La Canciller no solo la embarra sino que persiste

Como el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue favorable al país, no se notó –no mucho– el papelón hecho por el gobierno ante el sistema interamericano de derechos humanos. El fallo es un cuchillo de doble filo. Por un lado, dejó sin piso a los peticionarios correístas que querían tumbar la pregunta 3 de la consulta. Pero, por otro lado, derrumba la tesis correísta, mantenida por este gobierno, según la cual la Comisión Interamericana de Derechos humanos, CIDH, no tiene facultades para dictar medidas cautelares. Tesis que la Canciller, María Fernanda Espinosa, refrendó al día siguiente del fallo al afirmar, en Ecuavisa, que Ecuador quiere reformar el sistema interamericano para dar más peso a la Corte, que según ella, es proba. No así la CIDH que, según ella, tiene sesgos políticos.

Esta falacia de la Canciller sirvió a los gobiernos autoritarios para desconocer las medidas cautelares dictadas a favor de sus víctimas. Lo que quiere María Fernanda Espinosa es borrar de un plumazo un mecanismo vigente en el sistema interamericano desde 1980 y que ha permitido a la CIDH proteger, en miles de casos, la vida o los derechos humanos de personas y grupos de personas en serios peligros. La OEA ha animado muchas veces a los estados a acoger y aplicar las medidas cautelares que, desde 2010, los gobiernos populistas y autoritarios de Chávez, Kirchner, Correa… han desconocido.

Lo más curioso, y que la Canciller ecuatoriana no dice, es que el fallo de la Corte IDH, del cual se ufana el gobierno, contiene serias criticas a la CIDH por no hacer uso de su facultad para aplicar (o negar) las medidas cautelares. Dicho de otra manera, la Corte en Costa Rica no actuó, como quisiera el gobierno, para reemplazar a la CIDH. En el mismo fallo, esa Corte critica expresamente a la Comisión porque en dos asuntos similares tomó decisiones disímiles: en uno desechó las medidas cautelares y en otro requirió medidas provisionales a la Corte. La critica igualmente por no distinguir entre los aspectos cautelares y de fondo; lo cual la llevó a no otorgar la medida cautelar y a someter el pedido de los solicitantes a la Corte, olvidando que “conforme a su reglamento y práctica” puede otorgar o negar medidas cautelares. En claro, La Corte dice a la CIDH que renunció a una facultad que está en su reglamento y en su práctica desde hace 38 años. ¿Qué dice la Canciller al respecto? ¿Ante quién piensa abogar para que esta práctica virtuosa sea abandonada?

Es tan incoherente la posición del correísmo, defendida por la Canciller, que aquellos que la sostuvieron y la aplicaron con ahínco, durante diez años, la negaron apenas buscaron un juez supranacional para defenderlos. Los tres consejeros de Participación Ciudadana y Jorge Glas antes de ellos recurrieron ante la CIDH para pedir medidas cautelares. Pues bien: el Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría envió dos documentos, de 30 y 20 páginas, ante la CIDH, a la cual no le reconocen derecho alguno como juez en este caso, para defender las razones del Estado.
Documento del 23 de enero de la Procuraduría a la CIDH

Documento del 31 de enero de la Procuraduría a la CIDH
No solo se defienden ante la Comisión: en una carta del 23 de enero le piden una prórroga “no menor de 15 días para recabar, analizar y sintetizar los requerimientos efectuados por el organismo interamericano”. El 31 de enero le presentan “nuevas consideraciones, sin perjuicio de que a futuro, conforme se obtengan más elementos, se pueda complementar la información al organismo interamericano”. Cualquiera dirá que la Procuraduría quería ganar tiempo esperando que la consulta tuviera lugar. Pero nadie se defiende ante un juez a quien no reconoce la competencia para dirimir un caso que le concierne.

Lo más curioso, y lo más patético, es que la Procuraduría dedica buena parte en uno de sus documentos para decir a la Comisión que es incompetente para dictar medidas cautelares. “El Pacto no establece que la Comisión tenga entre sus atribuciones el dictar medidas cautelares, con lo cual es evidente, que ninguno de los organismos a través del tiempo, tuvo la intensión de otorgarle dicha atribucion”: así se lee en el documento con errores de ortografía y de puntuación incluidos.

Documento de la Procuraduría del 08/02 que la Corte IDH nunca leyó

Como se sabe, aunque la Canciller como jefa de la delegación que fue a Costa Rica quiso ocultarlo, la Corte Interamericana juzgó en derecho. El documento que las autoridades del Estado iban a entregarle, con fecha 8 de febrero, jamás fue leído por los seis jueces que votaron en este asunto. Esto muestra que el sistema interamericano de derechos humanos sí funciona. Y ese sistema comprende la Corte IDH y la CIDH que, en este caso, se equivocó al negarse la facultad de juzgar y pasar la papa caliente a la Corte. El gobierno de Lenín Moreno, si lee el fallo que le dio la razón, tiene que llegar a la única conclusión posible: abandonar la tesis peregrina del correísmo que desconoce la atribución que tiene la CIDH para dictar medidas cautelares. ¿Por qué le afecta reconocer una práctica virtuosa de décadas si, como dice, es un defensor acérrimo de los derechos humanos?