Una desviación del estatismo es la de creer que mediante subsidios se promueve la inversión. Se podría editar una antología de leyes, con su toque clientelar, con exenciones tributarias que tuvieron la intención Insulza de “promover la inversión y el empleo”. Políticos, empresarios, ministros aplauden, se solazan de sus buenas intenciones. Pero, la evidencia muestra que ninguna de esas intenciones contenidas en leyes y decretos han solucionado el déficit estructural de inversión y empleo.
Esta errada tendencia a salir del paso a soluciones estructurales, creando subsidios llamados exenciones tributarias, es atávica. Y se repitió durante el correísmo estimulado por la combinación entre planificación económica y oportunismo de ciertos empresarios interesados en arreglar sus balances y estados de resultados del año. En 2010, expidieron el Código de la Producción con un rosario de estímulos, para inversiones en turismo, en infraestructura, en innovación tecnológica y otros. Luego la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas que trajo generosas exoneraciones para invertir en grandes proyectos de obra pública. No produjo ningún cambio esencial en los flujos de inversión. No mejora el empleo o disminuye el subempleo ni la economía crece sostenidamente. Si ha crecido la economía es porque en este gobierno, como en el de Correa, la deuda ha seguido aumentando y no por un cambio en la estructura productiva.
Las emprendedores no aspiran a tener utilidades en los primeros años de inversión. Quien ha hecho empresa, sabe que las utilidades llegan luego. Es inútil ofrecer como estímulo a la inversión, que no pague impuesto si no hay utilidades. Para la inversión extranjera ese clase de exoneraciones son inocuas, pues se consolidan en sus balances en el exterior en donde deberán tributar. Si la evidencia empírica muestra que no sirven ¿por qué se insiste en una receta ineficiente y se vende como evidencia de “apertura” de un gobierno socialista al capital privado? Esas exoneraciones vienen acompañadas de una engorrosa tramitología, discrecionalidad, formularios y burocratismo para calificarlas, autorizarlas y permitirlas.
El problema del sector privado es de competitividad, derivada de baja productividad y una elevada estructura de costos, muchos de ellos debidos al marcado estatismo e intervencionismo del gobierno en los negocios. Impuestos distorsivos, que deberían eliminarse en vez de exoneraciones que son, además, discriminatorias. Altas tasas arancelarias que gravan la importación de materias primas y bienes de capital. Un desproporcionado impuesto de patentes. El anticipo de impuesto a la renta, que se modifica pero no se elimina. Altos costos laborales, con formas de contratación restringidas y penalización al fracaso empresarial con indemnizaciones, como si la liquidación del negocio se tratara de despido intempestivo.
Las soluciones a estas condiciones que reducen competitividad, no tienen que ver con ajustes al modelo estatista. Deben ser el resultado de la convicción de que es el mercado, el libre flujo de mercancías y capitales y el respeto a la propiedad privada, lo que crea condiciones para la solución en el largo plazo de la pobreza, mediante la generación sostenida de empleo. Convicción que no es teórica, sino la realidad de economías en que los políticos y las élites hicieron un pacto de sentido común. Pacto que debería expresarse en dejar que el sector privado arriesgue, sin dirigismo, sin prebendas, sin estímulos que no sean la certeza del cumplimiento de contratos, una política tributaria predecible y no populista y un esquema de contratación laboral que no sea inspirado en la anacrónica versión marxista de la explotación.
El gobierno debe recoger los pasos de diez años de delincuencial gasto público, debe organizar sus finanzas de manera que no distorsionen la economía, debe reducir drásticamente su demencial desperdicio y desaparecer la inmensa burocracia que agrega costos en la gestión de la empresas, debe negociar los acuerdos comerciales que garanticen accesos a otros mercados. Debe, cambiar la visión que la burocracia puede escribir en planes, programas –en los que se bota planta en consultorías– y consejos consultivos para producir recetas del desarrollo.
