¿Ecuador firmará un programa económico y pedirá un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro del ejercicio presupuestario 2019-2020? ¿El Presidente estaría dispuesto a asumir el costo político que provoca en el imaginario social ese mero escenario, como resultado de las intervenciones brutales que tuvo el FMI en el pasado? ¿El cambio de rumbo y lo que ha decidido Lenín Moreno, con un ministro de Economía proveniente del sector privado, prepara el camino para ese acuerdo? ¿Puede su gobierno negociar condiciones que lleven a un ajuste políticamente manejable? ¿Debe pedir ese acuerdo ya o seguir esperando para ver, como parece, si puede evitar ese trago amargo? ¿Tiene tiempo?
Estos interrogantes han vuelto a los círculos económicos tras la visita, en días pasados, de Mike Pince, el vicepresidente de Estados Unidos, y de una misión del FMI. La falta de señales claras del gobierno ha disparado ese juego de acertijos en los sectores económicos, productivos y financieros, que prefieren las certezas. Hasta hace un par de meses, observadores internos e internacionales se preguntaban si el Presidente daría un viraje en el manejo económico, tras haber mantenido en ese ministerio a Carlos de la Torre y María Elsa Viteri, partidarios de la fórmula correísta.
La llegada de Richard Martínez produjo el efecto de un energizante. Se saludó el nuevo rumbo económico y las intenciones expresadas. Pero actores económicos y expertos nacionales y del exterior siguen esperando hechos tangibles que ratifiquen la voluntad gubernamental de consolidar las cuentas fiscales: de eso depende la credibilidad de Martínez y de su equipo cuyo problema sigue siendo el mismo que llevó a Correa a romper el techo del endeudamiento legalmente permitido: las fuentes de financiamiento. Ahora es claro que ya no hay créditos chinos, que Ecuador no tiene posibilidades de colocar bonos en el mercado internacional (al menos de que lo haga a altísimas tasas como Correa), que el gobierno se ha prohibido meter la mano en las reservas del Banco Central, que las remisiones solo aportarán $602 millones al fisco y que el alza de la producción y del precio de petróleo ayudan, pero no alcanzan.
La estrategia del equipo económico, liderado por Martínez, parece ser fondearse con deuda interna (papeles del tesoro que compran las empresas estatales) y con préstamos de organismos multilaterales. Es posible, en esas condiciones, que el gobierno logre juntar las dos puntas en lo que queda de este año. Pero este problema se anuncia inmanejable en 2019.
Ese panorama vuelve acuciosos los interrogantes sobre la necesidad de llegar o no a un acuerdo con el FMI y sobre la voluntad política por parte de Lenín Moreno para cerrarlo. En el gobierno se ha hablado de esa posibilidad. La concreción depende, dice una fuente oficial, de las condiciones que el FMI plantee. Mientras tanto, la incertidumbre que pesa sobre este tema incide directamente en las expectativas levantadas por el gobierno sobre los beneficios que traerá la Ley de Fomento Productivo que está, en este momento, en manos del Ejecutivo. El contenido del veto parcial, que Verónica Artola, gerente del Banco Central anunció que recomendaron al Presidente, se convertirá en una señal, inequívoca para los inversionistas, sobre el rumbo que puede tomar en los meses futuros la economía en el país.
Las tareas que esa Ley imponga al equipo económico y la dirección política que entrelíneas consigne en ella el Presidente, también serán escudriñadas dentro y fuera del país. Puertas adentro, ayudarán a entender, ante las ambivalencias que maneja el equipo económico, si el gobierno camina, pensando en la factura que dejó el correísmo, hacia un acuerdo con el FMI. En el plano internacional ayudará a morigerar -o a confirmar- el escepticismo con que los mercados miran las promesas hechas por Richard Martínez.
¿Con el FMI o sin el FMI? Lenín Moreno tiene esa pregunta en su despacho. Entre más tiempo tarde en responderla, peor será para productores e inversionistas que requieren confianza para trabajar. Y eso lo sentirán los ciudadanos en sus bolsillos, en sus trabajos o en su calidad de vida.
Foto: Presidencia de la República.
Ir ha pedir prestamos al FMI es porque estamos casi en banca rota, con un aparato estatal inmenso que.es mantenido por la mayoria de ecuatorianos que nos partimos el lomo trabajando para mantener a tanto vago eso es insostenible….se deberia hacer lo mas pronto un ajuste importante
El Gasto Público tiene que transparentarse y recortarse para que no se convierta en una carga inmanejable a Moreno. Cuando se elabore el presupuesto para el año 2019 tiene que mantenerse las instituciones públicas y el personal realmente necesario para que el Estado sea más operativo y eficiente. Tiene que priorizarse los nuevos proyectos de inversión y los que están en ejecución mantenerlos optimizando al máximo los recursos disponibles. Los nuevos proyectos que se presenten deben estar bien estimados, que garantice un moderado margen de ganancia a quien lo ejecute, para que no ocurra lo que hasta ahora se viene dando, proyectos irreales, sobredimensionados que hace que la corrupción haga de la suya. Renegociar la deuda cara por deuda barata y extender los plazos de amortización.
El caos económico causado por el mas ” brillante economista ” del país está por asolar al Ecuador.
Las consecuencias las sentirán como siempre los mas necesitados.
Hoy el país, sufre ademas la carga de varios cientos de miles de refugiados, que ingresan libremente.
Todo originado por la década de decisiones irresponsables tomadas por un demente.
Richard Martínez habló mucho de como haría él para salir del atolladero económico, pero hasta ahora ni fu ni fa; una cosa es con violín y otra con guitarra.
Moreno tiene todo un problema por delante: si acude al FMI, los correistas lo destrozan y si no lo hace, no hay quien le preste más dinero, entrará en mora con los acreedores y comenzará el plan que trazó Correa: Moreno no sirve para presidente y el país ira por la vía de la amargura, sólo que él ya no puede regresar como el salvador del Ecuador,se quedara en Bélgica al menos 6 años y no podrá ser presidente otra vez.
La necedad de no revisar el tremendo gasto público y reducir el tamaño del Estado (según el ministro del trabajo tenemos 160.000 pipones) le va a pasar factura en máximo 6 meses.
El FMI es su única salida pero va a tener que subir el IVA al menos 3 puntos, despedir 100.000 burócratas y reducir drásticamente el gasto público, caso contrario, debería buscar desde ya un país que le de asilo político.