Las relaciones entre los miembros del Consejo de la Judicatura transitorio no son nada buenas. Al menos no como lo fueron al inicio, cuando los vocales compartían actividades personales y sociales. Ahora, el clima es tenso y las suspicacias mutuas son constantes.
El fin de la primavera en el organismo que administra el sistema de justicia ocurrió cuando entre sus miembros chocaron dos visiones muy distintas sobre la independencia de los jueces. Por un lado están aquellos que, con ingenuidad ensayada, dicen que hay que intervenir para corregir o evitar actuaciones inadecuadas de los jueces o fiscales y, por otro, los que están convencidos de que la independencia de la justicia debe parecer y ser: no se interviene bajo ningún concepto que no sea como lo señala la ley.
En el primer grupo hay tres vocales: Aquiles Rigail, Marcelo Merlo y Zobeida Aragundi y, en el segundo, dos: Juan Pablo Albán y Angélica Porras. En el primer grupo se considera legítimo y justificado enviar cartas o remover a jueces que, según dicen, no están cumpliendo cabalmente con su trabajo. En el segundo, donde la voz la lleva Albán, se cree que los jueces y fiscales no deben sentir ningún tipo de presión, así ésta sea lo mejor intencionada y justa. En el fondo, las visiones que chocan son las de quienes, por un lado, sienten o dicen que luego de 10 años de burda manipulación correísta de la Justicia hay que vigilar y corregir la conducta de jueces y fiscales que fueron escogidos durante ese período y, por otro, la de aquellos que han preconizado y se sostienen en que la independencia de la Justicia es un principio absoluto.
El problema con quienes piensan que hay que intervenir para mejorar la conducta de los jueces y fiscales es que reproducen (quizá con intenciones completamente distintas) las lógicas del correísmo y de partidos como el socialcristiano que llevaron a secuestrar burdamente a la administración de justicia. En dos cartas, Aquiles Rigail pide a dos jueces explicaciones. En una de sus ellas, solicita a un fiscal del Guayas las razones por las cuales no ha tomado en cuenta las investigaciones oficiales que se han hecho a la gestión del prefecto Jimmy Jairala. “Me llamó la atencion pues de 25 denuncias (contra Jairala) se habían procesado dos o tres y el resto se había mandado al archivo”, dijo Rigail a la prensa cuando se refirió a ese caso.
En la otra carta, el vocal pide explicaciones a un juez civil de Quito sobre las consideraciones que hizo sobre un peritaje que considera sin valor legal en una sentencia en contra del médico Miguel Palacios Frugone que fue condenado a pagar 40 000 dólares de indemnización al ex presidente Rafael Correa por supuestas calumnias en su contra. Palacios había presentado una demanda por daño moral en contra de Correa y el ex presidente reconvino la demanda y exigió 40 millones de dólares. En la condena se dispuso el pago de 40 000 dólares. Rigal dijo: “No estoy amenazando al juez ni perurgiéndole a que tome decisiones que no sean acorde a derecho y a ley”.
https://twitter.com/VozdelaCiudad7/status/1027046751306502144
Si bien Rigail ha dicho a la prensa que su actuación solo pretendía obtener información sobre la actuación de los jueces, es obvio que las cartas, por más fines meramente informativos que persigan, pueden influir en la conducta de los administradores de justicia. Éstos podrían temer por perder su empleo o ser sancionados. ¿Cómo actuaría un juez que esté, hipotéticamente, procesando un caso en que algún familiar o amigo de Rigail esté involucrado? La ecuación es la misma que se ejercía durante el correato con los correos electrónicos que enviaba el entonces secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera o el ex presidente de la Judicatura, Gustavo Jalhk.
A las cartas de Rigail se suma asimismo, la decisión auspiciada por Marcelo Merlo de sancionar a una jueza que revocó la prisión preventiva del ex ministro Iván Espinel, tras una audiencia de revisión de medidas cautelares. Con esos gestos es inevitable que se produzca una influencia en la conducta de los administradores de justicia. Merlo y Rigail se exponen, además, a que sus actuaciones sean miradas bajo prismas que pudieran no corresponder a sus intenciones. Pero ahora cualquier ciudadano se puede preguntar por qué Aquiles Rigail intervino precisamente en esos dos casos, cuando hay otras miles en curso.
La posición de Albán y Porras apunta a una dinámica distinta. La independencia de jueces y fiscales puede tener costos en la calidad de la administración de justicia pero se trata de un principio fundamental de un sistema democrático que únicamente puede sobrevivir si se respeta de forma absoluta. Si el país aspira a una administración de justicia libre de influencias políticas o de poderes económicos, la única forma será comenzando por no ejercer presiones por más justas o loables que éstas parezcan.
Según Albán existen procedimientos legales para casos como los de Palacio. Si las partes creen que en la ejecución de la sentencia existe un problema tienen vías jurisdiccionales para reclamar sobre el proceso. Según él, en la parte procesal correspondería a Palacios reclamar y no a Rigail porque es funcionario público. Albán añade que si es que hubo una queja fue Palacio quien debió seguir el canal regular para su trámite. Sobre el oficio para la jueza de Guayas, Albán, además de injerencia, ve cierto tono amenazante.
