¿Moreno seguirá con el gatopardismo tras la consulta?

3 de diciembre de 2015, Asamblea Nacional. Durante el segundo debate sobre las enmiendas constitucionales, una apasionada defensora del correísmo decía esto en su intervención: “Las enmiendas son para este pueblo que no quiere volver al pasado, que es grato con la Revolución Ciudadana, con un Correa transformador, que sabe la necesidad de mantener este proceso para que en el Ecuador se sigan enraizando las bases y los cimientos para la justicia social. (…) ¿Hasta cuándo Correa, hasta cuándo la revolución ciudadana, más allá de los rostros o de los nombres? ¿Hasta cuándo? ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la justicia social! ¡Hasta el país emancipado!”. ¿Era Gabriela Rivadeneira? ¿Soledad Buendía? ¿Betty Carrillo? No, era Rosana Alvarado, la misma que ahora, en un tono mucho más moderado y sin sonrojarse, defiende el derecho de la ciudadanía a pronunciarse sobre la reelección indefinida (la misma Rosana Alvarado, actual ministra de JUSTICIA, que aseguraba que los documentos privados de una empresa eran públicos sólo porque algún hacker los había colgado en un link al que podía acceder cualquier persona).

Hace un par de meses, Miguel Carvajal, actual secretario de Gestión de la Política, calificó como un error a la enmienda constitucional que permitió la reelección indefinida. “Este tema siempre fue conflictivo para algunos militantes de Alianza País que estábamos en el Legislativo… sobre todo por el cuidado a la alternabilidad”, dijo en una entrevista publicada en El Universo. Leyendo eso, cualquiera creería que Carvajal simplemente se limitó a votar a favor de la enmienda por disciplina partidista. Lo cierto es que en el primer debate del paquete de enmiendas, en diciembre de 2014, Carvajal no sólo argumentó a favor de la reelección indefinida del Presidente, sino que también negó que el gobierno de Rafael Correa fuera autoritario. El mismo Carvajal, que en su cuenta de Twitter se muestra tan partidario del diálogo y defensor de los derechos humanos, pero que a inicios de año justificó la prisión del líder opositor venezolano Leopoldo López y también la prohibición de que su esposa, Lilian Tintori, ingresara al Ecuador.

Un par de meses después de haberse posesionado, el Presidente Moreno describía la situación económica del Ecuador como crítica y aseguraba que heredó un “grave endeudamiento”. “Al entrar en una situación económica compleja, las decisiones que se tomaron no fueron debidamente mesuradas y se puso al límite la sostenibilidad de nuestra economía”. Curioso: apenas unos meses antes, quien luego asumiría como ministro de Economía, Carlos de la Torre, decía en una entrevista en Teleamazonas: “Evidentemente ha crecido ese endeudamiento en los últimos años por la situación de la economía ecuatoriana, pero establecer adjetivaciones que nos llevan a pensar que es una situación dramática, no es así (sic)”. En esa misma entrevista, De la Torre, quien se presentaba como director de investigaciones de la PUCE, pero a la vez era asesor de la gerencia del Banco Central, defendía los préstamos de esa institución al Gobierno, el aumento del encaje bancario en un escenario de recesión y también la Ley de Plusvalía, la misma cuya posible derogatoria ha sido incluida en la consulta popular con el objetivo de incentivar al sector de la construcción.

¿Y qué decir de la vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña, que además de haber votado a favor de las enmiendas y ahora apoyar la consulta popular, calificó como “calumnias” las acusaciones de corrupción contra Jorge Glas (a quien ahora pide la renuncia) y publicó en redes sociales una conversación privada de Martha Roldós? ¿O del hasta hoy ministro de Inclusión Económica y Social Iván Espinel, que ha dejado vacíos sobre el origen de los fondos con que compró su casa, que, a la usanza de Ramiro González (a propósito, ¿se sabe algo de Ramiro González?), parecía aprovechar su cargo para fortalecer su movimiento político y que, según se ve en un video de La Posta, hasta hace poco se mostraba no sólo como un militante de Alianza País, sino casi como un fan de Glas? ¿Y qué decir de todos los demás altos funcionarios del Gobierno (el secretario de Planificación, Andrés Mideros, la gerente del Banco Central, Verónica Artola, la ministra de Salud, María Verónica Espinosa, entre otros) que también ocuparon cargos importantes en la última etapa del gobierno de Rafael Correa? ¿Qué opinaban todos ellos de las denuncias de corrupción contra altos funcionarios del gobierno del que formaban parte, del autoritarismo, del estado de propaganda, de la concentración de poderes, del despilfarrador modelo económico, en fin, de todo lo que ahora Moreno critica de su antecesor y que, en realidad, formó parte del correísmo desde sus inicios? (Vale la pena leer el libro “La década perdida 2007-2017”, que recopila decenas de columnas que advertían sobre los excesos de Correa desde antes de que se posesionara.)

Conviene recordar el pasado reciente de buena parte del gabinete de Moreno para moderar las expectativas sobre lo que significaría un triunfo del Sí en la consulta popular. Evidentemente, eliminar la reelección indefinida (que fomenta el caudillismo, la acumulación de poderes, la corrupción y el uso abusivo del aparato estatal en favor de la candidatura oficial, como se vio en las últimas elecciones) sería un paso adelante. La eventual derogatoria de la Ley de Plusvalía, en tanto, podría tener algún efecto positivo siempre y cuando paralelamente no se insista en mantener el modelo económico que nos trajo a la situación actual. Y respecto a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, si bien está claro que es necesario cesar a quienes designaron a personajes como Pólit, Ochoa o el actual fiscal general (abiertamente cercano a quienes debe investigar), teniendo como antecedente el círculo del que se ha rodeado Moreno –del que hasta hace poco también formaban parte (¿o siguen formando?) Eduardo Mangas y Richard Espinosa– parece muy probable que a quienes el Presidente nomine como vocales transitorios sean simplemente correístas de vieja data que no tienen demasiados reparos en acomodar sus principios a los nuevos vientos.

José Hidalgo Pallares es economista