¿Por qué no intentar otras formas?

Lo paradójico es que Correa vendió el cuento de que su gobierno rompía con el pasado. Vendió la farsa de ser la antítesis, según él, de la “noche neoliberal”. En un ensayo académico, Aparicio Caicedo y Arianna Tanca muestran que la tal noche no fue sino crudo populismo; que durante el correísmo fue crudo, abusivo y corrupto populismo.

Los militantes políticos disfrazados de académicos, los políticos de la justicia social, los políticos de la derecha populista, los empresarios mendigos de protección, han obrado durante años para impedir cualquier reforma estructural para reducir el peso de intervención del Estado en la economía, usar al Estado para hacer política social mediante variadas formas de clientelismo y repartir cuotas y parcelas sobre los negocios del Estado. La historia económica del Ecuador expuesta en “La Noche Larga No Liberal” (nombre de la obra de Aparicio y Arianna) sirve para destruir el bulo de que en el pasado hubo algún atisbo de una economía de mercado y para confirmar que el Estado ha sido el eje de la economía que, a su vez, ha girado en torno al precio del petróleo. A iguales conclusiones, que fundamenta con una extensa investigación, llega el expresidente Osvaldo Hurtado en su obra “Ecuador Entre Dos Siglos”.

Un primer y potente cambio ideológico en la sociedad y en sus élites debería ser trastocar la historia de clichés y consignas, por la historia de los hechos. Y así asumir que las soluciones que requiere la crónica inestabilidad económica y los magros resultados en el remedio estructural de la pobreza, no pasan por crear subsidios sino por reducir el subempleo y que, conceptualmente, deben ser diferentes a las atávicas políticas para mantener el intervencionismo estatal en la economía.

¿Puede haber duda de las distorsiones y efectos perniciosos en el largo plazo, que crea la fijación de precios hecha por el gobierno? Los precios se forman por oferta y demanda en una economía de mercado. Durante años, los precios en la economía de la “noche populista” han sido políticos. Los fija el gobierno por aranceles para proteger a la industria que no es sino protección a la renta del empresario. Los fija el gobierno mediante listas de precios mínimos de productos agrícolas. Y los fija por miedo al desgaste político como es el caso de los combustibles. Y saltan “empresarios del transporte” y beneficiarios del precio subsidiado para amenazar con el caos y con el colapso económico si termina ese regresivo subsidio.

Como es natural en un gobierno de la izquierda de la justicia social, la receta es la misma. Que sea el Estado el que fije el precio de combustibles porque también es el Estado el que monopoliza la refinación e importación y controla parte de la comercialización. Ni pensar por un momento en reordenar las cuentas fiscales y la política tributaria para que el costo del ajuste y el costo de producción no lo carguen los particulares; peor aún enfrentar el problema de precio modificando estructuralmente el modelo del mercado de derivados. Esto es, que el Estado abandone su rol de productor, importador y comercializador. Acabar así con inmensos gastos e inmenso robo en repotenciar la capacidad de refinación, acabar con otra fuente corrupción en contratos de compra de combustibles y acabar con el uso de recursos para invertir que es la excusa para comisiones y sobreprecios.

Pensar diferente, no por dogmática obcecación sino porque la evidencia de los hechos muestra que es un error económico, con severos efectos empobrecedores, persistir en las mismas formas. Otras economías salieron del modelo estatista y la fijación política de precios –unos más, unos menos– y sus resultados de crecimiento y aumento del empleo muestran que debería ser un camino a seguir.

Los dueños de los taxis (no los choferes) han tenido, históricamente, un peso político de bloqueo y chantaje. Correa los cooptó como sus aliados repartiendo en su favor el manejo de entidades de control. El Estado central y ahora los municipios deben lidiar con ese chantaje político resultado de un monopolio creado por políticas públicas, que incluyen la manipulación de los precios para mantenerlos bajos, mediante otros subterfugios que hacen que el negocio del taxismo sea rentable en menos por el precio y en más por otros subsidios y prebendas. El Alcalde de Quito fue acosado por el taxismo en su domicilio, lo que luce infame y delictual. Concejales lucen grilletes en sus tobillos –lo que no es impedimento para que descaradamente sigan ejerciendo el cargo– por denuncias de tráfico de permiso de operación. El monopolio, creado por la barrera de obtener una autorización municipal para ofrecer el servicio, sirve para que quien los otorga pueda traficar con ellos y para bloquear la competencia. Por eso impiden que trabajen quienes no están cooperados en torno al monopolio.

¿Por qué no pensar diferente para acabar con el monopolio, acabar con una fuente de corrupción y dejar que sean la competencia y  usuarios quienes decidan el precio y la calidad del servicio?  Si se eliminan la emisión de autorizaciones y se acaba con el monopolio, el funcionario público y los taxistas pierden su oportunidad de chantaje. El control en quienes prestan el servicio sería exclusivamente en la calidad profesional de quien conduce y la idoneidad técnica del vehículo.

La historia debe servir para cambiar el futuro. Los trabajos académicos que nos aproximan a una verdad, sobre hechos, cifras, evidencias, sirven como insumo para reordenar las ideas y sepultar los prejuicios. En ese sentido, se agradece el esfuerzo permanente del expresidente Osvaldo Hurtado, presente en su extensa obra bibliográfica. Se agradece a Aparicio y Arianna por observar la realidad fuera del pensamiento hegemónico de la academia militante y escribir sus reflexiones fuera del statu quodel cliché. Ojalá políticos y opinadores recojan este material con el compromiso  de intentar otras formas y superar el subdesarrollo en las ideas, que produce subdesarrollo económico y pobreza crónica.

Diego Ordóñez es abogado.