Julio César Trujillo dijo, en Radio Democracia, el 27 de septiembre, que piensa proponer, con el Contralor Pablo Celi, una reforma Constitucional mediante una consulta popular. Con dos objetivos: que aquello que han hecho no pueda ser revisado por quienes los sustituyan en los cargos y que el organismo del cual hace parte, el Consejo de Participación Ciudadana, desaparezca.
De esa propuesta ya se había oído hablar. Es evidente que tanto el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio como el Contralor subrogante han ejercido tareas que se antojan excepcionales por la naturaleza del momento político. Eso no prueba que se hayan extrapolado en sus funciones: subraya la ausencia de autoridades independientes del Ejecutivo durante una década y delata la casi anomia institucional en que quedó el país. Que esas autoridades propongan que los ciudadanos ratifiquen en las urnas sus decisiones tampoco es nuevo: Fabián Alarcón recurrió a los ciudadanos para que lo confirmen como Presidente Constitucional en mayo de 1997 y el correísmo citó a otro referendo, en septiembre de 2008, para aprobar o rechazar la Constitución de Montecristi.
No es de extrañar que los ciudadanos tengan que volver a sellar la ruptura política y constitucional con el correísmo. Hay razones humanas (recelo ante una posible persecución) y razones institucionales: una transición es siempre resultado del juego político y, tras el momento, puede prestarse, en el campo jurídico o constitucional, a interpretaciones antojadizas. Por esto requiere la expresión en las urnas de los electores. La Consulta Popular de Febrero de este año, marcó un derrotero y dio un mandato al Consejo de Participación Ciudadano Transitorio. No obstante, el ejercicio de esas facultades, que se ha traducido en la cesación de un buen número de autoridades dejadas por el correísmo, requiere un aval. No para ser legales sino para evitar que aquellos políticos que resultaron afectados puedan, en el futuro, aspirar a reparaciones solo compatibles con su nivel de servilismo en favor del autoritarismo. Si el quiebre es político, se entiende que la opinión tiene que ratificarla en las urnas. La misma lógica cobija a la Contraloría que, haciendo su trabajo, produjo decisiones inhabituales en diez años y, en ese sentido, contribuyó a deshacer el ovillo constitucional armado por el correísmo a su favor.
La consulta popular es imprescindible por otra razón, que también incluyó Julio César Trujillo: el Consejo de Participación Ciudadana es un bodrio inventado por el correísmo en Montecristi. Se sabe desde su concepción cuando Alberto Acosta, entonces Presidente de la Asamblea Constituyente, no sabía cómo dar forma a un deseo (que fue vendido como legítimo y loable) de que hubiese una observación ciudadana sobre los organismos de control del Estado. Acosta llegó a pensar en otro ente, como el Congreso, quizá más masivo, que designara a sus autoridades y cuyos miembros salieran de los municipios y provincias del país. Un delegado por cada uno.
El Consejo de Participación Ciudadano y Control Social resultó ser un fiasco. Una falacia que pavimentó el camino para que Alianza País y sus aliados hicieran concursos falsos que sirvieron de biombo para repartir los cargos de fiscalización entre parientes, militantes y amigos que robaron y dejaron robar sin sonrojarse. Por eso el país supo, meses antes de que Galo Chiriboga dejara la embajada de Madrid que él sería Fiscal General o que Carlos Polit era indestronable en la Contraloría.
No haber acabado con ese cargo en la Consulta Popular de febrero pasado solo se explica por la necesidad de desmontar el aparato inteligentemente armado por Correa y los suyos para quedarse en el poder y cubrir sus espaldas. Pero a estas alturas, es inaudito pensar siquiera en la permanencia de ese organismo. Eso significaría convertir la institucionalidad en un golpe de suerte. Los ciudadanos solo tendrían que esperar que los miembros del nuevo Consejo de Participación resulten sensatos, demócratas convencidos, incorruptibles, independientes del poder Ejecutivo y la tendencia política del momento… Lo mejor es sincerar en su concepción y en su conformación la realidad y diversidad políticas del país en su conjunto y crear mecanismos para que la institucionalidad que aparezca sea sensiblemente parecida a la que el país diseñe. Esto debe surgir de un debate imprescindible y urgente. Enhorabuena que Julio César Trujillo al fin lo ponga sobre la mesa.
