La decisión del gobierno nacional de desclasificar la información relacionada a los casos Gabela, Balda y Galo Lara podría constituir el punto de partida para un enriquecedor proceso de develamiento de la verdad no sólo en casos emblemáticos sino también en aquéllos que, sin ser tan conocidos, dan cuenta de los secuenciales atropellos y abusos cometidos durante la década pasada. Adicionalmente, como toda decisión de trascendencia, conlleva una serie de implicaciones políticas que, es de asumir, el gobierno nacional valoró previamente. Por tanto, entregar ante la opinión pública y la justicia lo que el gobierno conoce sobre estos y otros casos tendrá consecuencias directas sobre el escenario político a corto y mediano plazo. Así, el gobierno nacional ha desatado una bomba de tiempo que pronto estallará entre diversos actores, algunos alejados temporalmente del poder, otros muy cercanos a Carondelet y otro, el más importante, apertrechado en el ático de Bruselas.
Una revisión somera de los casos mencionados ineludiblemente lleva a colocar los ojos de la opinión pública (y de los tribunales) en el ex canciller Patiño. Es poco creíble que haya desconocido los pormenores de los hechos delictivos relacionados con Gabela, Balda y Lara. No sólo el alcance y atribuciones de la Cartera de Estado que ejercía sino la cercanía con el ex presidente, lo tornan en uno de los primeros actores que deberá rendir cuentas ante la justicia. Si esto se da así, y parece más probable ahora que la justicia ha dejado de ser monopolio de uno de los lugartenientes más sombríos de la década pasada, será la primera ocasión que el gobierno nacional permita que se investigue de forma directa a una de las piezas más importantes del gobierno anterior. Además, sería un golpe importante a la naciente estructura partidista de los antiguos aliados del gobierno y tendría repercusiones directas tanto sobre el proceso electoral del año entrante como sobre las lealtades de los que rezan diariamente con la vista al ático de Bruselas.
Un segundo actor que no puede dejar de estar relacionado con los hechos que el país espera conocer en detalle es el ex ministro de Defensa Nacional, el poeta (2008-2012). De bajo perfil a lo largo de toda la década pasada; sin embargo, con su silencio y aquiescencia fue parte del entramado de violaciones a Derechos Humanos generadas desde las más altas esferas gubernamentales. Difícil creer que en su posición haya desconocido lo ocurrido en casos de tanta repercusión política para el país como son los casos Gabela, Balda o Lara. También es difícil creer que sus sucesores no hayan tenido información al respecto. La actual Canciller Espinosa y el actual superintendente de ordenamiento territorial, Fernando Cordero; por tanto, deben ser parte de los procesos judiciales por iniciarse. Está por verse la reacción del gobierno nacional cuando sus colaboradores tengan que rendir cuentas por lo que hicieron o dejaron de hacer en temas de tanta trascendencia para el país. Aunque la bomba de tiempo se lance al ático de Bruselas, los rezagos del fogonazo alcanzan también a la parroquia.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia fue una pieza clave en el ocultamiento de información en los casos mencionados, por lo que las acciones judiciales también deberían enfilar hacia dicha Cartera de Estado. Aquí las complicaciones para el gobierno nacional son aún mayores pues los ministros de justicia de la época fueron José Serrano, actual asambleísta del oficialismo, Johana Pesántez, actual secretaria jurídica de la presidencia, Lenín Lara, alcalde de Esmeraldas; y, Leidy Zuñiga, actual secretaria técnica de drogas. Dada la decisión gubernamental de desclasificar información, se esperaría que la salida de Pesántez y Zuñiga sea cuestión de días. Respecto a José Serrano, este sería el segundo golpe, quizás letal, a sus ambiciones políticas hacia el 2021. Sin embargo, si el ex ministro y ex presidente de la Asamblea Nacional se queda fuera de la posibilidad de terciar a las presidenciales seguramente se llevará consigo a otros posibles aspirantes. Mucha, valiosa y comprometedora es la información que acumuló a lo largo de su paso por el ministerio del interior.
