A finales de 2014, cuando estaba por empezar el último año de la segunda presidencia de Cristina Kirchner, un sondeo realizado en medio de un importante encuentro de empresarios de Argentina anticipaba el escándalo de corrupción que se destapó hace pocos días en ese país y que amenaza con seguir sumando involucrados. Una crónica del diario La Nación narraba lo sucedido:
“La pregunta vino de pronto y envenenada. (…) Desde las pantallas se interpelaba a todos a contestar sobre un hipotético pago de coima. ‘Si un acto de corrupción está destinado a obtener una aprobación (por ejemplo, una habilitación municipal) maliciosamente retenida, ¿es censurable la actitud del empresario?’, decía. Era el dedo en la llaga. ‘Epa’, soltó el economista Tomás Bulat, que moderaba el panel, al ver en las mismas pantallas el resultado de las respuestas, emitidas en simultáneo a través de dispositivos electrónicos desde cada asiento: el 53 por ciento decía que ‘siempre’ era condenable esa práctica, pero un inquietante 47 por ciento se dividía en ‘sólo en casos extremos’ (28 por ciento) y ‘nunca’ es condenable (19 por ciento).”
Desde que el mismo diario La Nación reveló el caso de “los cuadernos de las coimas”, no ha dejado de crecer la lista de empresarios que, buscando reducir sus posibles condenas, han optado por colaborar con la Justicia argentina en calidad de “arrepentidos”. Los testimonios de algunos de ellos dejan en evidencia la disposición de una buena parte del sector empresarial de ese país a pagar coimas con tal de obtener contratos con el Estado.
En Brasil la corrupción del sector privado no se limita, ni de lejos, a la constructora Odebrecht, que reconoció haber pagado decenas de millones de dólares en coimas en distintos países de la región, entre ellos Ecuador. La famosa Operación Lava Jato ha derivado en la condena de muchos otros empresarios brasileños. Y en Perú, donde varios ex presidentes están involucrados con los sobornos, también han sido vinculados importantes representantes del sector privado de ese país.
En los últimos meses la avalancha de noticias sobre casos de corrupción en Ecuador ha sido tal que ya resulta agobiante. Pero salvo alguna excepción, como Tomislav Topic, de Telconet, que admitió haber pagado casi $6 millones al tío de Jorge Glas en “servicios de cortesía”, son muy pocos los empresarios locales que han sido involucrados con esas causas. La mayoría de las empresas que de alguna manera han sido mencionadas en casos de corrupción son extranjeras: Odebrecht, WorleyParsons, Grupo Azuly, por supuesto, las empresas chinas.
¿Tan impoluto es el sector empresarial ecuatoriano en su conjunto? ¿Tan distinto ha sido su comportamiento al de sus pares en Argentina o Brasil, pese a haber tenido que lidiar con gobiernos similares? Si se hiciera localmente un sondeo como el que se hizo en Argentina, ¿los resultados serían muy distintos? ¿Ninguna empresa ecuatoriana que trabajó con el Estado en los últimos años –cuando los sobreprecios y los “contratos complementarios” fueron moneda corriente–, ya sea construyendo obras o vendiéndole bienes (autos, computadoras, uniformes) o servicios (consultorías, servicios de guardianía) pagó una coima? Realmente resulta difícil pensar que así sea. Después de todo, hay antecedentes que no hablan demasiado bien del sentido ético de algunos empresarios, como aquellos que contrataron sus servicios de publicidad con empresas de Vinicio Alvarado (sabiendo la injerencia que él tenía en las decisiones de gobierno) o aquellos que tenían grupos de whatsapp con él mismo o con otros altos funcionarios cuya simpatía convenía ganarse.
Siendo así, es importante que las investigaciones judiciales sobre la escandalosa corrupción de los últimos años no se centren sólo en los funcionarios del anterior gobierno (o de éste), sino que se extiendan también a los empresarios locales que trabajaron con el Estado. No sólo por un sentido mínimo de justicia y decencia, sino sobre todo porque la única manera de erradicar las prácticas corruptas es haciendo saber a los “empresarios” que acostumbran pagar coimas (aunque el título de empresarios les queda grande) que también ellos pueden terminar presos.
José Hidalgo Pallares es economista.
La coima ha sido una práctica común en la actividad diaria de la sociedad ecuatoriana. Desde el pago al agente de tránsito para evadir una multa mayor, hasta el famoso 10% del total de la obra en los contratos de obras civiles en los gobiernos autónomos descentralizados e identidades gubernamentales, se han convertido en algo normal y prácticamente obligatorio. Empresarios deshonestos, hicieron a su vez del auspicio a líderes populistas locales, regionales y nacionales, una empresa de manejo del poder, para sacar beneficio personal en desmedro de la sociedad en su conjunto.
Alguien recuerda algo del grupo EL JURI ?
Claro que si, quien vendio ese chuchanal de vehiculos Kia a la policia?
Es fácil. Solamente hay que seguir el hilo. Por ejemplo tomemos el hilo que se llama Carlos Marx Carrasco y nos llevará hasta una madeja completa que sigue lucrando del Estado. Pero hay algunitos que saben cubrirse las espaldas.
Como diría Cantiflas: nombres, nombres, nombres
Es fácil detectar, observando a las compañías y personas que tenían contratos en forma continua con el régimen, incluso habrá sorpresas en las que muchos empresas privadas tenían como dueños o accionistas a directivos que ejercían actividades en la función pública.
Solo como ejercicio, observen la intensa actividad de Herdoiza Crespo..?, y que decir de las fiscalizaciones, tanto empresas como personas naturales, tienen mucho que decir en sobre precios, en control de calidad y en aumento de presupuestos con alargamiento de plazos, hay obras que no se construyeron pero se planillaron con aprobación de fiscalización, y hay empresas que recibieron anticipos y no ejecutaron trabajos y no han devuelto los anticipos…?
Totalmente de acuerdo. Hace varias semanas, en radio Democracia, manifesté que la corrupción es una moneda de dos caras y que estábamos fijándonos únicamente en una, en la de los funcionarios públicos