Foto: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social T.
En estos momentos de transiciones del país en asuntos politicos, económicos, no es prudente hacer una consulta popular sobre asuntos resueltos por el Consejo de participacion ciudadana y control social transitorio que en términos generales las evaluaciónes y toma de decisiones a las. autoridades nombradas por el CPCCS (anterior) en varias instituciones ha sido las correctas, pero considero que sus evaluaciónes sobre las instituciones de Control no se ha cumplido totalmente, por éste motivo sorprende que el Dr Julio Cesar Trujillo en declaraciones en radio Democracia el 27 de septiembre haya expresado:
“… que piensa proponer, con el Contralor Pablo Celi, una reforma Constitucional mediante una consulta popular. Con dos objetivos: que aquello que han hecho no pueda ser revisado por quienes los sustituyan en los cargos y que el organismo del cual hace parte, el Consejo de Participación Ciudadana, desaparezca.”
Dr. Julio César Trujillo Por su calidad moral y buen prestigio ganado ante el pueblo del Ecuador, considero que es un deber civico concluir las evaluaciones en estas instituciones conforme el mandato y encargo dado por el pueblo del Ecuador.Y por su temor que las decisiones por el CPCCST sean revisadas no debe tener temor cuando se trabaja con honestidad.
Como el consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que era el ente apadrinador de agnados y cognados del régimen, para que lleguen a los más apetecidos puestos, sin saber leer, ni escribir, existe muchos otros puestos e instituciones que creo Correa, para dar puestos a borregos alcahuetes y muchos avivatos que medraron del poder político de turno, los mismos que por no cumplir funciones relevantes del país, deben también desaparecer, para dar un respiro al ya demasiado obeso aparato burocrático del Estado.
sincerarnos sería un camino, aunque suene más a una ilusión que a una necesidad social pues hay tantos ámbitos en nuestra sociedad que hay que transparentarlos y actuar con rectitud y honestidad; pero esos son actos que lo harían hombres sanos y coherentes.
Iglesia, educación, empresa y cultura son los campos que nos urge actuar con sinceridad como si de una necesidad básica se hablara, pues se la necesita para una supervivencia digna, porque el pueblo no come política, ni entiende de verdades ajenas. El pueblo está educado para servir, obedecer y de esto lo están disfrutando los sociópatas, psicópatas y megalomaníacos..
“Que hombres tan astutos, que hombres tan perversos, han osado burlar a todo un país, sólo las mentes enfermas gozan de tanta crueldad que se vive en las calles y en los hogares. Han logrado destruir lo básico: la fe en el mismo hombre”.
Y en lo político eliminar a quienes actúan en favor del poder, sería entre las cosas más sensatas en un acto de sinceridad que se pueda dar en nuestro país. Para el resto de políticos deberían aprobar exámenes de historia, leyes y psicológicos como pruebas elementales para servir a los demás… pues eso es la política.
Lo demás cómo lo arreglamos?; cómo se sana a una población que está destruyéndose a sí misma?…
Estimada Carmen, celebro que coincida con mi modesta opinión (Sobre el 30 S) y le escribo porque me siento como que le debo una respuesta, mil disculpas no haberlo hecho antes (ya sabe como es el trabajo).
Como corolario a su comentario creo pertinente mencionar lo que decía Platón: “El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres” y al hacer referencia a esta máxima, hoy convertida en axioma, no es mi afán evidenciar una aspiración personal a función pública de elección alguna, ya que la política concebida como la mejor forma de servir, se la puede ejercer inclusive desde el anonimato y quizá con mayores satisfacciones para nuestro espíritu y para los destinatarios de ese servicio.
Celebro también, que hoy por hoy, por fin tengamos la libertad de expresar lo que pensamos y lo que sentimos, sin miedo a ser censurados, vilipendiados, sometidos al escarnio público y posiblemente hasta perseguidos y procesados como lo fueron los mentores de este medio (4P), que en los momentos más aciagos de la autocracia corrupta fue tal vez, la única luz en aquella nefasta oscuridad intelectual, la última bocanada de oxígeno en aquel ambiente putrefacto.
