Los compañeros del volante: el poder tras el poder

Al menos desde el retorno al régimen democrático, los gremios de buseros y taxistas se han constituido en los principales grupos de presión política del país. Ni los maestros en sus mejores tiempos, tampoco los empresarios o sindicatos y menos aún las asociaciones cívicas, han tenido la capacidad de los compañeros del volante para arrinconar a los gobiernos, maniatarlos, extorsionarlos y, en definitiva, imponer sus condiciones. Nadie, ni aún el pater familias en todo su amplísimo abanico de recursos mediáticos y económicos pudo con ellos. Nadie. En Ecuador, nos guste o no, quienes hacen y deshacen son los buseros y los taxistas. No hay alcalde o presidente que no ceda ante sus pretensiones de poder. Tan poderosos son los compañeros del volante que en más de una ocasión ser dirigente del transporte público ha sido el trampolín perfecto para llegar a la legislatura o a otros espacios de poder político.

¿Qué hace a estos grupos de presión tan poderosos? ¿Qué explica que aún los gobiernos más represores (aquéllos en los que el líder tiene los pantalones bien puestos) terminen claudicando ante sus demandas? Estas indignadas preguntas se vienen a la mente de cualquier ciudadano de a pie cuando observa que las peticiones de los compañeros del volante se resuelven de forma ágil, fluida, y siempre (o casi siempre) con resultados favorables a sus intereses. La indignación ciudadana aumenta cuando compara la forma cómo se procesa la conflictividad de buseros y taxistas respecto al tratamiento que se da a las demandas de la sociedad civil organizada o a la proveniente de los movimientos sociales. En estos casos, los presidentes y alcaldes someten a los protestantes a interminables horas de espera, a idas y vueltas para, finalmente, “escucharlos y evaluar posteriormente la viabilidad de sus peticiones”. Si se trata de artistas, poetas, artesanos o músicos la cosa es aún peor. Ni siquiera son recibidos.

La valiosa sabiduría popular que todo lo sabe y que llega a oídos de todos (incluidas las autoridades, por supuesto) dice que alrededor del manejo de las cooperativas de transporte público en general, de taxis y buses en particular, existen fuertes intereses políticos y económicos en juego. Dice la sabiduría popular también que no es raro ver a miembros de la fuerza pública que, a la par de sus actividades profesionales, ostentan la propiedad de uno, dos, tres…varios taxis o buses urbanos. Dice también la sabiduría popular que altos cargos municipales o de los gobiernos suelen tener también intereses específicos que inciden para que se mantenga la dictadura de los compañeros del volante. En realidad, sigue diciendo la sabiduría popular, que para saber quiénes controlan las dinámicas depredadoras de buses y taxis, hay que observar más allá de las caras visibles de su dirigencia.

Seguramente la sabiduría popular no se equivoca pues las distorsiones que provocan en el mercado del servicio de transporte público las prebendas otorgadas a los compañeros del volante se entienden, si y solamente si, detrás de sus demandas y peticiones están intereses políticos y económicos. Solamente así se entiende que la ciudadanía se vea impedida de optar por un servicio eficiente, cómodo, amable y a buen precio (como el de Uber o Cabify) y, a cambio, se le obligue a asumir el trato displicente y las tarifas arbitrarias del taxi amarillo, en sus diferentes modalidades. Este es un asunto de mercado, simplemente. Es un asunto de oferta y demanda. Las aplicaciones aparecen y ganan espacio entre la ciudadanía porque los compañeros del volante brindan un servicio deprimente, inseguro y a alto costo (en función del día, la hora, el clima, etc.) Sin embargo, mientras la ciudadanía se queja amargamente del transporte público en general, las autoridades siguen beneficiando a estos grupos de presión. Por eso la idea de los vínculos entre intereses político-económicos y los compañeros del volante hace cada vez más sentido a la sabiduría popular.

Afortunadamente para los votantes (prefiero utilizar este término más que “ciudadanos” porque los políticos suelen reaccionar de forma más rápida cuando huelen a votos), las elecciones seccionales se acercan. Se habla ya de quiénes pueden ser candidatos pero no se habla de qué ideas proponen respecto a temas clave, como es precisamente el del transporte público. Quito en particular espera que los candidatos indiquen cómo van a terminar con el matrimonio entre los compañeros del volante y los intereses políticos y económicos que están de por medio. Ahí, en ese candente tema, se esperan propuestas claras y directas. “Marcar distancias con los buses y los taxis no es viable en términos electorales”, dirá el experto en campañas. “Resta votos”, señalará otro consultor. En realidad, todos los votos de los compañeros del volante y sus familias no son lo suficientemente importantes para definir una elección. Sí es importante, de otro lado, terminar el vínculo entre taxis y buses con autoridades políticas y miembros de la fuerza pública.

Esos lazos cuasi mafiosos entre compañeros del volante, actores políticos y fuerza pública son a los que la sabiduría popular orienta su explicación de por qué los buses y taxis son el grupo de presión más importante que tiene el Ecuador. Ojalá algún candidato a la alcaldía de Quito se atreva a hablar sobre el vínculo y sobre todo a plantear alternativas. Quien tenga la firmeza para hacerlo puede tener opciones reales de alzarse con el triunfo electoral. Mientras esto sucede (si llega a suceder), la ciudadanía tiene como su herramienta de reacción el consumo cada vez más generalizado de las aplicaciones. Así, nuestra única forma de enfrentar a los compañeros del volante y “sus aliados estratégicos” es, por tanto, utilizar cada vez más Uber y Cabify.

Santiago Basabe es académico