¿Descorreizar? Falta demasiado

En últimas columnas he descrito los cambios que deben hacerse para erradicar los nefastos modelos político y económico, instrumentados por el correísmo. Esto, al parecer, va más allá de la comprensión e intención del gobierno del presidente Moreno; no obstante que, por la agudeza de sus críticas a su predecesor, lo natural habría sido que los impulse. Acabar con la reelección indefinida y con ello el caudillismo institucionalizado y eliminar a los agnados de Correa de cargos fundamentales de la administración pública –esa ha sido la tarea del Consejo Transitorio– ha significado un gran paso en el cambio de personas pero no de la estructura legal, que persiste tal cual la creó una mentalidad autoritaria y abusiva.

En la refundación apoyada por el 82% del electorado –incluidos muchos de dirigentes políticos y alcaldes que hoy compiten por el título de anti correístas–, que se inició con la inconstitucional convocatoria a una Asamblea Constituyente, modificó el sistema de partidos y el sistema electoral, tanto en la Constitución como, luego, en el Código de la Democracia.

Se arrasó con los existentes partidos, que fueron obligados a reinscribirse, al mismo tiempo que se legisló para promover el movimientismo, grave sobre todo en el ámbito local por la profusión de organizaciones que se constituyeron para promover que líderes cantonales participen electoralmente. Esto, que fue maquillado como una medida permisiva para una más amplia participación electoral, en realidad encubría el interés de Alianza País de dispersar al resto del electorado. En medio de esa dispersión se instituyó un incentivo perverso para profundizarla: el financiamiento con dinero del presupuesto fiscal de franjas electorales. Grupúsculos se formaron para traficar con los dineros recibidos para pagar el agenciamiento publicitario.

Otro cambio fue el la distritalización de los territorios electorales. Se produjo el efecto que los politólogos conocen como gerrymandering; esto es, sobrerrepresentación de circunscripciones en relación con la población electoral para beneficiar, como sucedió, la hegemonía de Alianza País. Esto, asociado a los métodos de asignación de escaños, permitió que el correísmo obtuviera la hegemonía en la Asamblea Nacional con el consiguiente secuestro institucional de estos diez años. Con menos de la mitad de los votos, se les asignaba curules por sobre los dos tercios. Con esa mayoría ilegítima se trastrocó la casi totalidad de leyes y se silenció la fiscalización.

En 1979 se puso en vigencia las Leyes de Partidos y Elecciones, con el propósito de que se fortalezcan organizaciones nacionales representativas para evitar el fraccionamiento y se viabilicen los gobiernos sustentados en acuerdos para formar mayorías. Durante la vigencia de esas normas, se mostró su ineficiencia. La manipulación de organizaciones minúsculas y el tráfico de sus votos, impidió que los umbrales electorales funcionaran para eliminarlas.

Los gobiernos y los parlamentos se integran con políticos. La forma en la que participan y como se distribuye la representación es fundamental para legitimar una democracia. Los países en los que se instalaron gobiernos inspirados en el Foro de Sao Paulo, lo hicieron manipulando las reglas electorales para perpetuarse. Lo que Castro hizo luego de una lucha guerrillera y a la fuerza, lo hizo Chávez y luego sus corruptos herederos, por medio de elecciones. Controlar las instituciones para legalizar sus abusos pasaba por lograr la hegemonía obtenida en las urnas.

Apenas cabe comparar –por las diferencias entre el sistema presidencialista y el parlamentario– pero es fundamental para la estabilidad política en el largo plazo que los gobiernos se organicen mediante concertaciones entre organizaciones políticas que persisten en el tiempo y que no sean conformadas ad-hoc. Los recientes casos de la elección de Rajoy en España y Merkel en Alemania, mostraron, que aunque con dificultades, los gobernantes deben abrirse a alianzas y ampliar sus agendas de gobierno.

El sistema electoral debe corregirse para evitar que los movimientos locales puedan participar en elecciones pluri y unipersonales y evitar así el caudillismo o el caciquismo. Debe resolverse por un sistema de asignación de escaños que guarde proporción entre los votos y la representación y garantice espacio a las minorías representativas. Debe eliminarse el sistema de franjas publicitarias o reservarlas para organizaciones que representen alguna porción del electorado. Por lo menos que por estructura electoral no falte, aunque culturalmente se mantengan esos vicios derivados de la tendencia al fraccionamiento político y al uso de las organizaciones políticas para provocarlo.

El gobierno de Moreno, que algún rato se perfiló como el promotor de una alianza para provocar la urgente reforma para erradicar cualquier vestigio del correísmo y su esencia autoritaria y corrupta, está perdiendo esa oportunidad. Pero, estos cambios en el sistema electoral son necesarios y hacerlo debe estar en la agenda de la política y de la academia.

Diego Ordóñez es abogado.