Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

La Contraloría destituyó al gerente del Metro de Quito

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La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito hizo saber ayer que Mauricio Anderson, su gerente general, había renunciado. Es cierto. Pero esa renuncia se da tras la destitución de la que fue objeto por parte de la Contraloría General del Estado. El contralor Pablo Celi la anunció, en el oficio 39738, al Ministro de Trabajo el 5 de octubre pasado.

Mauricio Anderson fue destituido de su cargo como consecuencia del examen especial de los auditores de la Contraloría que evaluó los procesos de contratación y ejecución del Metro de Quito. Evaluación en la cual analizó tres contratos en el lapso que va del 1 de julio de 2103 al 23 de diciembre de 2016: la ejecución de la primera línea del metro; la construcción de las obras civiles y las instalaciones de la Fase 2  y la consultoría y el gerenciamiento del proyecto Metro de Quito en su conjunto. El monto auditado suma 154 996 016 dólares.

Este informe fue aprobado en la Contraloría el 27 de octubre de 2017 y ha seguido su trámite legal. En 107 páginas, los auditores hicieron un balance nada obsequioso sobre la gestión hecha por el gerente del Metro, que se inició sin los pliegos aprobados, únicamente con los términos de referencia. Y esa es apenas una de las revelaciones sobre cómo se ha hecho el Metro de Quito, la obra emblemática de Mauricio Rodas.

La Contraloría señala que, luego de  firmar el convenio y el Contrato de la obra, Anderson suscribió el 22 de abril de 2016, con Consorcio Línea 1 del Metro Odebrecht Acciona, un acta de entendimiento. En ella “se introdujeron cambios a las cantidades establecidas contractualmente en la tabla de cantidades y precios (…)”. El Consorcio Acciona Odebrecht incluyó nuevos rubros como a “herramientas y utensilios”; “material diverso de consumo”, “materiales diversos”. Su unidad de cotización, dice la Contraloría en su informe, no se halla justificado y esto afectó el monto del contrato en 11 504 309 dólares. Once millones y medio de dólares.

Otro punto señalado en el informe es el Contrato Complementario que hizo el gerente del Metro con el Consorcio Acciona Odebrecht para optimizar los diseños de ingeniería para la primera línea. Se firmó el 16 de noviembre de 2015 por un valor de 4 395 179 dólares. Según la Contraloría esto ya estaba previsto “en las condiciones especiales del proceso de contratación, como parte del concurso público de consultoría, que respalda el contrato principal”.

Mauricio Anderson sale muy mal parado a lo largo del informe. La Contraloría dice que la obra del Metro de Quito se ejecutó “sin el control de un cronograma valorado aceptado por la entidad”. Se entiende que ese cronograma solo fue aprobado el 30 de enero del año pasado. Dicho de otra manera, pasaron 214 días sin que el control de la obra haya podido ser cotejado contra un cronograma. Esto incidió, igualmente, en la falta de control en la inversión que realizó el contratista. De hecho, la Contraloría afirma que en los certificados provisionales de pago no se incorporaron documentos justificativos o anexos que demuestren el trabajo realmente realizado. El informe incluye un análisis de los certificados de pago provisional presentados por el Consorcio Línea 1 en los cuales la Contraloría no halló toda la información de respaldo. Ese Consorcio “no adjuntó toda la documentación que respalde los valores consignados en las planillas”. Hecho curioso: en los datos generales del contrato para el metro, se omitió la información relacionada con una figura que en el informe aparece como «el ingeniero”., que debía ser contratado. La Contraloría responsabiliza al gerente general de no haber establecido una “estructura organizacional necesaria para  “garantizar el cumplimiento de los procesos que regulan el ejercicio cotidiano del control técnico y administrativo de la obra”.

El metro se ha hecho sin cerrar definiciones y con trámites incompletos. Hay información de lo que ha ocurrido en tres estaciones: se señalan atrasos porque el gerente instruyó tarde para que se haga la compraventa (Universidad Central), no se iniciaron los trámites de expropiación ( 252 días hasta el corte del informe) para la estación La Pradera, y no se liberó la zona de la PlazaSan Francisco (151 días contados desde el 23 de diciembre de 2016) para que el contratista pueda ejecutar la obra. Hay inconsistencia en el manejo ambiental, en el pago del contrato de consultoría que también fue sometido a cambios durante el proceso…

Así el metro de Quito, según se lee en este informe, se hizo durante los años de este examen especial con diseños no definitivos, un contrato complementario, introducción de palabras como “factibilidad”, que permite cambiar los términos de referencia… y desconociendo el reajuste de precios. Justo como le gusta a Odebrecht. ¿Y Mauricio Rodas nada sabía?

Por lo pronto, la Contraloría destituyó y glosó a Mauricio Anderson, gerente general del metro.

Foto: Mauricio Anderson, El Telégrafo

12 Comments

  1. José Hernández, como siempre valiente y objetivo, el Metro de Quito dirigido por un equipo que obedece a las constructoras Odebrecht y Acciona, se mueve en un ambiente de opacidad que niega la rendición de cuentas a los habitantes de la ciudad, que somos los que pagamos el proyecto. La Contraloria debió auditar: el contrato de diseños con el Metro de Madrid a cuyos costos se observa incrementos actuales por «consultorías»; el contrato de la llamada primera fase con dos estaciones a cargo de Acciona y que se incrementó desde el monto inicial contratado; el contrato de adjudicación del túnel de 22 kms. y de las estaciones restantes, al que llaman segunda fase, que fue convocado a licitación con un costo referential de US 1500 millones, en el estilo Odebrecht, es decir al costo más bajo de la oferta ganadora para luego en la negociación incrementarlo. Se adjudica el túnel a Odebrecht y Acciona, después de una negociación sorprendente que incrementa en US 500 millones el monto del contrato y que además suprime rubros a ejecutarse y que constaban en las bases de la licitación. No se conoce ninguna negociación legal y transparente que incremente el costo de la oferta y suprima rubros para adjudicarle al «más bajo». Lo normal es que si el proponente no acepta mantener su monto de oferta o rebajarla, en función de los intereses de la ciudad, se inicia una nueva negociación con la siguiente oferta. Esto no se cumplió y se incrementó el monto del contrato en 500 millones y se eliminó rubros que luego deberán ser financiados con nuestra plata. El plazo de ejecución no se va a cumplir, se firmó para 36 meses calendario, que se cumplen en diciembre del 2018, y, 6 meses para pruebas, es decir ya terminado el proyecto. A la Fiscalizacion le corresponde establecer las multas por retrasos. Por desgracia para el prestigio de la Ciudad y del Pais, la construccion del Metro de Quito se mantiene en el estilo Lava Jato.

  2. Don José,
    El Proyecto Metro de Quito es, sin duda, el más ambicioso y emblemático de los ejecutados en materia de movilidad en el país. He tenido el privilegio de liderar un equipo altamente calificado y comprometido, con personal nacional y extranjero. Los plazos, presupuestos y condiciones contractuales se han cumplido en su totalidad, con absoluta rigurosidad, hasta la presente fecha. Aspectos que han sido auditados permanentemente, resaltados y felicitados por todos los bancos multilaterales que financian este proyecto.
    Al momento se encuentra ejecutado el 77% de la obra y, si se sujeta a la planificación prevista, los ciudadanos podremos contar con este servicio al final del año 2019. Estos son hechos comprobables, sustentados en la documentación de acceso público, que reposa en la EPMMQ- Metro de Quito, Don José. Estos asuntos no merecieron de su parte un solo comentario, ni favorable ni desfavorable.
    Sus presunciones y alegatos jurídicos no los voy a debatir mediáticamente, ya que que serán tratados por las autoridades competentes para dirimir, como usted menciona acertadamente en sus artículos, Don José.
    No es parte de mi esencia tergiversar nada. Mis observaciones fueron dirigidas a usted, Don José, con la finalidad de que usted, como periodista de investigación, pueda contar con elementos objetivos para su análisis.
    Mi respeto y consideración a 4Pelagatos. De mi parte, no habrá ninguna aclaración futura.
    Atentamente,
    Mauricio Anderson

