El Dr. Trujillo en su laberinto: designar la Corte Constitucional

Ardua tarea le han encomendado al Dr. Trujillo al titularizarle en un órgano desprestigiado y abiertamente contrario a los principios de la democracia liberal representativa, como es el Consejo de Participación Ciudadana. Más ardua es la tarea si consideramos que la llegada del Dr. Trujillo coincide con el intento nacional de dejar atrás una década de atropellos y desmesuras para las que, precisamente dicho órgano, fue determinante. En este viaje, desde la podredumbre del autoritarismo de la Revolución Ciudadana disfrazada con el discurso popular kirchnerista, hasta el intento de devolver algo (un mínimo al menos) de institucionalización al país, en varias ocasiones al Dr. Trujillo le habrá pasado por la cabeza la idea de que solo la eliminación de dicho Consejo es la salida real al problema. No obstante, aunque ese debería ser el objetivo nacional a mediano plazo, ahora mismo hay que recurrir a soluciones coyunturales. Por tanto, no hay que esperar demasiado de las próximas designaciones en órganos clave, como la Corte Constitucional.

En efecto, más allá de lo mejor o peor elaborado que pueda estar el mandato del Consejo para la selección y designación de jueces de la Corte Constitucional, lo cierto es que un minúsculo grupo de representantes del Ejecutivo, la Asamblea Nacional y ese Frankenstein moderno llamado Función de Transparencia, designarán a nueve jueces constitucionales propuestos por el propio Presidente Moreno, la legislatura y la versión nacional de la novela de Mary Shelley. Es que en Ecuador no hay mutuos chequeos y controles entre poderes del estado sino sinergias, así decía el credo correísta. Frente a tal escenario, nada bueno se puede esperar de las próximas designaciones. Ese es el problema de fondo. Sin embargo, como eliminar el Consejo de Participación requiere modificar la Constitución (una vez más) y eso desborda al Dr. Trujillo y sus colegas, al menos debieron preocuparse de que las reglas para la designación de la nueva Corte Constitucional sean más claras y orientadoras. Eso no ha sucedido.

De la lectura del mandato en mención salta a la vista que el Consejo no entiende bien el papel que cumple una Corte Constitucional en un Estado moderno. No lo entiende bien porque considera que allí deben estar prioritariamente expertos en Derecho Constitucional, Administrativo y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Asume el Consejo, por tanto, la visión minimalista de que a las cortes deben ir buenos abogados, de aquéllos que saben todo de Derecho pero poco de la realidad circundante. Una Corte Constitucional debe ser precisamente lo contrario. Un tribunal de esa envergadura debe ser el espacio en el que converjan abogados que, a posteriori de su titulación, se hayan enriquecido de formaciones académicas diversas. Si se va a ser juez de la política hay que entender la sociedad, la economía, la cultura, el medio ambiente. Por ello es que entre los grandes jueces constitucionales de América Latina y Europa muchos de ellos viene de la Ciencia Política, la Sociología, la Antropología Jurídica o el Derecho Económico.

Con una restricción como la que ahora consta en el mandato, constitucionalistas de la talla de Hernán Salgado Pesantez, por ejemplo, difícilmente podrían llegar a la nueva corte. Su doctorado es en Ciencia Política. Tampoco profesores de Derecho Constitucional, como Agustín Grijalva o Ramiro Ávila, tendrían opciones. Estudiaron Ciencia Política y Sociología Jurídica en el doctorado, respectivamente. Cierto es que la triste constitución new age que heredamos plantea un mecanismo de designación de jueces constitucionales que es aberrante. Cierto es. Pero al menos, usted Dr. Trujillo, preocúpese que este proceso sea lo menos defectuoso posible. Con una reglamentación en la que se establecen restricciones absurdas como la anotada (y otras muchas más) a lo único que se está conduciendo al país es a que la Corte Constitucional esté integrada nuevamente por desconocidos, inoperantes y corruptos. Tres rasgos distintivos de ese tribunal en los últimos diez años.

El país sabe que en este último viaje del Dr. Trujillo hay embates y circunstancias que no le acompañan, al igual que a Simón Bolívar al intentar llegar al Caribe colombiano. Sin embargo, haga usted el esfuerzo porque ese mandato para designar la Corte Constitucional sea lo menos defectuoso posible. Mantener la idea de que los nuevos jueces deben tener una formación prioritaria en Derecho Constitucional, Administrativo e Internacional de los DDHH es un error de fondo. Cierto es que al final se colarán los amigos, agnados y cognados de los de siempre, pero al menos usted, Dr. Trujillo, debería precautelar que el ocaso de su vida política vaya en consonancia con la transparencia que lo ha caracterizado desde siempre. Con el paso del tiempo y las aguas, el país se encargará de extirpar definitivamente el Consejo de Participación y el risible mecanismo de designación de los miembros de la Corte Constitucional.

Santiago Basabe es académico de la Flacso.