El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, ha publicado una carta pública dirigida 4Pelagatos porque considera que la nota “La colección arqueológica que el correato esfumó”, publicada en este medio, tiene “muchas impresiones (sic) que merecen ser aclaradas para evitar desinformación de la ciudadana en general”. En la carta, que ya circuló a través de las cuentas en redes sociales del INPC, la única imprecisión (seguramente a eso se refiere la carta) es el número de piezas robadas de la colección privada del señor Luis Plaza Febres Cordero. El INPC sostiene que “habría sido de aproximadamente 1 500 piezas” y no “más de 3 mil piezas que 4Pelagatos señala”. En realidad, la cifra de 3 200 no es cosecha de 4P sino del coleccionista: él suministró ese dato y asegura que el número fue proporcionado por el propio INPC. Nadie había mencionado la cifra de 1 500 que ahora reconoce el Instituto de Patrimonio.
Fuera de ese dato, la carta no señala ninguna otra imprecisión: abunda, eso sí, en los argumentos legales ya mencionados en la nota de 4P, según los cuales las piezas pertenecen al Estado y que Plaza no tiene el derecho al reclamo porque algún juez dijo que él “no ha sido capaz de demostrar legalmente cómo obtuvo las piezas arqueológicas que conforman la colección”. Los funcionarios del INPC deberían avergonzarse de mencionar este argumento pues es de conocimiento público -y ha sido probado hasta la saciedad- que durante los últimos diez años las cortes fueron obsecuentes hasta la humillación con el gobierno de Rafael Correa, verdadero custodio de las piezas cuando desaparecieron. Era obvio que todos los pronunciamientos iban a evitar que se establezcan responsabilidades por el robo de los funcionarios encargados de cuidar esas piezas. Es más, en el INPC olvidan que por disposición del ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, los jueces estaban prohibidos de sentenciar en contra del Estado.
Comunicado | En honor a la veracidad de los hechos y al adecuado manejo de las fuentes periodísticas, señores de la revista digital @4pelagatos4 a continuación les presentamos nuestra respuesta oficial en relación a los dos (2) artículos publicados en su revista digital. pic.twitter.com/yX1SJrQssD
— INPC Ecuador (@INPCEcuador) April 6, 2018
La carta tiene un dato revelador. En la tercera línea, el INPC coloca comillas a la palabra “robo”. Revelador porque significa que ese organismo, que tiene que velar por la el patrimonio cultural del país, relativiza la desaparición de las piezas. Prefiere hacer un caballo de batalla sobre el número de piezas robadas sin percatarse de que, en la respuesta, recuerda dos hechos que, precisamente, sustentan la denuncia de 4P.: dice que el registro de 2009 (cuando esa colección estaba bajo poder del Estado), que levantó la Espol, fue “hecho por contenedor, más no pieza por pieza” y “arrojó la existencia de 7.589 bienes”. Y que en el inventario que tiene el INPC, desde el 20 de diciembre de 2012 -fecha desde la cual custodia esos bienes- solo figuran 6 046 piezas arqueológicas. Es decir, se robaron, según las propias cuentas del INPC y suponiendo que el registro de la Espol fuera exacto (aunque no se hizo pieza por pieza) 1.549 objetos arqueológico. Eso se robaron y eso es lo que al INPC no le preocupa, al parecer. De lo contrario, anotaría qué gestiones ha hecho para saber dónde están esas piezas y establecer responsabilidades contra aquellos que se las robaron. El INPC deja en claro nuevamente que no activó ni un solo mecanismo judicial o de opinión pública para esclarecer el robo. En cambio su carta confirma, trágicamente, que hubo un operativo gubernamental para ocultar el robo de la colección y dejarlo en la impunidad total.
Hipócritamente el Instituto de Patrimonio se cobija bajo la ley para desconocer la propiedad de Luis Plaza Febres Cordero sobre esas piezas. La carta acepta que durante años esa colección estuvo expuesta en el museo Nahim Isaías del Filanbanco. No dice, pero debe saber, que parte de esa colección viajó al exterior para ser exhibida. Acepta igualmente que fue incautado el edificio en el que se encontraban las piezas Y en forma pérfida sugiere que el administrador del edificio siguió siendo el mismo: como si el coleccionistas hubiera podido proceder a su antojo en un edificio incautado. Es decir, el INPC admite que esa colección era de Luis Plaza Febres Cordero… pero ahora le exige que pruebe que es de él. Así finge ignorar que el coleccionista no traficó con ella y que, aunque sacó piezas del país, volvieron precisamente porque esas piezas hacen parte de una colección, no de un negocio.
El INPC y sus responsables siguen en la era correísta: más le preocupa ir contra este medio, que denunció la desaparición, que investigar dónde están esas 1.549 piezas arqueológicas (según sus cuentas), y quiénes se las robaron. Deplorable actitud.
De verdad que los “argumentos” justificativos que vomita cualquier asqueroso mafioso del cartel AP son atrevidos desafíos a la inteligencia de los ecuatorianos. Estos infelices aprovechadores consiguieron encaramarse en el “gobierno” para intentar extender el fascista control de la región bajo el membrete de SSXXI respaldados por la ingenuidad e ignorancia del sufrido pueblo de nuestros países; de esta manera literalmente hacen y deshacen como les da su regalada gana abusando de muchas maneras con las riquezas que nos pertenecen a todos los ecuatorianos.
La realidad es que todavía están allí controlando el país a través del ilegítimo licenciado quien con maquiavélica sutileza, aparente calma y respeto hace y dice lo mismo que el asqueroso mitómano caretuco líder máximo del mafioso cartel AP… recordemos el refrán “el fin justifica los medios”
YA BASTA CARAJO!!!