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El sismo de Manabí vuelve para cobrar cuentas a Carlos de la Torre

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El desvío que se hizo de los fondos recaudados para remediar los efectos del terremoto de abril del 2016 es una de las estafas públicas más grandes de la historia moderna del Ecuador. Obligar a la gente a entregar dinero, diciéndole que va a ser usado en la reparación de una tragedia humana y usarlo en otros asuntos es criminal, peor aún cuando para recaudar el dinero se utilizaron todas las capacidades coercitivas del Estado.

Solo de lo que se sabe, al menos 500 millones de dólares que se recaudaron con la Ley de Solidaridad que se aprobó luego del sismo no fueron usados en aquello que se dijo y que la ley obligaba. De esa cantidad, 120 millones de dólares fueron oficialmente desviados durante el gobierno de Rafael Correa mediante un acto administrativo del entonces ministro y actual asesor de Nicolás Maduro, Patricio Rivera. Luego, en el gobierno de Lenín Moreno otros 300 millones fueron transferidos por el ministro Carlos de la Torre a una cuenta distinta a la de la reparación de los daños del sismo para cubrir gasto corriente del gobierno. Hay que agregar casi 80 millones de dólares que, según informes de Contraloría, se destinaron a pagos que no tenían ninguna relación con el sismo. Entre esos, el puente sobre el río Mataje en la frontera con Colombia.

La estafa, hasta ahora, ha sido impune. Aunque se trata de una violación monumental a la Ley de Solidaridad y una traición a una sociedad que fue obligada a entregar dinero aprovechando incluso su vulnerabilidad emocional por la tragedia, no ha habido ninguna decisión institucional para sancionar a los responsables. Sin embargo, la posibilidad de que el silencio, que ha habido en la conversación nacional sobre esta estafa pública, pueda ser alterado ha aparecido. Se trata del juicio político que la Asamblea Nacional ha calificado contra Carlos de la Torre, precisamente por su decisión de desviar 300 millones de dólares.

Luego de que durante siete meses, en los que el correísmo y el morenismo lograron dilatar el juicio a De la Torre, finalmente la Comisión de Fiscalización calificó el proceso que fue planteado por Tanlly Vera, asambleísta de CREO por Manabí. La legisladora sostiene que durante siete meses, el correísmo y el morenismo lograron bloquear el juicio y que en ese esfuerzo fueron clave el ex presidente de la Asamblea José Serrano y el vicepresidente Carlos Bergman, también manabita como Vera.

El juicio es un ejercicio prácticamente inútil desde el punto de vista práctico o procesal. De la Torre ya no es ministro y la censura, si llega a haber, no lo hará perder el cargo, peor aún le obligará a responder ante la Justicia. Es posible que ni siquiera esté presente cuando se inicie el juicio e incluso que no dé las explicaciones que se esperan sobre lo que hizo. Sin embargo, el juicio puede llegar a ser una ventana para que esa estafa colectiva sea discutida por la sociedad, al menos por una parte de ella.

Según la asambleísta Tanlly Vera las pruebas madre para hacer el juicio son dos: una declaración de De la Torre ante la Comisión de Fiscalización en la que justificó la transferencia afirmando que fue hecha porque los fondos estaban “ociosos” ya que no había obras en ejecución.  Y una carta enviada a los medios manabitas por Carlos Bernal, encargado de los trabajos de reconstrucción, en la que aseguró que no se podía hacen más obras para los perjudicados por el terremoto ya que no había dinero.

Si bien las pruebas de las que habla la asambleísta sostienen el proceso, lo cierto es que los hechos son contundentes: en enero del 2018 Carlos de la Torre informó públicamente que a finales del 2017 había dispuesto que 300 millones del fondo creado con el dinero recaudado con la Ley de Solidaridad se transfieran a la cuenta única del Tesoro. Según esa ley, “los recursos netos obtenidos de las contribuciones creadas en esta ley se registrarán en la cuenta específica del Presupuesto General del estado para la construcción, reconstrucción y reactivación productiva”.

