Con su resolución, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio no solamente cesó al Consejo de La Judicatura: puso los fundamentos jurídicos, técnicos y doctrinarios para de-construir la arquitectura institucional montada por el correísmo. Ayer, Julio César Trujillo y demás consejeros, resucitaron, sin decirlo, al barón de Montesquieu que Rafael Correa, en su sueños de autócrata impenitente, había enterrado.
Esa es la mayor noticia que hay tras la cesación de Gustavo Jalkh y los otros miembros del Consejo de la Judicatura. Y es noticia y es esencial porque la resolución fue unánimemente tomada por un Consejo en el que está representado el país y sus vertientes ideológicas. Jalkh y los suyos no solamente se van por haber sido deshonestos en sus labores, haber organizado concursos mañosos, haber hecho tráfico de influencias para designar notarios o haber modificado sentencias hakeando el sistema informático de jueces. Se van porque la autoridad que los designó era ilegítima, porque dejaron que los conflictos de intereses interfirieran en sus funciones y porque ejercieron sus funciones, según dice la resolución, con el motivo de incidir en la administración de Justicia para favorecer intereses de las demás funciones del Estado. Es decir, fueron ilegítimos, tenían conflicto de intereses, beneficiaron intereses particulares y nunca fueron independientes. Al no serlo, vulneraron el derecho que tienen los ciudadanos a una correcta administración de Justicia y permitieron que los actos de la administración pública no fueran fiscalizados por parte de autoridades independientes.
Trujillo y los demás consejeros hicieron, mediante esta resolución, la disección más acabada, por parte de una institución, del sistema autoritario montado durante diez años por Rafael Correa. Un sistema orgánico, interdependiente, subordinado y funcional a un partido, a un caudillo. Esa era la tan cacareada institucionalidad correísta. Y ahora la opinión, que no lo había percibido en forma tan contundente, puede palpar lo que significa que en un país no haya división de poderes. Pesos y contrapesos.
El Consejo de Participación Ciudadana no revela nada nuevo. Pero en esta evaluación a la institución encargada de administrar el aparato de Justicia, ha mostrado con nombres y apellidos, con hojas de vida en mano, con concursos trucados, cómo funcionaba por dentro el correísmo para convertir al Estado y sus instituciones en su propiedad privada: un club de panas, armados de convicciones y actitudes mercenarias, dedicados a dar viabilidad a su sistema, intercambiar cargos, fabricar coartadas para sostenerse en el poder, socapar la corrupción y asegurarse mutuamente inmunidad e impunidad.
La resolución del Consejo de Participación Transitoria es una pieza histórica. Porque es, hasta el momento, la más completa radiografía de una institución correísta. Trujillo y los otros consejeros no evaluaron a cinco personas: auscultaron el sistema autoritario por dentro. Cómo se montó; cómo funcionó; cómo subordinó sus labores a las otras funciones del Estado. Cuando se lee esta resolución no queda duda de que todas las llamadas instituciones correístas deben seguir la misma suerte que el Consejo de la Judicatura. Ninguna se salva en este proceso de evaluación. Porque todas, con los matices debidos, respondieron al mismo engranaje, al mismo designio, al mismo proyecto.
Se entiende que Montesquieu, el hombre que teorizó la separación de poderes, le sobrara a Rafael Correa. Ante esa evidencia, es un hecho jurídico y político de enorme significación que sean Julio César Trujillo y los otros consejeros, algunos seriamente entroncados con los movimientos sociales, los que hayan puesto el acento en la independencia de poderes. Porque cesaron a Jalkh y a los suyos por no respetar los procedimientos, no cumplir con las formalidades para ejercer el cargo, tener conflictos de intereses y favorecer la concentración de poder, la corrupción y la impunidad. Es decir, por no cumplir con esas formalidades, tan propias de la democracia y tan ajenas a los partidos únicos y a los caudillos autoritarios.
La decisión, comunicada ayer por Trujillo y los otros consejeros al país, es esencial porque en esas formalidades, consustanciales a la división de poderes, radica la diferencia entre la democracia, con todas sus deficiencias, y el autoritarismo por ilustrado que se diga. O la dictadura.
Foto: Consejo de Participación Ciudadana
Han pasado 10 años en que nuestro país ha estado silenciado por una persona que abarco los tres poderes del estado teniendo a un pueblo atado a su equivocada y corrupta manipulación y a raíz de la conformación del Consejo de Participación Ciudadana presidida por el Dr. Trujillo se está recuperando de apoco la voz del pueblo el que clama justicia teniendo la confianza de que la razón no necesita de fuerza y aclarando a este Gobierno que Ecuador es un país soberano y se lo respeta.