La “academia” que le gusta a Correa

Un artículo publicado hace pocos días en la Revista Killkana Sociales de la Universidad Católica de Cuenca y que supuestamente demuestra que la deuda pública del Ecuador no superó el límite legal del 40% del PIB en el período 2010 – 2017 ha entusiasmado mucho a Rafael Correa y los suyos, quienes se han encargado de difundirlo profusamente como si se tratara de un documento irrefutable. Rafael Correa compartió el artículo con el siguiente tweet: “¡Por fin reacciona la Academia! Brillaba por su ausencia ante tanta infamia fácilmente verificable. Mejor tarde que nunca. ¿Que (sic) dirá Contraloría y su comisión de ‘expertos’? Todo fue otra gran farsa. Ojalá no nos hayan robado la capacidad de asombro, o lo habremos perdido todo”. (¿Acaso en un lapsus se refiere a todo lo que se robaron en su gobierno?).

Carlos de la Torre, por su parte, escribe: “Estudio ACADÉMICO (en mayúsculas en su tweet) demuestra que hasta 2017 no se superó techo de la deuda de 40%.” En tanto, Fausto Herrera, citando a Schopenhauer (quién diría que Maduro tuviera entre sus asesores a gente tan leída), dice: “Toda verdad pasa por tres etapas antes de ser reconocida. En la primera es ridiculizada. En la segunda genera una violenta oposición. En la tercera resulta aceptada como si fuera algo evidente.” Lo dicho, para los correístas el artículo escrito por Gonzalo Paredes y Karolyne Saltos es la verdad revelada. De hecho, el mismo Paredes trata de presentarlo así al afirmar sin pudor alguno que “la academia investigó sobre cumplimento de regla fiscal del ‘techo’ del 40% al endeudamiento público” y que “encontró que sí se cumplió”. ¿Puede alguien, por más distinciones que ostente (que no parece ser el caso, pero el artículo ni siquiera detalla los antecedentes de los autores), arrogarse la representación de “la academia” en su conjunto? Evidentemente no.

Pero esa no es la crítica de fondo, sino que el artículo en cuestión, además de muy mal redactado, adolece de graves vacíos. El principal de ellos: la absoluta ausencia de cifras para respaldar la conclusión que tanto ha alegrado a los correístas (y que Paredes destaca en su tweet); es decir que entre 2010 y 2017 la deuda pública no habría sobrepasado el techo legal de 40% del PIB. De hecho, más allá de un gráfico que muestra la evolución de la deuda pública entre 1995 y 2010 sin detallar siquiera la unidad de medida, el artículo no vuelve a presentar más cifras. Ni de la deuda (consolidada ni agregada) ni del PIB. ¿Cómo llegan entonces a su conclusión sin datos que la respalden? ¿Correa, De la Torre y Herrera se dieron al menos el trabajo de leer el artículo que están difundiendo?

Por otra parte, ese mismo artículo, que deja entrever su inclinación política en distintos puntos (por ejemplo, cuando afirma: “En el año 2007, se elabora la proforma presupuestaria del año 2008 con el objetivo de financiar la creación de empleo, la producción y el mayor acceso a servicios sociales por medio de una distribución sostenible y más equitativa de los recursos”), tampoco se muestra sólido en sus argumentos. Los autores, por ejemplo, pese a citar varias veces al Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI como el sustento para defender la consolidación de la deuda, parecen estar de acuerdo con el Fondo sólo cuando les conviene. Así, si bien reconocen que la definición de deuda del FMI (que sí recomienda consolidarla, pero no a medias como Correa y los suyos pretendieron hacerlo) incluye preventas de petróleo, certificados de tesorería, préstamos del Banco Central, atrasos y otras operaciones que fueron excluidas de los boletines oficiales de deuda, a la vez consideran correcto que esas operaciones no se incluyan en el cálculo del techo legal simplemente porque la mañosa legislación ad-hoc del correísmo así lo establece. O, peor aún, según ellos (o al menos eso es lo que se entiende en un párrafo especialmente enredado en su redacción), los préstamos del Banco Central al Gobierno, pese a que implicaron la entrega de bonos del Ministerio de Finanzas al Central, no son operaciones de deuda sino pasivos contingentes.

Los autores tampoco consideran necesario detallar el monto de los millonarios atrasos que el sector público llegó a acumular con el sector privado en los años finales del correísmo y que, no sólo porque el FMI lo diga, sino por simple sentido común, deben formar parte de cualquier estadística (consolidada o no) de la deuda pública de un país.

En resumen, el artículo (que incluso se muestra de acuerdo con la viveza criolla llevada a cabo con los bonos 2012 y 2030 y que le significó al Ecuador quedar excluido de los mercados de capitales durante años, pagar tasas de usura en las emisiones posteriores y tener hasta ahora uno de los mayores índices de riesgo país de la región) constituye una muy pobre defensa al discurso según el cual la manera de contabilizar la deuda pública durante el correísmo (y los primeros doce meses del actual gobierno) era la correcta. No obstante, más preocupante que el artículo en sí, que pronto será justamente olvidado, resulta que Correa y algunos de sus acólitos (que se presentan a sí mismos como académicos objetivos e incluso tienen altos cargos en algunas universidades) quieran posicionar como representantes de “la academia” en su conjunto a quienes producen artículos tan sesgados y poco rigurosos como ese.

José Hidalgo Pallares es economista.