Ojo a la elección del Quinto Poder

Todos sabemos que el proceso electoral que se avecina será particular porque en él se designarán, por primera vez en las urnas, a los representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Es decir, los ecuatorianos tendremos que, además de escoger Alcaldes y Prefectos, elegir con nuestro voto a las personas que ocuparán ese organismo poderoso que tiene a su cargo la designación de los representantes de los órganos de control del Estado.

Aún no está muy bien definido el mecanismo de postulación para ser candidato a estas dignidades y estamos a la expectativa de cuál será el reglamento que el CNE produzca con ese propósito. Cualquiera que sea su modalidad, se supondría que representantes destacados provenientes de organizaciones sociales, con probada experiencia en procesos de participación ciudadana y visión democrática, serán los llamados a postularse y a quienes veremos en las papeletas.

Sin embargo, para garantizar a la ciudadanía que esta elección es equitativa, justa y persigue lograr representatividad social, hay aspectos fundamentales que deben solucionarse primero y que obligatoriamente deberá contener el reglamento mencionado. Por ejemplo: asegurar  la paridad de género en las postulaciones, así como la equidad tanto en la participación como en la promoción de los candidatos. Promover el ejercicio del control social durante el proceso mediante un  acompañamiento de veedurías ciudadanas que tengan garantizado el total acceso a la información de los pormenores de la elección.

Es importante que, en cumplimiento del mandato de la Consulta, la elección del CPCCS definitivo tenga elementos técnicos como los mencionados, No obstante, no deberíamos dar por terminada la discusión filosófica sobre la pertinencia de mantener este organismo a futuro.

Los ciudadanos deberíamos continuar con el  debate sobre el destino de este órgano porque tenemos diez años de lecciones aprendidas que nos hacen dudar sobre su eficacia y utilidad para el fortalecimiento de la democracia. Conviene seguir reflexionando si es bueno para el país mantener un organismo tan poderoso porque durante la última década demostró  su naturaleza frágil en institucionalidad y fuerte en probabilidades de cooptación política.

Recordemos que    el CPCCS fue creado con la intención de quitar la influencia política en la designación de los órganos de control y lograr así la consolidación del  Estado de Derecho mediante la independencia de poderes. En la práctica, sirvió justamente para lo contrario: todos  fuimos testigos del rol que jugó este organismo y de cómo estuvo  alejado del fortalecimiento democrático, al  que se suponía debía contribuir, y terminó siendo un brazo de ejecución política del gobierno, consolidando organismos de control completamente politizados, incondicional al régimen de turno y presto a debilitar la institucionalidad del país. Y lo más grave: ayudó a construir estructuras de impunidad.

Ante esa realidad, aspiramos a que el nuevo Consejo, que nacerá de la voluntad popular, esté respaldado desde lo técnico por una  elección con reglas claras y equitativas, porque solo así logrará legitimidad desde el principio. Pero al mismo tiempo esperamos que no se abandone el debate sobre su conveniencia a futuro.

Para que la democracia se fortalezca en el país, necesitamos una ciudadanía activa, no corporativizada; ciudadanos con capacidad de incidencia que se representen a sí mismos y a sus demandas.  Sería un error pensar que el derecho a la participación ciudadana proviene y se define desde el Estado y sus organismos. Si bien este último tiene la obligación de garantizar a sus habitantes el ejercicio pleno de este derecho, la esencia de la participación ciudadana pertenece al pueblo, es independiente y debe ser ejercida sobre todo en el ámbito de la sociedad civil.

Por lo tanto, debemos estar vigilantes y  mantener la designación del CPCCS definitivo en la mira: es una obligación pero sobre todo es un derecho ciudadano exigir que nazca de un proceso claro y equitativo.

Ruth Hidalgo es Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana.