El caso Gabela trae un terremoto político

Las posibilidades de establecer que el general Jorge Gabela no fue asesinado por la delincuencia común, como sostuvo a rajatabla el gobierno de Rafael Correa, y de conocer los nombres de los autores intelectuales de ese crimen están más cerca que nunca. Y si aquello llega a producirse, un terremoto político e institucional de proporciones sacudirá al país.

Para que todo esto ocurra basta con encontrar dos cosas que han desaparecido de la forma más misteriosa en manos del instituciones del Estado: el informe completo de la investigación hecha por el perito argentino Roberto Meza y 75 actas del Comité Interinstitucional que Rafael Correa ordenó, en 2012, que se conforme para investigar el crimen. La primera cosa desapareció de la Presidencia de la República y la segunda del Ministerio de Justicia; instituciones que podrían responder por lo ocurrido ya que la justicia, ahora sin las presiones correístas, está pidiendo esos documentos. En esos dos documentos –a los que habría que sumar otras actas de la Asamblea Nacional y de la Fuerza Aérea Ecuatoriana– están las grandes claves del crimen del general Gabela, asesinado en el 2010 cuando denunciaba irregularidades en la compra de los helicópteros Dhruv de fabricación india, que terminarían accidentándose más tarde.

La inminente declaración del perito argentino Meza, que hasta hace poco era impensable, resolverá el misterio que existe alrededor del contenido de la parte final de su informe y al que se lo conoce como “tercer producto”.  Meza ha sido llamado a declarar por la Fiscalía que, desde que ya no tiene un fiscal titular vinculado al anterior gobierno, aparentemente ha decidido ir hasta el fondo en las investigaciones. El tema es relevante porque si él redactó un “tercer producto” es porque, de acuerdo al plan de trabajo que él mismo delineó, había evidencias de que el crimen no fue cometido por la delincuencia común, como sostuvo el correato, sino por las denuncias que Gabela hizo sobre la compra de los helicópteros Dhruv de fabricación india. En ese informe, que ha desaparecido de la Presidencia, están además los nombres de los posibles autores intelectuales del crimen.

Como el documento está desaparecido no hay otra alternativa que llamar a quien lo elaboró: el perito Meza. Durante el interrogatorio, la Fiscalía le preguntará sobre lo que había en el documento. Con la declaración de Meza, primero se piensa desmentir a los funcionarios del correato que negaron la existencia de ese “tercer producto” y se sabrá qué pistas  tiene él sobre los autores intelectuales del crimen. Se podría develar así el supuesto plan que la familia de Gabela cree que montaron para asesinarlo, quiénes estaban involucrados en el negocio de esos artefactos cuya compra el ex presidente Correa defendió con vehemencia absoluta.

Ese llamado tercer producto había sido recibido por Rafael Correa de manos de su ministra de Justicia Ledy Zúñiga. En el 2013 Meza lo entregó al Ministerio de Justicia, según una acta de entrega recepción a la que tuvo acceso 4Pelagatos. Ese certificado constituye una prueba para la familia de Gabela de que ese documento sí existe, desmintiendo así a funcionarios del correato que han sostenido lo contrario.

URGENTE: Caso Gabela, la señora Patricia Ochoa Vd. de Gabela, luego de la reunión con el Dr. Paúl Pérez, Fiscal General manifestó que, “ han solicitado que el perito Meza, venga al País”… pic.twitter.com/e2Gua54TxH

— ENRIQUE ALCIVAR (@enindefension) June 6, 2018

Luego está en el tema de las actas del Comité Interinstitucional, que no es menos grave que el de la desaparición del informe del perito Meza. Ese Comité fue hecho mediante decreto ejecutivo de Rafael Correa en octubre del 2012 con el fin, o supuesto fin, de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el asesinato de Gabela. En la cabeza de ese Comité estuvo la entonces ministra de Justicia Ledy Zúñiga. Fue precisamente Zúñiga quien contrató al perito Meza, quien acabó su trabajo en noviembre del 2013. ¿Qué hay en esas actas que justifiquen su desaparición? Sencillo: todas las referencias al “tercer producto”.

En esas actas están además, según la familia Gabela, las evidencias de algo que Meza reveló alguna vez: los pedidos  que recibió para eliminar del informe cualquier asociación entre el crimen y las denuncias que Gabela había hecho sobre la compra de los helicópteros. ¿Quién lo hizo? Según el propio Meza fue María Fernanda Espinosa, entonces ministra de Defensa. Además de ese pedido, hubo otros de funcionarios que le enviaron correos electrónicos que, según Meza, todavía conserva.

La desaparición de las actas, según la defensa de Gabela, prueba que el Comité Interinstitucional que hizo Correa para que se investigue el crimen terminó conviertiéndose en un organismo para ocultar la información sobre el tema. Precisamente el Ministerio de Justicia, que hacía de cabeza de ese organismo, se ha negado por tres veces a entregar los documentos faltantes. Dos veces la Contraloría ha pedido las actas y una vez la Fiscalía. Hasta ahora no lo ha hecho.

Es precisamente en este Comité Interinstitucional donde está el corazón del terremoto político que se produciría se se llegan a conocer los motivos por los que el gobierno de Correa ocultó sistemáticamente la información sobre este caso y sobre las investigaciones. Según una carta que la viuda de Gabela, Patricia Ochoa, envió al presidente Lenín Moreno, el 28 de mayo pasado, hay 22 funcionarios del gobierno de Correa que participaron en los trabajos de ese Comité y que son responsables de que se haya ocultado información. Esos 22 funcionarios, dice la viuda de Gabela, han tenido o tienen relación directa o indirecta con el gobierno de Moreno. Si se llega a confirmar lo que la defensa de la familia Gabela sostiene –sobre las actas y en la actuación del Comité– el sacudón político para el gobierno de Moreno sería gigantesco. Patricia Ochoa dice que no todos esos funcionarios están vinculados directamente al crimen, pero sí hicieron parte de una estructura burocrática que terminó ocultando información y, de esa forma, favoreciendo los intereses de sus autores intelectuales.

El desmoronamiento de gran parte de la estructura institucional que Correa dejó montada para garantizar su impunidad y la de sus funcionarios ya tiene consecuencias. A más de de las posibilidades de que se esclarezca el caso Gabela, hay otros como el de Fernando Balda, que golpearán duramente a personajes clave del correato; algunos presentes en el gobierno de Moreno. El terremoto político que puede desatar es de proporciones imprevisibles.

La carta de Patricia Ochoa a Lenín Moreno