Si el gobierno no asume el ajuste, los costos serán mayores

En 2016 el Presupuesto General del Estado (PGE) registró un déficit, según las cifras oficiales, de 5,6% del PIB y en 2017 trepó a 6,1% (en ambos años el déficit aumenta en cerca de un punto porcentual si no se considera dentro de los ingresos a los barriles de petróleo que se exportaron para amortizar preventas de años anteriores). El ministro Richard Martínez ha dicho que este año, si el Presupuesto se ejecutaba tal como había sido aprobado por la Asamblea (pero limpiando las groseras sobrestimaciones de ingresos que se introdujeron durante la gestión de Carlos de la Torre), la diferencia entre ingresos y gastos rondaría el 8% del PIB. Esos niveles de déficit, a todas luces insostenibles, se cubrieron en los últimos años con nueva deuda. Así, entre 2015 e inicios del 2018 el gobierno consiguió, sólo por emisión de bonos soberanos (a una tasa que, en promedio, superó el 9%), cerca de $13.000 millones. En el mismo período el gobierno también prevendió petróleo, acumuló atrasos y utilizó a un sumiso Banco Central como su prestamista particular, llegando a acumular con esa institución una deuda que rondó los $6.000 millones.

Según las últimas cifras de ejecución presupuestaria, en la primera mitad de 2018 el déficit fue de $639 millones; es decir, tres veces menor que en el mismo período de 2017 (nuevamente en ambos casos el déficit es mayor si se consideran únicamente los ingresos de caja; pero proporcionalmente la reducción entre ambos años es la misma). Este menor déficit es consecuencia en parte de un aumento en los ingresos, tanto petroleros como tributarios, pero sobre todo de una contracción de 9% en el gasto total. A su vez, esa caída en el gasto se explica enteramente por una reducción de 30% en el gasto de capital (compuesto por transferencias de capital a los GADs y por la inversión ejecutada directamente por el Gobierno Central que se redujo en 55%), mientras que el gasto corriente ha crecido 2% (impulsado por un mayor gasto en sueldos y salarios y también por la creciente carga de los intereses de la deuda).

La contracción en el gasto público, en una economía que en los años de correísmo generó una malsana dependencia hacia los recursos fiscales (en los últimos años el gasto público ha representado cerca del 40% del PIB), parece estar explicando la desaceleración de la actividad que muestran las últimas cifras publicadas por el Banco Central (correspondientes al primer trimestre del año). La misma causa explicaría los pobres indicadores del mercado laboral que reporta el INEC. (Aquí cabe hacer una acotación. El ministro de Trabajo ha puesto en duda las cifras del INEC, pese a que el último reporte de esa institución señala claramente que la caída en la tasa de empleo adecuado entre junio de 2017 y junio de 2018 no es estadísticamente significativa; es decir, que se encuentra dentro de los márgenes de error de la encuesta. Llama la atención y preocupa que desde el mismo gobierno se ponga en duda la veracidad de las cifras del INEC porque no le son favorables. ¿No significa eso una presión a los funcionarios del INEC? ¿Quieren que las cifras se hagan públicas sólo cuando muestren mejoras?)

Si bien el FMI ha destacadolos esfuerzos del nuevo equipo económico por transparentar la verdadera situación de las cuentas públicas y por lograr una “consolidación fiscal”, también señala que ésta debe ser más “balanceada”, lo que se puede interpretar como la necesidad de que el recorte no se centre sólo en el gasto de inversión, sino que se extienda también al gasto corriente, particularmente al gasto en sueldos y salarios. En la primera mitad del año el gasto en personal del PGE subió 4% frente al primer semestre de 2017 y amenaza con alcanzar en 2019 los $10.000 millones anuales si esa tendencia continúa. Como bien ha señalado Jaime Carrera en una de sus columnas en 4P, destinar semejante monto (equivalente al 10% del PIB) sólo para el pago de sueldos y salarios es inmanejable. Es urgente, por tanto, que el gobierno ataque también ese frente, pese a los costos políticos que eso le pueda generar.

En realidad, el gobierno y la sociedad en su conjunto deben tener claro que si se quiere corregir la situación económica y llevar al país a una senda de crecimiento sostenible (lo que necesariamente incluye un ordenamiento de las cuentas fiscales), el primer impacto será recesivo; es decir, menor ritmo de actividad y probablemente peores indicadores laborales. Lamentablemente, los desequilibrios heredados del gobierno anterior y de los primeros 12 meses del actual son tan grandes que no podemos salir de ellos sin pagar un precio. La respuesta del sector privado, que viene de sufrir diez años de “bullying normativo” (Richard Martínez dixit) y que ha perdido competitividad frente a los países vecinos (lo que también exigirá medidas políticamente costosas, como flexibilizar el mercado laboral), no será inmediata. Pero el gobierno, que ha tenido el acierto de restablecer en la nueva ley una serie de reglas macrofiscales (aunque su aplicación depende en exceso del reglamento), debe enviar señales claras de compromiso con un programa de corrección de los desequilibrios (lo que incluye anunciar metas claras de recorte del gasto y no salir a cuestionar las cifras que no le son favorables) si espera que la respuesta del sector privado no tarde mucho.

Quedarse a medio camino para evitar conflictos y protestas terminará siendo más costoso económica y, por tanto, políticamente.

José Hidalgo es economista.