Lo que Moreno no hace y no hará

La estructura legal y administrativa siguen intocadas. Salvo la eliminación de la aberración de la reelección indefinida, las formas creadas durante el correísmo para sostener la corrupción estructural y el abuso institucionalizado, siguen vigentes. No hay debate sobre ellas y menos aún intención de alterarlas en su fundamento. Esto, que es evidente por el tiempo transcurrido, acaba con las pretensiosas perspectivas de condecorar a Moreno con la calidad del presidente de la transición. Esos procesos de transición significan abandonar un modelo de lo político y económico, por nefastos, y mudar hacia otro que garantice ser estructuralmente democrático, económicamente eficiente y ético.

En vez de eliminarlo –porque significó el modus operandi del correísmo para secuestrar al Estado– Moreno sostiene al Consejo de Participación Ciudadana y, en peores circunstancias, porque deberá ser integrado por vía electoral y con candidatos que, por los requisitos, siempre será posible que personas sin representación alguna o fraguada, tomen la atribución de integrar y controlar entidades de control y de administración de justicia. Instituciones de esa naturaleza existen otras en la Constitución de Montecristi, forjada en los torcidos sesgos ideológicos del socialismo del siglo XXI, que las hace incompatibles con el funcionamiento del mercado y permite el dirigismo estatal en la economía de las personas; el retorno al modelo de gobierno centralista y controlador que acabó con la independencia del Banco Central y que consagró un modelo neoconstitucionalista y sus métodos de interpretación que sirvieron para constitucionalizar los abusos de un gobierno abusivo. No se piensa siquiera en que hay que reformar profundamente la Constitución facciosa del correísmo para tener una constitución integradora y universalista.

El sistema previsional es un caos. El IESS y el BIESS son entidades manipuladas por políticos con intereses políticos y para llenar los bolsillos de los corruptos. Mamotretos burocráticos e ineficientes. El ahorro, que tiene como origen el aseguramiento para fondos de jubilación, debe ser la fuente de financiamiento de grandes obras y de largo plazo. La preocupación de cómo se acumulan esos fondos y cómo se administran debería ser un tema de la mayor preocupación de quienes ejercen el poder para modificarlo desde su fundamento, para sanear el inmanejable déficit actuarial y ofrecer a los jóvenes una alternativa que les garantice que gozarán de su ahorro acumulado y que no se perderá por los irresponsables manejos politiqueros. Moreno, al parecer, propone mantener el status quo. No hay debate, intención o propuesta sobre el que es, creo, el problema más grave en términos fiscales (en lo que representan las deudas estatales con el IESS); en términos sociales por la deficiente calidad de los servicios de atención médica y los impactos que tendrá la incapacidad financiera para atender pensiones de futuros jubilados y, en términos financieros, porque el ahorro interno de los fondos previsionales lo ha deglutido el Fisco en gasto improductivo.

Se intentó reformas a las leyes que regulan en sistema educativo superior. Los rectores de las universidades elevaron sus expectativas por los ofrecimientos de las autoridades de cambiar las estupideces regulatorias de René Ramírez, intervencionistas y alucinadas. Poco a poco, las expectativas se fueron diluyendo hasta llegar a un texto final de reformas a la Ley, que bien cabe calificarlas como “del lobo un pelo”. O peor es nada. O con el lamento conformista: “no se puede esperar más porque, no te olvides, siguen siendo de Alianza País”. Proceso similar siguen las reformas a la Ley de Comunicación. Moreno propuso cambios en el mismo formato. Esto es, que el Estado debe intervenir en la calificación de la calidad de la programación, de la calidad de la información –incluyendo las redes sociales calificadas de medio de comunicación– y que se debe regular la actividad de los medios como negocio, reglando el abusivo 1×1 que obliga a escuchar al “talento nacional” sin beneficio de inventario e interviene en el mercado de elaboración de comerciales. Es lo más que se puede obtener, concluyen los comunicadores. Pero es evidente que esa ley, cuya existencia es innecesaria, debe reducirse a meras declaraciones sobre el respeto y garantía a los derechos fundamentales.

El 30S representa una afrenta a la verdad y a la justicia. Un desbocado Correa, con autoimagen mesiánica que pensó que los policías se inclinarían por su sola presencia, provocó un incidente que produjo muertos, que llevó a muchos ciudadanos a la cárcel, que acabó con las carreras profesionales de varios. Se esperaba que el gobierno de Moreno hubiera puesto particular interés en desnudar la verdad y poner frente a la justicia local e internacional a los responsables del ataque a un hospital. Pero, hasta ahora, parece ser que el tema se diluirá.

Finalmente, en política internacional Moreno ha intentado tibios movimientos que lo distancian de la cómplice política internacional del correísmo con la corrupción y represión de los compinches del socialismo del siglo XXI. Pero se sostienen en el filo. No avanza hacia un rompimiento frontal y ético con la dictadura de Maduro y así sumarse a la línea de aislamiento de ese gobierno infame, acordada en Lima.

La agenda es grande, pero Moreno sigue pensando que la transición empieza y termina en seguir lanzando dardos contra Correa.

Diego Ordóñez es abogado.