En el juego de la política los actores diseñan una serie de mecanismos de disuasión y persuasión orientados a dilatar la toma de decisiones complejas o a evitar llegar al punto en el que se deba tomar una postura en concreto. Aunque los mecanismos varían en función tanto de los rasgos institucionales (reglas formales) como también a partir de los códigos de comportamiento cultural (reglas informales), en el fondo los objetivos siempre son los mismos. Sin embargo, lo que distingue a unos países de otros es la medida en la que la ciudadanía es lo suficientemente sagaz no sólo para evidenciar el uso de tales mecanismos sino también para ofrecer respuestas específicas frente a las intenciones de disuasión o persuasión de sus actores políticos. En cuanto la ciudadanía se informa más y por diversos medios, discute sobre los asuntos de la política (que nos afectan hasta en lo más ínfimo de nuestra cotidianeidad) y plantea diferentes lecturas sobre la realidad que lo circunda, los actores políticos tendrán mayores precauciones al momento de echar mano de diferentes mecanismos que, en definitiva, buscan distraer la atención pública de un tema en particular.
Por ello, cuando algunos políticos buscan administrar el Estado a su antojo, no es una buena idea que la ciudadanía conozca más de política y mucho menos que se organice alrededor de cualquier forma de asociación cívica. Por tanto, llevar los intereses de la población a cualquier otro tema (mientras más trivial, mejor) constituye una estrategia clave para abusar de los recursos públicos, faltar a la palabra empeñada y, en definitiva, generar sociedades más dependientes, fatuas e intrascendentes. Así, despolitizar a la ciudadanía es uno de los vehículos más idóneos para que algunos actores hagan y deshagan del Estado, de sus recursos y de los derechos de la ciudadanía. En el caso ecuatoriano, la evidencia empírica da cuenta que esa fue la intencionalidad del proyecto socialista de RC y de la RC.
En efecto, ante la pregunta “muy frecuentemente hablo de política” propuesta por la firma Latinobarómetro, solamente 10,8% de las personas contestaron afirmativamente en 1996, apenas el 2,1% lo hicieron en 2006 y 3,4% en 2015. Paradójicamente, luego de diez años de RC y la RC el país está mucho menos politizado que hace veinte años. Algo similar ocurrió con la confianza inter personal. Ante la pregunta “se puede confiar en la mayoría de las personas”, en 2006 el 28,8% de las personas contestaron afirmativamente mientras que en 2015 solamente tuvieron una respuesta de ese tipo el 21,3% de los encuestados. Los datos ofrecidos dan cuenta que en ciertas ocasiones realmente es cierto que cualquier tiempo pasado fue mejor. Adicionalmente, la merma en la politización de la ciudadanía y la reducción de la confianza inter pares dan pistas para entender por qué la presencia de organizaciones cívicas es débil (para asociarse es necesario verse como igual y confiar) y también para estudiar por qué los actores políticos en Ecuador siguen persuadiendo y disuadiendo a la población con facilidad y a través de los mismos mecanismos que se usaban hace veinte o treinta años atrás.
Así es posible entender por qué la población no toma con dudas y cautela la creación de “comisiones especiales”. Cada vez que estas comisiones se crean no es sino con el fin de ocultar la verdad, proteger a los responsables de los atracos al Estado o evitar que la justicia opere. Para eso se creó la comisión legislativa que supuestamente investiga el asesinato del General Gabela. Para eso se dio forma a la comisión del 30-S. Para eso se han originado un sinfín de comisiones a lo largo del turbulento período democrático del país. En la misma línea, cada vez que escuchamos “se llegará hasta las últimas consecuencias” el mensaje real que nos están enviando es que todo quedará en la impunidad, que nadie será juzgado y que entre gallos y media noche (aunque ahora la sinvergüencería ha llegado al punto que ya lo hacen a plena luz del día) vendrán los fallos absolutorios desde la justicia. Algo similar se podría decir del famoso “caiga quien caiga” o del emblemático “por esta última ocasión”.