@BastaImpunidad
Juan Pablo Albán es punta de lanza de Correa con el cuento que es defensor del derecho puro…….cuento !
.— Max Rocafuerte (@rocafuertemax) August 7, 2018
Albán, en su cuenta de Twitter, ha colocado mensajes que refuerzan su posición. En uno de ellos ha reproducido el artículo 123 de la Constitución que habla sobre la independencia de la justicia según el cual “ninguna autoridad pública, incluidos las funcionarias y los funcionarios del Consejo de la Judicatura, podrá interferir en las funciones jurisdiccionales, mucho menos en la toma de sus decisiones y en la elaboración de sus providencias”.
En el fondo, el choque entre los dos grupos del Consejo de la Judicatura se resume en la vieja y atávica disputa entre quienes creen que el tutelaje ejercido por los “buenos” es indispensable para el bien de la sociedad, incluso violando el principio de independencia de la justicia, y quienes están convencidos de que los principios están por encima de las buenas intenciones. En la disputa, en todo caso, se juega el futuro del sistema de justicia del país.
Foto del Consejo de la Judicatura
Me parece que se debe establecer en el país un sistema de auditoría legal, compuesto por miembros de la Academia, los Colegios de Abogados, para que los jueces sean evaluados y de esa forma evitar tanto relajo en la administración de justicia.
No nos olvidemos de que en un pasado cercano las sentencias se establecían en estudios jurídicos particulares y por supuesto eso tenis un costo.
El poder económico es fundamental a la hora de dictar sentencia, o si no pregunto cómo es que quedó libre el Sr Eljuri dentro del caso del Sain Bank, ya verán como hay que indemnizar a todos los banqueros por haberse llevado nuestro dinero
Hasta cuándo es la pregunta
Pais milagroso…..
Por arte de magia apareció otro patricio verde para bloquear el proceso de depuración de la justicia.
Basta yá
Como principio creo que la visión de no influir en la independencia de los jueces es la mas sabia. En un sistema de plena democracia y funcionamiento pleno de sus instituciones esto seria lo ideal. Pero, nos olvidamos de algo: el pais esta tratando de salir del sistema putrefacto y vicioso que nos dejo el correismo. En estas circunstancias no caben las manos blandengues y las posiciones santurronas. Al correismo, cual bicho pernicioso hay que acorralarlo y castigarlo sin pena. Los doctores Merlo, Rigail y Aragundi, son gente honorable, intachable y sin rabo de paja, que sufrieron en carne propia la sevicia del dictadorzuelo. Ademas, hay un pronunciamiento popular que respalda su labor. ?Como hacerse los imparciales ante las múltiples denuncias contra Jairala, trepador de todos los gobiernos, que tiene a todos sus familiares en los puestos mas jugosos y transformo la prefectura en una cueva de disipación. Mal se hace en tratar de limitar la vindicta publica encarnada hoy por hoy en el Consejo de Participación y la Judicatura. Ya vendrán mejores tiempos para el pais, donde la justicia y la imparcialidad brillaran con luz espontanea. Por ahora, hay que darle con todo a la impudicia correista.
“…Albán, en su cuenta de Twitter, ha colocado mensajes que refuerzan su posición. En uno de ellos ha reproducido el artículo 123 de la Constitución que habla sobre la independencia de la justicia según el cual “ninguna autoridad pública, incluidos las… y los funcionarios del Consejo de la Judicatura…” pueden qué señores. El distinguido abogado Albán, NO ha sufrido el trámite de un juicio y si lo sufrió, él lo conoce. Esperar una sentencia más de un AÑO para que se pronuncie un juez, que significa, ab. Albán …?, cree usted que una corte provincial se preocupa de sancionar a un juez inferior por demorar un juicio. Quién puede sancionar a un funcionario lento y parsimonioso en sus actuaciones. Cree usted Dr. Albán que los jueces provinciales o nacionales estarán dispuestos siquiera a recriminarles a los despreocupados jueces inferiores. La función Judicial no es de imposiciones, es de transparencia. Y eso comprende lo que usted conoce, pero sacrílego es ostentar un cargo administrativo.
Creo que la posición de Juan Pablo Albán y Angélica Porras es de muy sano criterio. La actuación de Marcelo Merlo,como Presidente al suspender a la jueza Dávila, fue legal pero extemporánea. Para que suspenderla cuando la jueza ya había ordenado la revocatoria de la prisión preventiva. Los oficios dirigidos por Dr. Aquiles Rigail, totalmente equivocados, es una injerencia clara, además de equivocada. Lo grave para este Consejo de la Judicatura y para el CPCCST es cómo actuar con una legislación y una estructura judicial escogida impuesta por el correismo para mantenerse “300 años” Mas grave aun: Van a mantener la forma de designación del CJ definitivo como lo concibió Correa, en mayo 2011. Si o no?
Insisto ALBÀN PARECERÌA UNA FICHA DEL CORREISMO EN ESTE ALTÌSIMO TRIBUNAL. Deberìan dejar trabajar a los que si quieren depurar la justicia.