Menos Estado, más mercado. Menos burocracia, más empleos privados que agregan valor. Esta es la receta. Y los ajustes deben hacerse para lograr este propósito. Durante diez años la receta fue al contrario. Fue necesaria una década para constatar lo regresivo y corrupto de ese modelo. Hacer ajustes, dentro del mismo esquema no soluciona el problema fundamental de la falta de inversión privada, del mínimo nivel de crecimiento de la industria, agroindustria, del estancamiento de la oferta exportable y de la contracción de la demanda.
Los ministros que tienen responsabilidad en estos temas, provienen del sector privado y conocen lo que motiva al inversionista y eso es, fundamentalmente, predictibilidad en el largo plazo para arriesgar capitales. No obstante, el resto de la estructura de gobierno proviene de esa matriz de pensamiento que le atribuye al Estado la sapiencia para planificar la economía y que el sector privado depende de su magnanimidad para funcionar. Veo difícil conciliar estas dos versiones, salvo por híbridos como los que se reflejan en los proyectos de ley enviados por el Presidente que no son sino versiones nuevas de ideas viejas, ineficientes y retóricas.
Diego Ordóñez es abogado
De alguna manera la burocracia debe justificar sus puestos, colocando trabas en los trámites e inventándose requisitos en algunos casos innecesarios, esto si lo hacen de forma eficaz pero póngalos a administrar alguna Empresa Pública, cero eficiencia, lo digo con conocimiento de causa existen más de una decena de empresas Estatales que están en la quiebra por el derroche y mal administración, por tal motivo la burocracia debe reducirse y no aumentar como evidenciamos en la última década y a comienzos del nuevo mandato, ejemplo Secretaria Técnica de Juventudes creada con el pretexto de dar empleo a los jóvenes otra excusa para seguir inflando la burocracia y ganar votos y mientras tanto el pueblo saqueado sus bolsillos para mantener el peso de tanto burócrata con impuestos camuflados e inventos descabellados como el pago del anticipo a la renta. Así no se incentiva al desarrollo más bien se ahuyenta la inversión y por ende la economía no crece.
De alguna manera la burocracia debe justificar sus puestos, colocando trabas en los trámites e inventándose requisitos en algunos casos innecesarios, esto si lo hacen de forma eficaz pero póngalos a administrar alguna Empresa Pública, cero eficiencia, lo digo con conocimiento de causa existen más de una decena de empresas Estatales que están en la quiebra por el derroche y mal administración, por tal motivo la burocracia debe reducirse y no aumentar como evidenciamos en la última década y a comienzos del nuevo mandato, ejemplo Secretaria Técnica de Juventudes creada con el prtetecto de dar empleo a los jóvenes otra excusa para seguir inflando la burocracia y ganar votos y mientras tanto el pueblo saqueado sus bolsillos para mantener el peso de tanto burócrata con impuestos camuflados e inventos descabellados como el pago del anticipo a la renta. Así no se incentiva al desarrollo más bién se ahuyenta la inversión y por ende la economía no crece. Felicitaciones señor Ordónez.
Claro si se vivió un keynesianismo desbordado y a ultranza, pues convenía afianzar un estatismo abusivo y clientelar ,empoderado, pero eso sí ,casado con cierto “empresariado pana” , una Institucionalidad destrozada por conveniencia al servicio del poder, apalancado con una asamblea cómplice y sumisa; dramáticamente representamos lo que Acemoglú y Robinson exponen en su best sellar “LOS ORÍGENES DEL PODER LA PROSPERIDAD Y LA POBREZA” África y Latino America son protagonistas destacados en la peste que implica la corrupción política y esa institucionalidad extractiva que beneficia a pocos, empobreciendo a las mayorías.
Totalmente de acuerdo. Solamente por corroborar lo dicho por usted: Hay una gran cantidad de tasas (impuestos con otro nombre) que encarecen notablemente la actividad económica. Pero más grave es la demora en los trámites, eso implica que mucha infraestructura y equipo no pueda utilizarse inmediatamente puesto que es necesario esperar los permisos, estos que pueden durar meses.