Efectivamente, un país despolitizado ofrece grandes ventajas a ciertos actores políticos y entierra a la sociedad entre el oprobio y la imposibilidad de cuestionarse. Un país despolitizado como el Ecuador, por tanto, es casi un cultivo de plantas: respiramos, nos reproducimos y morimos. Sin más ni más. Por eso es que nadie se incomoda con la corrupción pública y sus malhechores, nadie se inmuta con delitos execrables como el del General Gabela, nadie se cuestiona declaraciones tan oprobiosas a la política como las de Fernando Balda, nadie se alarma cuando desde el Tribunal Contencioso Electoral se dispendian recursos públicos. La lista es interminable. Ahí está entonces la explicación de por qué tenemos las cortes que tenemos y sus magistrados siguen orondos en sus cargos, sin sonrojarse a pesar de sus vergonzosas actuaciones. Ahí la explicación también de por qué nuestras universidades siguen entre las peor evaluadas de la región y no hacemos sino mirar hacia otro lado. Ahí el por qué de nuestra indiferencia ante una sociedad extremadamente machista y xenófoba como es la ecuatoriana.
Despolitizar a la sociedad fue el objetivo de RC y de la RC y lo consiguieron. No insinúo siquiera que antes de 2007 Ecuador haya sido la sociedad activa y vigorosa que se observa en Uruguay. Desde luego que no. Sin embargo, un proyecto político que abanderó la participación más activa de la población lo único que hizo fue erosionar aún más la discusión de lo político, de lo público. Por eso ahora todos los latrocinios y sus responsables se pasean sin ningún resquemor. Por eso ahora ellos y ellas se jactan de lo robado y son tratados como señores y señoras. Por eso ahora no hacemos nada frente a tanta dilapidación de los recursos públicos. Por eso no nos inmutamos al ver en cargos de ministros a muchos de los responsables de la miseria ética sedimentada durante la década pasada.
Para gobernar sin oposición de ideas, para disponer de los bienes públicos sin ningún reparo y para ahuyentar la asociación cívica, hay que despolitizar a la ciudadanía. Así se entiende también por qué en el país no existe difusión de la cultura, del arte, de los libros, de la investigación, del teatro, de la música. Cualquiera de estas expresiones son el enemigo principal de los políticos corruptos y de los gobiernos irrespetuosos de los Derechos Humanos. Todas esas actividades propician una conciencia de lo político y lo público. Todas ellas son actividades que impiden que la ciudadanía pierda la ingenuidad para permitir que nos persuadan y disuadan con argumentos tan banales como los que aún siguen utilizando algunos políticos del gobierno anterior y del actual.
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Retomar la politización del país debería ser uno de los puntos centrales en la agenda nacional. Si se habla de una reinstitucionalización del país convendría empezar por dotar nuevamente a la ciudadanía de interés hacia lo político y de confianza inter pares. Los políticos honestos y democráticos, que sí hay, seguramente estarán comprometidos con este emprendimiento. Los corruptos y sus secuaces, muchos aún incrustados en el gobierno, verán esta opción con recelo y con la esperanza de que el país siga debilitándose entre la indiferencia y la opacidad que RC y la RC nos dejaron como herencia.
Santiago Basabe es académico de la Flacso
Me temo que está confundiendo civismo (civilización) con participación política (politización). La participación política podría ser un componente de la participación cívica pero mientras menor lo sea mejor. Cuando el tamaño del gobierno es pequeño los ciudadanos no se ocupan mucho de la política, los suizos viven en un país “políticamente aburrido”. Mientras más grande es el gobierno más intensa y más “interesante” lo que ocurre en la política. Creo que su recomendación va dirigida a una mayor participación ciudadana en la sociedad civil. Lo cual es acertado, pero no comentamos el error de creer que lo que se necesita es más “politización”, la política en el Ecuador la tenemos hasta en la sopa.