El ministro Carlos de la Torre no dice la verdad al país

De la Torre no solo violó olímpicamente la Ley sino que cometió una evidente estafa pública, al igual que lo hizo su predecesor Patricio Rivera con 120 millones de dólares. En el caso de Rivera, al menos hay un informe de Contraloría que establece que, efectivamente, se violó la ley al destinar ese dinero a actividades ajenas a la reconstrucción. “El Ministro de Finanzas autorizó la transferencia de 120 millones de dólares a la cuenta 01110006 CCU-MIN Economía Cuenta Corriente Única y según explicación de la Viceministra de Finanzas, esta se realizó con el fin de ubicar dichos recursos en las entidades financieras públicas, a efecto de compensar los valores que hayan colocado a las entidades del Financiero Nacional, para operaciones de crédito en actividades productivas, construcción, vivienda, microcrédito, o educación”: esto sostiene el informe de Contraloría del cual muy poco se ha hablado en medios y redes sociales.

Carlos de la Torre fue nombrado al inicio del gobierno de Lenín Moreno para que continúe con la política económica del correísmo y tape lo que sus amigos y predecesores hicieron en el Ministerio de Finanzas. Curiosamente el sismo, del 16 de abril del 2016, regresa para volverlo a trepar al escenario público donde tiene que dar explicaciones por sus acciones y omisiones.

6 Comments

  1. Este es le discurso oficial que nos vendía el licenciado… “cirugía mayor a la corrupción”; pero la realidad es que vivimos la cirugía al los bolsillos de los ecuatorianos. Mientras mantengamos esta clase política viviremos 300 años de impunidad como nos ofreció el mashi, más miseria moral y ética, que con cinismo y descaro se jactan públicamente de su desfachatez los gobernantes de turno

  2. Comento este artículo, aún a sabiendas que nunca lo van a plublicar.
    Realmente molesta que vamos de escándalo en escándalo y no pasa NADA. Ninguno está preso, ni devuelven lo que se han llevado. Realmente es espeluznante todo este proceso de la RC en que han dejado al país en una miseria moral sin precedentes.

  3. Indigna ver que no solo meten la mano en la justicia, nos meten la mano en los bolsillos a todos los ciudadanos, directamente, sin discreción, con absoluto descaro, y nadie hace nada!! La mayoría de la sociedad sigue su vida como si no hubiera pasado nada! No era dinero que nos sobraba, era algo que compartíamos con hermanos ecuatorianos inmersos en una tragedia! Solo la prensa, ustedes periodistas nos traen a la memoria este tipo de actos, que como uno más del “gobierno de la robolución ciudadana” quedarán impunes, porque, como usted bien dice, el sinvergüenza del ministro ya no está ni estará, y el Gobierno actual bien gracias. Que costoso va a ser para nuestra sociedad vivir las decisiones irresponsables, llenas de odio, cínicas de un grupo que lo único que buscó fue su propio bienestar; el Estado y el resto de ecuatorianos les valemos un carajo!

  4. Metástasis de corrupción: en el anterior gobierno y más aún, en el que pregona una lucha que no llega ni a escaramuza.

    El sagaz análisis hecho por el periodista, aparte de ser contundente es por demás claro, Moreno nombra a un alcahuete, para tapar las atrocidades del correísmo, y la alianza País de ayer y de hoy, se unen para salvar a este taimado. ¿Cuál gobierno es más corrupto: el del mafioso de Lovaina o el de ahora?

    La exacción a los empleados de la función legislativa, ya lleva más de once años, y se sigue dando en el gobierno actual, y la correísta que preside la asamblea, hace todo para que ese putrefacto atraco se olvide del imaginario popular dándole largas en la asamblea. La resolución aprobada ayer da asco, pues responsabiliza a los medios.

    Esto es suficiente para aquellos que todavía no despiertan ante la ratificación de la impunidad por parte de este gobierno.

    ¡¡ Qué horror!! Este es el país en que vivimos.

    ¿Hasta cuándo el pueblo no deja oír su voz, ante tanta podredumbre: la del ayer inmediato y la de ahora?

  5. Ni solamente debe responder de este atraco de la Torre, también el jefe de la banda, “Carlitos” y el actual padrino de la mafiosa familia correone: el ilegítimo presidente del Ecuador, Lenin Moreno Garcés

  6. Estafa pública y a la fé publica, ya para estos sinverguenzas era pan diario, una mancha mas al tigre de estos infelices, por eso el mameluco no quizo ni oir de un fideicomiso, rata sucia de alcantarilla putrefacta carcomido por el hediondo gusano pestilente de la corrupción, ya ni mas hay que decir de estos PHD honoris causa de la robolución de la decada cagada, hay para un siglo de tratar de reparar la desgracia del peor ciudadano Ecuatoriano del milenio.El mashi.

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