Si el Dr. Albàn no se siente a gusto deberìa renunciar, està demostrando su inexperiencia e inmadurez. El paìs està cansado de la corrupciòn y exige sanciones a todo nivel, esto incluye a la justicia que durante 10 años aupo este tipo de comportamiento. No se que pretensiòn de armar tanto alboroto de parte de este ciudadano y no dirigir todo su esfuerzo hacia donde debe, es desagradable verlo salir a ventilar todo a los 4 vientos y no tratarlo civilizadamente, me recuerda a la decada pasada. Creo que se equivocaron al seleccionarlo, ventajosamente es provisional. Ahì estàn ecuatorianos de dilatada y amplia trayectoria como el Dr. Merlo, el Dr Rigail entre otros, que pena que el sainete que està armando Albàn solo favorezca al correismo. dejenlos trabajar y hacer lo que el pueblo ecuatoriano ha demandado.
No, Martín, no. Claro, ahora te haces el muy ‘justo’. Tu redacción es la misma aplicada por los fiscales en el caso de los guardias agredidos en Los Ceibos. Tienes las pruebas, en este caso los videos de la agresión, pero dices que no pasó nada. Ahora traslademos eso al caso Jairala. 25 denuncias en la Comisión Anticorrupción que fiscales y jueces del correísmo mandaron al archivo. Ahora no quieren que los toquen por ‘la independencia de la justicia’. Claro, si el afectado fuera un familiar tuyo o tú mismo, entonces opinarías diferente. Se está dejando en la impunidad a un sujeto que dilapidó el presupuesto de la Prefectura en compra de caballos, empresas de Perú, contratos a dedo a beneficio de familiares y amigos, y publicidad con los Alvarado. Es irónico.
Don José,
Gracias por su comentario. Usted parece mezclar dos cosas: una, es el principio de no intervención por parte del Consejo de la Judicatura en las decisiones sobre casos particulares que llevan los jueces. Otra es si se debe o no investigar el manejo del Sr. Jairala en la Prefectura del Guayas. Apoyar lo primero, no significa ignorar lo segundo. Y para cada caso, hay mecanismos que son de incumbencia de los jueces; no de los vocales del Consejo. 4Pelagatos es favorable a la independencia de la Justicia; no a la corrupción y a la impunidad. Cordial saludo.
Ya realmente no se sabe que está bien o que está mal con la justicia en el Ecuador, gracias a la década pérdida y la metida de mano en la justicia por el círculo rosa y sus ñañas…Los jueces tienen que actuar ajustados a las leyes y punto, ya basta de interpretaciones personales de cada artículo que eso, sólo lleva al caos jurídico…
Si no se cierne a los jueces de la época correista la justicia seguirá en manos de ese señor y lo peor q seguirá siendo corrupta.
Mientras no hallan nuevos jueces y fiscales sin ataduras políticas, no se va a poder hablar de justicia independiente. El consejo de la judicatura sigue siendo la misma basura, pero con diferentes moscas.
FIEL REFLEJO DEL CORREATO,EL LODO SIMPRE SE PEJAGARÁ EN LOS ZAPATOS,Y CON ESA SUCIEDAD MANCHARA TODO LO QUE ESTE A SU ALCANCE.URGENTE CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN.SI LOS NUEVOS MIENBROS TIENEN PROBLEMAS,ES PORQUE LOS ALIANCISTAS LES PONEN TRABAS DESDE TODOS LOS ÁNGULOS.NO ES DE OLVIDAR,QUIÉN ESTABA AL FRENTE Y QUIÉN LE SOSTENÍA,PARA QUE HAGA LO QUE LE DA LA GANA.CAMBIAR CUESTA,PERO ES NECESARIO.
Creo que no he entendido bien lo que esta pasando. Asi de enredado debe ser el sistema de “justicia” en nuestro pais. Pero me he quedado inquieto, por decir lo menos, de que personajes como Jairala no sean juzgados como un ciudadano comun. Es eso lo que se podria inferir? Con razon que buscan a toda costa perpetuarse en cargos publicos.
Solo por lógica común es lo más relevante que he leído, por supuesto sin ser un conocedor tácito o expreso.
También opino que el Consejo de la Judicatura debe tener injerencia para extirpar (velar) toda evidencia del correismo sin llegar al antagonismo pasado.
La posición del Dr. Albán es la que más se ajusta al ideal de tener una Justicia independiente, pero el texto constitucional es altamente sugestivo en cuanto mantener a los jueces libres de toda injerencia, pues el número 5 del artículo 181 de la Carta Fundamental atribuye al Consejo de la Judicatura (transitorio o definitivo) “Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial”. Esa palabrita “velar” es la que invita al tutelaje, y puede habilitar “recomendaciones” que siempre implican presiones tácitas o expresas.
Que pena y a la vez una vergüenza para la justicia, asistir a las mismas practicas del “poder…” reciclado de los otra hora ungidos e iluminados que abusan de la condición de gobernantes. Aun nos queda el anhelo de que esto cambie por el bien de la justicia y la patria.