La consulta es la peor noticia para los correístas

En tuits y en sus enlaces, Lenín Moreno había anunciado su decisión de ir a una consulta. Faltaban las preguntas y la fecha. Tras su anuncio, hecho esta noche (18 de septiembre) durante su intervención semanal, el Presidente dijo que el lunes 2 de octubre presentará las preguntas. En 14 días arranca oficialmente este proceso en el cual intervendrán la Corte Constitucional, que debe dar en máximo 30 días un dictamen previo sobre la constitucionalidad de las preguntas, y el Consejo Nacional Electoral. Éste, según la Constitución, tiene que convocar en un lapso máximo de 15 días la consulta que deberá efectuarse en los siguientes 60 días. Con este calendario, es prácticamente imposible que se lleve a cabo a finales de noviembre. Y si no es así, el gobierno preferiría que se convoque para la primera semana de febrero.
Moreno invitó a los interesados a enviar las preguntas a su despacho hasta el 26 de este mes. En ese tema no ha avanzado más allá de las pistas que dio el 11 de septiembre cuando habló de cuatro ejes; todos políticos. Al parecer las preguntas serán cuatro.

Aunque se sabía que Moreno quería consultar a los ciudadanos, la decisión anunciada cambia el panorama político. Para Rafael Correa y los suyos esta es una mala noticia. Los correístas saben que la nueva etapa política que se abre en el país les es desfavorable. Todas las cámaras los enfocarán en un momento en que los escándalos de corrupción, la mano metida en la justicia y las realidades de su gestión (Refinería de Esmeraldas, Yachay…) liquidan su retórica y desaconsejan que puedan eternizarse en el poder. Es un mal momento para que Correa y sus seguidores hagan campaña a favor de la reelección indefinida y las farsas montadas por el Consejo de Participación Ciudadana para elegir autoridades de control.

Esto, de por sí, no asegura el triunfo amplio que necesita Moreno. Pero para él ir a la consulta no era una opción. Desde el 24 de Mayo, ha podido comprobar, esta vez desde Carondelet, que la mayoría de Alianza País en la Asamblea, la Fiscalía, la Contraloría, el Defensor del Pueblo, las Cortes, el CNE, la Procuraduría, las Superintendencias… obedecían a Rafael Correa. Si se agrega el plan de gobierno que le entregaron, la actitud del partido oficialista, de los cuadros políticos, de los medios incautados (al inicio del gobierno) y de buena parte de los miembros de su gabinete… se entenderá lo que Correa quiso decir cuando habló de dejar la mesa servida, y se podrá evaluar el dilema que tuvo Moreno ante sí: someterse a esa tenaza múltiple o tratar de librarse de ella. Sin mayoría política, sin partido, sin relevos institucionales… su única salida era recurrir a los electores. Usar ese mecanismo para tratar de virar una realidad política que le es, en todos los factores de poder, totalmente adversa. Y esto solo lo puede cambiar si los electores deciden cerrar el capítulo del correísmo con Correa como protagonista y actor principal.

Los correístas podrán hablar de consulta con dedicatoria. Y sí, así está planteada. Se trata de poner fin al modelo autoritario que durante diez años amarró todas las instituciones de tal manera que –si no se para su dinámica– el futuro del país podría depender de la voluntad de un individuo que ya estuvo una década en el poder y que aspira a volver. En este sentido, la consulta se convierte en la herramienta para devolver los derechos democráticos a los ciudadanos que fueron conculcados cuando los asambleístas correístas aprobaron –en un paquete de enmiendas en el cual hubo reformas constitucionales– la reelección indefinida que sepulta un derecho democrático fundamental: la alternabilidad en el poder.

Nada está ganado aún para Moreno. Pero su decisión delata el drama institucional en el cual el correísmo encerró al país al haber prácticamente bloqueado las posibilidades de salir de su sistema. La consulta es sinónimo de jugar el futuro del país al carisellazo. Para Moreno conlleva, en el mejor de los casos, la posibilidad de poder gobernar con factores de poder menos adversos. Y para Correa, en el peor de los casos, la posibilidad de ser políticamente enterrado en vida.