Los abusadores se disfrazan ahora de víctimas

Son los mismos: aquellos que cerraron los ojos ante el secuestro de Balda y el asesinato del general Gabela, hoy hacen grandes aspavientos para negar, a como dé lugar, lo que se está confirmando. Los mismos que ayer usaron el aparato del Estado para montar un operativo de secuestro o esconder pruebas y peritajes comprometedores, hoy denuncian un complot político. Los mismos que cerraron los ojos ante las evidentes demostraciones de abuso de poder de Correa, hoy hacen coro para erigirlo en víctima propiciatoria. Los mismos que permitieron que la Fiscalía y los jueces miraran para otro lado y archivaran las demandas de los opositores, hoy califican a la Justicia de vendida solo por el hecho de que investiga a su tótem.

En el caso Balda, Rafael Correa y los suyos descalifican a la víctima hurgando en su pasado; como si eso justificara el secuestro del que escapó por la acuciosidad de un grupo de taxistas en Bogotá. Son los mismos que gritan que Pablo Romero, ex director de la Senain, está siendo presionado para que inculpe a Correa. O acusan a la Fiscalía de estar pactando con Raúl Chicaiza, el agente que estuvo en Bogotá organizando el secuestro. Son exactamente los mismos que desconocieron la demanda de Balda o las lágrimas de Patricia Ochoa, la viuda del general Gabela, que no ha cesado de decir que a su marido no lo mataron unos delincuentes que entraron a robar a su domicilio en Guayaquil.

Vulneración del debido proceso, uso indebido de la justicia, persecución política… Los correístas repiten lo mismo que ayer aplicaron contra los opositores. Y lo hacen como si todo lo que se evidencia ante el país fuera una tramoya, montada en cuestión de días para que Correa tenga que exilarse. Como si lo que se está viendo –y  la Justicia ensambla– no se hubiera sabido.

En rueda de prensa rechazamos las actuaciones de la @FiscaliaEcuador en el #CasoBalda, ante una clara vulneración del debido proceso.
Es evidente la persecución política y el uso indebido de la justicia en contra de @MashiRafael. pic.twitter.com/k6qrLWWyJp

— Soledad Buendía (@solbuendia) June 20, 2018

¿Acaso no se supo, desde 2012, del intento de secuestro de Balda, salvado por un grupo de taxistas en Bogotá, cuya historia fue publicada en la revista Semana? ¿No se sabía del agente Chicaiza, de los dólares oficiales para armar el secuestro, de los delincuentes colombianos que contrató y del alquiler de logística para operar? ¿No se sabía de la investigación que emprendió la fiscalía de Colombia y la condena que infringió la Justicia a cuatro acusados como autores del secuestro?

El caso Gabela fue aún más dramático. Desde el inicio se supo –su familia lo dijo alto y fuerte– que había sido un asesinato relacionado con sus posiciones en la FAE. De por medio estaba la compra de los helicópteros Dhruv. ¿No se sabía que nada calzaba en el informe oficial sobre su muerte? ¿No fue evidente que al general lo siguieron (él hizo pública la denuncia) antes de ser asesinado? ¿No se sabía que en la cuenta de un fiscal, que llevaba el caso de uno de los detenidos, se depositaron $20 000 y que ese mismo sindicado fue liberado y asesinado días después? ¿No se sabía que Correa creó, en octubre de 2012, un Comité Interinstitucional que en vez de esclarecer el hecho, ocultó información y, ahora se sabe, también las actas? ¿No se sabía que todos los intentos por conocer la verdad fueron cortados de cuajo en el gobierno? ¿No fue archivado el juicio político a Javier Ponce pedido por Fausto Cobo en la Asamblea? Y desde noviembre de 2013, cuando el perito Roberto Meza entregó su informe, ¿no se sabe que el caso se enredó en el gobierno y que ahí se ocultó la verdad? ¿No se sabía que hubo gestiones oficiales ante el perito argentino para dejar por fuera casi el 30% del informe? ¿No se sabía que el tercer producto había desaparecido entre el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República?

Esto implicaría una grave vulneración a los derechos de @MashiRafael. Es evidente que se encuentra en indefensión, por parte de una justicia que viola el debido proceso, ¿hasta dónde son capaces de llegar por cumplir venganzas? ¡Todos a rechazar estas amoralidades! https://t.co/lIQUkl1oQu

— Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) June 19, 2018

No hay montaje. Esas piezas existían dispersas.  Pero no había autoridades que, haciendo honor a sus funciones, investigaran y llamaran a los testigos a declarar. Y eso significa que hubo autoridades que encubrieron delitos de Estado y criminales o cómplices. Eso no lo dicen Correa y sus amigos. Ahora algunos de los involucrados se han acogido a la colaboración eficaz con la Justicia. Es su derecho y es una prerrogativa que tienen las autoridades para que la sociedad conozca la verdad sobre actos delincuenciales o crímenes de Estado. También en Colombia los acusados del secuestro de Balda se acogieron a un acuerdo parecido. Por eso  en vez de recibir de 16 a 30 años de cárcel, fueron condenados solamente a cinco.

Ecuador asiste a un lavado impresionante y necesario de la ropa sucia del anterior gobierno. Lo único que cabe exigir es que fiscales y jueces actúen apegados a los hechos, a las leyes y al debido proceso. Pero aquello que luce escandaloso (y francamente inquietante para la democracia y para la salud mental) es ver a aquellos políticos de Alianza País que permitieron esos abusos de poder y que, en vez encarar las consecuencias, montan tramoyas seudo ideológicas para disfrazar esos delitos y encubrir a los que usaron el Estado para cometerlos. Verdugos todopoderosos que mutan en pobres víctimas.

Foto: Ecuavisa