Es como Usted dice: sincerar, estar conscientes de que no vivimos en aquella ficción que nos quiso vender el estado de propaganda, salir de aquel aletargamiento y despertar a la realidad, reconociendo nuestras falencias, tomando medidas urgentes en los aspectos más sensibles, conscientes de que los centros de rehabilitación no son lugares para reeducar a persona alguna; se debe hacer un verdadero acto de sinceración dejando de lado la hipócrita conveniencia personal o política y poner definitivamente en el debate público: ¿a quién mismo van a servir los funcionarios que perciben las remuneraciones pagadas por el pueblo?; ¿a ese mil veces maltratado pueblo o a sus maltratadores?.
Para esta crítica los servidores públicos referidos son aquellos Asambleístas, que por estar en sus anacrónicas, impertinentes e ingenuas elucubraciones ideologizadas, legislan para lo que ellos quisieran que sea la realidad y no para lo que es; elaborando leyes piadosas, benignas cuyas penas no tienen la más absoluta proporción con el daño causado.
Por ponerle un par de ejemplos:
El promedio de vida de una persona es de 70 a 75 años, nuestra ley penal en el caso de asesinato (quitar la vida a otra persona de la peor forma imaginable) lo máximo que puede aplicar como sanción es 26 años de pena privativa de libertad, es decir: para nuestros hacedores de leyes, la vida de una persona de bien vale 26 años de la un asesino.
Otro ejemplo es el caso en donde si lo hurtado no supera el cincuenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general, el transgresor es sancionado con pena privativa de libertad de quince a treinta días; actualmente estaríamos hablando de 193 dólares. El valor de una oveja no llega esa cantidad, algunos celulares no llegan a ese valor, algunos accesorios de vehículos definitivamente no llegan a ese precio; sin embargo, dadas las actuales condiciones económicas, estamos conscientes de que ha costado a sus dueños meses y a veces años de cuidado, en el caso de animales, meses o años de ahorro, en caso de los otros ejemplos, tiempo de las personas de bien que a juicio de los hacedores de leyes equivalen a 15 días del tiempo del delincuente.
Pero hay que verlos en acción, apasionados como ellos: Ah… “los derechos humanos”, obviamente de los delincuentes, en este sentido, los DDHH de la víctima no existen; oh… “el principio de la mínima intervención del estado”; por estas actitudes es que algunas personas y en casos comunidades enteras (especialmente de la sierra) opten por aplicar la justicia por su propia mano ya que concluyen, que nos les sirve la “justicia” que el estado les ofrece.
Quizá le decepcione mi estimada Carmen, ojala pudiera sugerir mejores opciones, mismas que nunca se deben descartar y a largo plazo siempre serán, por ejemplo, la educación y la generación de oportunidades; pero mientras tanto se debería proteger a la sociedad de alguna manera y por el momento la única forma considero que es agravando las penas.
Saludos cordiales
El CPCCS nació como un fiasco y sigue siendo un fiasco que tiene que desaparecer. Siempre se prestará para que el cacique de turno elija a dedo a las autoridades de control, lo que allana el camino a la corrupción. No crean que todos los reemplazos realizados hasta aquí por el CPCCS- T son mejores que los anteriores, se conoce de casos de autoridades de control encargados y sus equipos que también son de vergüenza. Debemos ir hacia una reforma que realmente viabilice la elección por mérito, concurso y con escrutinio público. Publicará esta opinión esta vez Sr. Hernández?.
AXIOMA: Proposición o enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración. Ejem: VOX POPULI, VOX DEI (La voz del pueblo es la voz de Dios)
NORMAS CONSTITUCIONALES DE UN ESTADO: son especialmente todas aquellas reglas o mandatos de carácter esencial, instauradas específicamente por el Poder constituyente y de capacidad suprema. Ejems:
1) “ (…) La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.”;
2) “(…)La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.”