Así, en cuestión de meses, cualquiera de los actores mencionados u otros, como los ex titulares de la SENAIN (Romero y Vallejo) o el fiscal Chiriboga (quien debe ser parte imprescindible de las investigaciones), se encargarán de dar pistas e indicios que dirijan las investigaciones hacia el ático de Bruselas. Cuando esto suceda, pues las lealtades en función de la corrupción y el abuso tienen sus límites, la decisión gubernamental habrá cumplido su objetivo específico. En ese momento, la bomba de tiempo habrá llegado a su real destinatario. Si esa ha sido la intención del gobierno nacional al develar información clasificada sobre los casos Gabela, Balda y Lara, habrá que elogiar la estrategia política diseñada. Si el objetivo ha sido otro, pues nos encontramos frente a un gobierno miope que pronto tendrá que asumir las consecuencias políticas que se destilarán desde diferentes frentes. En cualquier caso, que el país conozca quiénes son los responsables de estos hechos delictivos (y otros más) ya es un gran avance.
Santiago Basabe es académico de la Flacso
Excelente artículo Santiago Basabe. Dolo es cuestión de tiempo, pero ese tiempo esta bajo la condición de nosotros que somos veedores, debemos estar alertas que las investigaciones avancen, apoyando a las victimas del correato mitómano, y éste, el mitómano sea sancionado conjuntamente con su séquito de lacayos y serviles, quienes ya están detrás de la barrera, pretendiendo que se olvide lo que hicieron o dejaron de hacer. Ya cayeron los bastiones que el correísmo dejo para protegerse la espalda, Baca, el fiscal general, Jalkh, la función judicial. Nomas toca seguir en la lucha. no en espera. sino en la lucha que usted y todos hacemos cada día.
La desclasificacion de las informaciones sera una buena medida para el conocimiento de la verdad , a lo que tienen derecho las víctimas y es obligación del Estado de asegurar su cumplimiento. Son tres casos emblemáticos que pueden generar graves responsabilidades al país.
Por lo demás, estoy de acuerdo con el artículo y sus criterios .
La bomba lanzada también le reventará a él, asumiría la vice y así seguirán los nuevos ricos verde flex seguirán disfrutando impunemente lo robado en esta década mas uno
Exactamente, debemos PELAR EL OJO, puede suceder…….
Muy buen enfoque, el Sr Columnista ya ha demostrado que maneja herramientas de teoría política. Podría pf enfocar la conducta del gobierno de la década robada, considerando a los agnados y cognados ? Ejemplo. La mamá de Del ex ministro del interior fue juez del tribunal de justicia más alto del régimen. Cómo lo logro? Si no cuenta ni hasta el 5? La esposa era la ministra de inclusión y el cónyuge el superintendente, etc etc. Esto movió más que las teorías y las ideologias. Att
FANTÁSTICO ANÁLISIS SR BASABE. ESPERO QUE SUS PREMONICIONES SE CUMPLAN Y TODOS ESTOS MANDADEROS DE CORREA, VAYAN A PARAR EN LA CÁRCEL. FALTA HACER UNA INVESTIGACIÓN DEL TERRIBLE Y MENTIROSO 30S EN EL QUE MUCHOS CONCIUDADANOS SUFRIERON TANTO ATROPELLO DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE PERSEGUIR A MILITAES Y POLICíAS QUE PROTESTARON FRENTE A LOS ATROELLOS ECONÓMICOS. ESPERO QUE ESTA VEZ LA JUSTICIA BRILLE Y MANDE A PRISIÓN A SERRANO, BACA MANCHENO Y A TODA ESA CATERVA DE MAFIOSOS CORREíSTAS. DEBE TAMBIÈN INVESTIGARSE A LOS QUE HAN HECHO GRANDES FERTUNAS EN EL CORREATO. CÁRCEL PARA CORREA Y SUS 40 LADRONES. PARA ESTO DEBEMOS APOYAR AL CONSEJO TANSITORIO.
Felicitaciones Santiago. Siempre atinado en los análisis.
Parafraseando al “célebre” Fiscal Chiriboga me permito decir: Si saben cuál es el delito de omisión… yo si se…
Creo que se debe empezar por investigar a este personaje, el gran tenedor de la información y sus “pormenores”. No es acaso suficiente para procesarlo…
Esperemos que se elija lo más pronto al nuevo Fiscal General y al Contralor, para que se agiliten las demás denuncias en el caso Odebrecht y Caminosca, que parece que no se le están dando la agilidad que corresponde. UN EX CONTRALOR SENTENCIADO CON UNA PENA MíNIMA DE 6 AÑOS DE PRISIÓN , El EXPRESIDENTE CON LA MISMA PENA DE 6 AÑOS DA LA IMPRESIÓN QUE SE PUSIERON DE ACUERDO EL FISCAL BACA Y EL ACTUAL PARA EMITIR LAS PENAS, DE ESTA MANERA CUALQUIER PERSONA ROBA Y NO ESCARMIENTA.