Todos contra los subsidios, YA

Una de las mayores aberraciones que afronta el Ecuador de las últimas décadas es la política de subsidios al gas de uso doméstico y a las gasolinas (otra es la permisividad para la formación de movimientos políticos y las listas abiertas). Dicha política constituye una aberración pues, lejos de generar algún tipo de equilibrio social y tender hacia la reducción de las asimetrías económicas, se erige como el referente de la inequidad y la injusticia.
No se puede entender de otra manera que quienes poseen vehículo no asuman el costo real del combustible que utilizan y que, por el contrario, sea el Estado el que los apoye económicamente. Tampoco se entiende que familias de ingresos medios y altos cancelen valores por debajo de lo óptimo por el uso de gas en cocinas y calefones. Mucho menos se explica cómo desde las finanzas públicas se sostiene un subsidio orientado a que la piscina y el jacuzzi de su casa funcionen a menor costo. No está mal tener vehículo o piscina, lo que está mal y es una aberración es que el Estado tenga que asumir parte del costo que deberían cubrir por completo quienes reciben dichos beneficios.

Más allá de las estimaciones económicas que evidencian claramente el ahorro que tendría el país por la eliminación de estos subsidios (manteniéndolos únicamente en sectores económicamente deprimidos y para el transporte público), siempre se ha señalado que el costo político de asumir una decisión de ese tipo es tan alto que cualquier gobierno prefiere mirar hacia otro lado. No obstante, la coyuntura actual del país permitiría al Presidente Moreno asumir una decisión frontal sobre este tema. A diferencia de otros escenarios, ahora existe un mediano acuerdo en torno a que la situación económica es grave y que se requieren, por tanto, realizar ajustes en diversos sectores. Dado que la afectación por la remoción de los subsidios ataca a sectores económicos medios y altos, la movilización y conflictividad en las calles no tendría mayor asidero. Por otro lado, los diversos actores políticos evitarían confrontar con el gobierno pues los acuerdos alcanzados en otros campos les impediría asumir una posición beligerante. Adicionalmente, en la búsqueda de financiamiento en la que se encuentra comprometido el gobierno, una medida de este tipo constituiría un signo extremadamente positivo para los agentes económicos internacionales.

Si bien es cierto que otros presidentes ya intentaron tomar medidas de este tipo y que a la brevedad tuvieron que claudicar en sus intenciones, también es cierto que ninguno de ellos se hallaba en una situación política de transición. Aprovechar el escenario actual, en el que la opinión pública y la ciudadanía han visto con buenos ojos la intención del gobierno de desmontar la oprobiosa herencia de la década pasada, para sobre dicha base asumir el reto de eliminar los subsidios, puede generar beneficios de diverso orden al Presidente Moreno. Los más evidentes son de naturaleza económica, los menos visibles aunque con mayor impacto en el mediano y largo plazo son los relacionados a la reducción de las vergonzosas asimetrías sociales que fomentan las políticas de subsidios. Al final, jugarse políticamente para aportar a un país menos desigual e inequitativo podría ser una decisión que permitiría al gobierno pasar a la historia no sólo por fomentar el develamiento de los infinitos escándalos de corrupción de su predecesor sino también por dar un paso hacia una sociedad con menos injusticias sociales.

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Eliminar los subsidios al gas de uso doméstico y a las gasolinas es una decisión que se debe asumir no sólo como parte de la actividad del gobierno sino como un objetivo nacional. El ministro Richard Martínez ha dado ya la primera señal en torno a evidenciar que esta opción se está barajando. Seguramente el gobierno está a la espera de la reacción de los diferentes sectores sobre dicha propuesta. Por tanto, no basta con estar de acuerdo en que los subsidios son una aberración económica sino que hace falta también declarar que estamos conscientes que constituyen una política que atenta a principios básicos de justicia y equidad. Desde nuestros diferentes espacios, como ciudadanos comprometidos con el país y sus problemas, estamos en la obligación cívica de presionar al gobierno nacional para que asuma el reto histórico de eliminar esa fuente de desequilibrio fiscal y ético que constituyen los subsidios. Las redes sociales son nuestra única arma, activemos esos espacios. Como siempre, la reacción de los políticos y los partidos vendrá después de que la ciudadanía se pronuncie.

Santiago Basabe es académico en la Flacso.