DERECHO A LA PARTICIPACIÓN: Es el derecho de cada uno de los ciudadanos A PARTICIPAR EN LA DIRECCIÓN DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, justas y auténticas y tener acceso a la función pública, en el marco de procesos democráticos basados en el consentimiento del pueblo que garanticen su goce efectivo junto a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, CUALQUIERA sea la forma de constitución o gobierno que adopte un Estado. Está reconocido en el Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “1.Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, DIRECTAMENTE o por medio de representantes libremente escogidos. (…)”; en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ampliado en la Observación Nº 25 sobre Participación en los Asuntos Públicos y Derecho al Voto del Comité de Derechos Humanos.
OPINIÓN: Idea, juicio o concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o alguien.
POLÍTICO/A: persona que se dedica a la política, interviniendo o aspirando a intervenir en el gobierno de un Estado, comunidad o municipio.
OPINIÓN DE UN/A POLÍTICO/A: Idea, juicio o concepto que un/a político/a tiene o se forma acerca de algo o alguien:
Ejems:
1) “Cuando hablamos del pollo; el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas, por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre”. Evo Morales.
2) Entrevista a un/a político/a ecuatoriano/a sobre vía adecuada para eliminar a la figura del Consejo de Participación Ciudadana:
Periodista: ¿Cuál es la vía idónea para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana?
Político/a: La convocatoria a una Asamblea Constituyente, ya que eso significaría cambiar la estructura del estado.
Periodista: ¿No es una opción la democracia directa ejercida por el pueblo a través de una Consulta Popular, por ejemplo?
Político/a: No, no la es, ya que existe un candado constitucional que impide que el pueblo tome ese tipo de decisiones; esas decisiones importantes solamente la pueden tomar políticos/as de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes.
Qué las élites (Lasso y similares…) no proponen algo alternativo, reformado, y mejor, sino que simplemente buscan que se suprime el Consejo – igual al eco en este garabateo – es bastante revelador. Desde siempre buscaron disminuir la participación de los ciudadanos!
No se dejan engañar – lo mínimo debe ser una reforma de verdad hacia un senado de la ciudadania con cargos rotativos y voto mandatorio.
Desde el inicio del gobierno de Correa se escucharon voces del pueblo y analistas políticos expresando total desacuerdo con la creación de monstruos que sólo tenían el fin de construir una autopista para poder volar, porque la planificación del mal estuvo desde antes de que aquel fuera candidato. Realmente fueron verdaderos constructores de la ignominia. Y para que nadie los detenga, obviamente pusieron a cobardes malechores para servir de guardanalgas de tanto pillo. Concursos en los cuales ganaban únicamente los alcahuetes del régimen. Fácil recordar que Chiriboga siendo uno de los más bajos en puntos, mediante triquiñuelas encabezó la lista y fue mafiosamente nombrado…igual con el truhán Pólit, quien posiblemente ya tenía en la manga todas las respuestas.
De acuerdo con el Dr. Trujillo: esta creación demoníaca debe desaparecer por que nadie garantiza su idoneidad en el futuro. Otra dependencia que debe ser borrada de la estructura del gobierno, es el ministerio de justicia, porque ello equivale a duplicación de funciones, pues ya existe una función judicial y lo que hasta ahora ha realizado la “justicia” del gobierno, es garantizar el buen vivir de los delincuentes en las cárceles. La última vergüenza la dio una tal Espín y la abogada de Ochoa, defensor de Correa. Este solo hecho, como muy bien lo señala el señor Hernán Pérez Loose hoy en El Universo, en EE. UU. hubiera sido sancionado con la pérdida de la curul y el retiro de la licencia de abogada, respectivamente.
Magnífico su artículo señor Hernández, con la salvedad de que no comparto cuando dice: “… desmontar el aparato inteligentemente armado por Correa y los suyos…” En vez de “inteligentemente”, bien se pudo haber escrito: “MAFIOSAMENTE”.
Pero si algunas autoridades de control elegidas por este CPCCS-T son peores que sus antecesores, e igualmente correístas, sin la menor duda. Se sabe al menos de un par por ahí y sus “equipos de trabajo” que son realmente de vergüenza, por decir lo menos. Y eso quieren blindar?
