Sin reducción del sector público no habrá nada

A partir del año 2009, los déficits fiscales fueron recurrentes y se exacerbaron desde 2013, hasta su clímax en 2016, año en que el déficit alcanzó el 7,4 por ciento del PIB. Los saldos rojos fueron consecuencia del desproporcionado aumento del gasto público, que en diez años se duplicó, al pasar del 21 por ciento del PIB a cerca del 40 por ciento del PIB. Factor determinante del crecimiento del gasto público fue el aumento de lo destinado a cubrir los sueldos de los servidores públicos (masa salarial), que, en todo el sector público, pasó de $3.162 millones en 2006 a $10.365 millones en 2017, esto es, más que se triplicó, mientras, la producción apenas se duplicó.

Reducir el déficit fiscal hasta alcanzar el superávit de las cuentas públicas, es una condición sine qua non para el progreso social y económico del país. Al comparar los períodos enero-septiembre 2017-2018, el Gobierno ha logrado reducir el déficit del presupuesto de $3.000 millones a $ $1.400 millones; producto, esencialmente, de la notable disminución del 40 por ciento en la inversión pública, aunque el gasto corriente sigue creciendo. A pesar de lo cual, obtener créditos para financiar un déficit reducido y el pago de las amortizaciones de la deuda pública y otros pasivos, es una tarea llena de complejidades. Con una caja pública de crónica iliquidez, nadar hasta alcanzar la orilla del mar en diciembre, será desesperante.

Con el antecedente citado, los inversionistas y la comunidad económica interna y externa, mantienen la incertidumbre sobre la viabilidad fiscal del Ecuador en el futuro, y el alcance y capacidad de aplicación de las reglas fiscales aprobadas en la Ley de Fomento de la Producción. Aún, si hasta 2021 se alcanzare equilibrio primario de las cuentas públicas –ingresos ingresos totales menos gastos totales sin los intereses de la deuda–, aquel sería insuficiente, pues, al menos se requiere equilibrio o superávit fiscal global. Para caminar en esta dirección, la reducción de los gastos de inversión, que ha llegado a su límite, es insuficiente. Resulta imperativa la disminución del gasto corriente.

Los gastos corrientes son los que el Estado destina a pagar los bienes y servicios para la operación del sector público, las transferencias a beneficiarios de bonos y subsidios y  empresas públicas; y, los pagos destinados a los intereses de la deuda pública y los sueldos de los empleados públicos. En los dos primeros rubros, los márgenes de reducción son limitados y reducir el pago de intereses será una compleja tarea, sólo posible con un programa serio de sostenibilidad fiscal que disminuya el riesgo país y facilite el acceso a los mercados para créditos con bajas tasas de interés. Entonces, en gran medida, la sostenibilidad fiscal de mediano plazo dependerá de una severa reducción de la masa salarial pública.

Existen fundamentos sólidos que demuestran el inadecuado peso de la masa salarial pública para toda la sociedad. Esta ha crecido muy por encima del crecimiento de la economía e inflación. Los alrededor de 700 mil servidores públicos, representan el 22 por ciento de la población empleada del país. El pago de los sueldos públicos supera el 10 por ciento del PIB. Los $11.000 millones que se emplean en todo el sector público para el pago de la burocracia, absorben toda la recaudación del IVA, impuesto a la renta e ICE. Es decir, casi todos los impuestos que paga la sociedad, se destinan al 4,2 por ciento de la población nacional.

En el presupuesto estatal, germen del déficit público, los $10.000 millones destinados al pago de los sueldos públicos, significan casi la mitad del gasto total primario (sin intereses) y el sesenta por ciento del gasto corriente primario (sin intereses). En 2018, el pago de sueldos públicos, será más de tres veces la ejecución del plan de inversiones públicas. El ingreso promedio mensual de los 541 mil servidores que cobran del Presupuesto del Estado, unos 1.500 dólares, es cuatro veces el salario mínimo vital más los rubros adicionales y tres veces el PIB mensual por habitante. Las 3.419 instituciones del sector púbico, que copan el territorio nacional a través de un sin fin de Subsecretarías, Direcciones Provinciales y Distritales, Coordinaciones Zonales, etc., son un óbice para la actividad económica y agobian la vida del ciudadano. De otra parte, existen cuatro millones de pobres que apenas sobreviven con menos de $84 al mes. Alrededor de cinco millones de personas, o no tienen trabajo o subsisten en el subempleo con ingresos precarios inferiores al salario mínimo vital. Unas 800.000 personas con edades superiores a los 65 años, no tienen pensiones de la seguridad social y viven en la miseria.

El excesivo gasto corriente del Estado, con preeminencia de la masa salarial pública, grafica con crueldad, el ineficiente uso y distribución de los recursos públicos y su captura por una pequeña fracción de la sociedad, en detrimento de la equidad social y la prosperidad general. La reducción del tamaño del sector público, constituye un bien económico y social superior, al ser un imperativo para la sostenibilidad de las cuentas públicas, requisito fundamental para recuperar la solvencia del país y atraer inversiones internas y externas que impulsen el crecimiento de la economía a tasas elevadas.

En homenaje al bienestar de las futuras generaciones, en 2019 la masa salarial pública, debe reducirse en al menos mil millones de dólares. Pues, en los países que surcan los caminos para salir del subdesarrollo, el gasto en sueldos públicos no supera el 25 por ciento de sus gastos totales y el 6 por ciento de su producción. Este gasto, debe ser compatible con la capacidad económica del país y de la sociedad. La construcción de una historia de solvencia y credibilidad económica y fiscal, demandará varios años de rigurosos sacrificios, que deben partir del cimiento de valientes decisiones iniciales, que van más allá de la inadecuada valoración de costos políticos, dogmas de fe y variopintas cegueras populistas.

Jaime Carrera es economista.