Ese cáncer llamado impunidad

Se está haciendo costumbre para los ciudadanos, despertarnos  todos los días con noticias relacionadas con los casos de corrupción que se van conociendo; datos acerca de aquellos  hechos que ya conocíamos y anuncios de nuevas trafasías. El hecho cierto es que, últimamente, no hay tertulia ni reunión en donde no se hable de esto.

Los medios de comunicación están ayudando mucho, con sus investigaciones, a exponer en detalle al ojo público verdaderos sistemas que estaban diseñados, al parecer, para conducir redes de corrupción que se articulaban, en el interior del sector público, y facilitaban la construcción de un verdadero festival de coimas, comisiones y componendas. Un sistema que no solo involucraba a los altos funcionarios sino en el cual participaban activamente mandos medios y bajos de las instituciones; es decir, a todos les llegaba.

A veces se piensa, equivocadamente, que la corrupción se combate cambiando las cabezas de los organismos del Estado donde estas situaciones fueron detectadas. No es así ya que para poder actuar, los funcionarios corruptos necesitan contactos en niveles que les facilitan reportes, les levantan informes y les pasan papeles. Es esto lo que contribuye a la construcció de una estructura de lealtades infranqueable porque para todos termina significando un negocio rentable.

Cuando la corrupción se vuelve una estructura en la función pública, es muy difícil combatirla y para ello muchas acciones son necesarias. Es importante una decisión política que debe ir acompañada de un plan de intervención eficaz y  la designación de  funcionarios y operadores confiables  en los sitios claves que, con valentía y rectitud, investiguen los casos y administren justicia. Toda iniciativa de lucha contra la corrupción debe contar con el apoyo de Fiscales y Jueces probos, que no se dejen torcer su brazo ni por amenazas ni por dádivas, y peor por presiones políticas.

Cuando Fiscales y Jueces dilatan los procesos, no están cumpliendo su trabajo porque su retraso contribuye a que los corruptos compren tiempo, coloquen bienes mal habidos a nombre de terceras o cuartas personas e inclusive abandonen el país. El retardo y la falta de celeridad en la investigación y en la toma de medidas judiciales en los casos que hoy se conocen, está generando  un estado de impunidad. La impunidad, como todos la conocemos, no es otra cosa que la falta de sanción contra quien comete un acto ilícito. Consecuentemente no existe enmienda ni personal ni social y ese acto punible se queda sin castigo.

Esto es muy grave porque está comprobado que la impunidad daña la institucionalidad de los Estados, genera en los ciudadanos la cultura de la coima, de la trampa y del dinero fácil y produce, poco a poco, una descomposición social cuyo efecto multiplicador no deja de hacerse ver en todos los estratos.

Si los ciudadanos toleramos una cultura de impunidad y no exigimos que los actos de corrupción sean sancionados como se debe, que sus autores, cómplices y encubridores vayan a la cárcel, pronto vamos a ver como normal que la coima y el soborno sean instrumentos cotidianos para alcanzar cualquier cosa, en lo grande y en lo chico.

Para ilustrar mejor la idea de cuán grave es la impunidad, podríamos decir que puede ser equiparada a un cáncer porque, al igual que esa catastrófica enfermedad, la impunidad, alimentada de una institucionalidad débil, avanza silenciosamente, se esparce por todo el Estado hasta disminuirlo en todas sus funciones y acabar con él. Arrasa con todo, instituciones y funcionarios que finalmente, no responderán a la ética y al derecho sino a la dinámica mafiosa que genera este fenómeno.

Los ciudadanos necesitamos respuestas efectivas. Los discursos ayudan a salir del paso a los líderes frente a la opinión pública, pero se están empezando a quedar cortos. Queremos a los culpables donde deben estar y aquellos que ya han sido apresados deben ser juzgados en derecho, pero sin miramientos. Ya no queremos seguir viendo ex funcionarios corruptos circulando sonrientes creyendo que vencieron. Necesitamos que por fin se imponga la justicia por el bien del Ecuador.

Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.