Muy de acuerdo que debe desaparecer el CPCCS. La Asamblea con el millón de vicios que tiene, debe retomar la elección de las autoridades de control; sin embargo, para evitar que elijan en base a las consabidas componendas, previamente debería llamarse a un concurso de méritos llevado a cabo una firma internacional o una universidad internacional de prestigio que garanticen imparcialidad y se seleccione a los de mejores credenciales, sin que en absoluto intervenga, al menos en esa instancia, la Asamblea, el poder central, ni grupo político alguno.
Los tres mejores puntuados, con la mayor preparación académica y suficiente experiencia para cada caso, serían los que el presidente remita a la Asamblea para la respectiva elección y nominación. Algo parecido a lo que hacen en Colombia para elección de Contralor.
Aunque suena a utopía, dada la realidad del Ecuador actual, solo algo similar a eso garantizaría una mejor elección de autoridades de control.
Fantastica idea Dr. Trujillo!!!
Estoy seguro que todos los ecuatorianos que verdaderamente sentimos la Patria en nuestro pecho, APOYAREMOS ESTA IDEA.
El trabajo hecho por ustedes es digno de felicitacion, me permito sugerir (de ser posible) incluir en la consulta que SE REDUZCA drasticamente el numero de OCIOSOS en la Asamblea, han probado que no sirven para nada (la gran mayoria) y como ya lo dijo un digno Jurista en alguna ocasion, que SOLO DEBERIA HABER EL 15% de asambleistas y eliminar el resto, obligar a los grupos politicos para que sean responsables y pongan candidatos PREPARADOS que sean capaces de aportar soluciones a los problemas del pais y no solamente a ser LEVANTAMANOS que solo aspiran a que llegue el fin de quincena y cobrar.
¿Todo pasado fue mejor señor Hernández? ¿Debemos regresar a las ternas con nombres de compadres? Entiendo el malhacer del Consejo, pero ¿no sería mejor reformarlo y establecer reglas más claras y mayores prohibiciones para cercanos al régimen de turno?
Cuando algo se critica, ¿usted entiende que se está defendiendo el pasado? Que automatismo más curioso.
Hay que evitar la politiquería y la deshonestidad en las instituciones que regirán los destinos del Ecuador.Creo que Julio Cesar Trujillo hizo un gran papel y merece ser escuchado.
Creo que la creación de un “senado” con funciones específicas como: la fiscalización, los límites al gasto público (presupuesto y deuda) que vengan de las provincias, uno por cada una o dos en rotación es una buena idea.
Hasta donde se sabe El congreso u asamblea son los representantes del pueblo. Para que más? y si que se venga otra consulta para poner fin y candado a los corruptos. También sería bueno reducir el número de asesores y exigir titulos de tercer nivel a todos los servidores publicos de acuerdo al area que se desempeñen.
Pero es lastimero que una vez en el cargo estos personajes olvidan que su responsabilidad es con el pueblo y empiezan a actuar en pro de sus propios intereses o según les convenga.
Tantas leyes, disputas y peleas que tienen un trasfondo en el cual el último interés es el de la ciudadanía.
Muy de acuerdo con el Dr. Trujillo, tanto en la consulta popular como con el cese del CPC. No creo, sin embargo, que se deba dar el “merito” de su creación al ignorante psicópata del ático; debe haber sido Mera, ése sí inteligente pero pillo que se entrenó perfectamente en tales “artes” cuando sirvió a los socialcristianos tan duchos en las componendas.
extrapolado o excedido…???
Es una vergüenza para el país, valió el CPCCS-T, mientras el podía vengarse saco a todas las instituciones, ahora que saco a todos a pretexto de descorreizar, ahora quiere burlarse nuevamente del pueblo ingenuo llamando a una consulta para acabar con el CPCCS para tapar todos los horrores que deja haciendo, este no es extrapolado, es un paranoico esquizofrénico, hemos llegado al colmo
Sr.Contreras M. necesita unas vacaciones, porque desde lejos es más clara la montaña….