUTA, DE AHÍ SURGE EL ATRACO DE LA MAFIA CORREISTA.
Un organismo que está viciado. Este organismo solo ha cumplido las ordenes que le han dado los jefes para la designación de las autoridades. En varias ocasiones han habido denuncias y apelaciones de personas que han participado en los concursos para ejercer las dignidades.