    • Don Mauricio,
      Es curioso que las informaciones no sean leídas en su contexto. 4Pelagatos no ha hecho valoración jurídica alguna sobre el caso que lo opone a usted con la Contraloría General del Estado. No tenemos «presunciones» ni hacemos «alegatos jurídicos»: en la nota de respuesta se dice claramente que los conceptos allí vertidos, y que están entrecomillados, son de la Contraloría.
      Es verdad que 4Pelagatos no ha hecho comentario alguno sobre el Proyecto Metro de Quito. Para usted el balance es global y enteramente positivo. La Contraloría no parece pensar de la misma manera. Y en el balance de su labor, no hay cómo olvidarse de los señalamientos que hace ese ente de control. Una carta mal puesta, don Mauricio, puede hacer que se derrumbe todo un castillo de naipes. Lo saludo atentamente, JH

  3. Realmente lamentable…

    Esperé que en la carta del Sr. Mauricio Anderson él fuera refutando una a una las aparentes irregularidades que José Hernández detalla en su artículo. Pero ni se molestó en hacerlo.

    Unicamente hace mención que el proyecto del Metro de Quito «ha sido auditado y supervisado» por los entes correspondientes como si en Ecuador fuera la primera vez en estos años revolución delincuencial en que los organismos involucrados hayan avalado supervisiones sin haberse cumplido los requerimientos necesarios. Ya sabemos que circulan millones de dólares en estas obras para comprar conciencias y firmas de aprobación.

    Sr. Anderson, déjese de leguleyadas y si se considera inocente, no se base en la caducidad de un procedimiento legal y solicite una auditoría profunda a todos los procesos que están siendo cuestionados.

    Quien nada debe, nada teme.

  4. Como se justifica 500,000,000 de sobre precio. Simple. Sin control del cronograma de los trabajos. 210 días, donde han hecho lo que les ha dado la gana.

  5. Bueno, ya cayó un Mauricio y esperemos que el otro Mauricio también caiga tarde o temprano.
    Lo cierto es que la corrupción galopante, esa que el cuentero del trencito ofreció extirparla mediante una cirugia mayor con ayuda de la ONU brilla por su ausencia, y de ella se burlan hasta los gatos en este país, no se diga de las ratas de dos patas, como aquellas que piden un millón de dolares por el cargo de ministro.
    Ya no es una década «ganada» por los corruptos, son casi 12 años y terminará? El 2021, lo cual es muy difícil, porque para desmontar 14 años de indecencia, corrupción y robo, requerirá por lo menos el doble de ese tiempo.

  6. Quito, 19 octubre 2018

    Señor Director
    CUATRO PELAGATOS
    Presente

    En relación al artículo titulado “la Contraloría destituyó al Gerente del Metro de Quito” comedidamente solicito se publique la siguiente aclaración:
    El articulista José Hernández publica con fecha 19 octubre 2018, un informe de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito en la que se menciona que la renuncia del gerente se da tras la destitución de la que fue objeto por parte de la Contraloría General del Estado.
    Señor Director, la Contraloría General el Estado, el día 21 de febrero del 2018 puso en mi conocimiento una predeterminación administrativa en la que me imponía una multa y la destitución del cargo.
    Presenté la contestación a este predeterminación el 23 de marzo del 2018 y de conformidad a lo que dispone la ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su Art. 48 “Ejecución e Imposición de sanciones…” La contraloría General del Estado, antes de imponer la sanción de destitución notificará al implicado sobre la destitución detectada concediéndole el plazo improrrogable de hasta 30 días para que ejerza su defensa. Vencido este plazo, el Contralor General o los funcionarios de la Contraloría General del Estado competentes para hacerlo, emitirán su resolución dentro del plazo de 60 días.
    Es decir, señor Director, desde la fecha de presentación de la contestación, 23 de marzo del 2018 la Contraloría tenía 60 días para emitir cualquier dictamen. El reglamento de responsabilidades de la Contraloría General del Estado en su Art. 14 determina “Responsabilidad Administrativa culposa… la Dirección de responsabilidades emitirá la Resolución debidamente motivada dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado contado a partir de la presentación de la contestación.”
    La fecha de vencimiento del plazo fue el día 21 de junio de 2018. Yo he sido notificado con la ratificación el 16 de octubre del 2018 a las 11h00; en consecuencia, (vivimos en un estado de derecho) la Contraloría emitió su determinación fuera de tiempo, independientemente de las razones de fondo que en su momento deberán ser analizadas por el Tribunal Contencioso Administrativo.
    Este artículo publicado por “CUATRO PELAGATOS”, en base a una predeterminación caducada, me genera un grave daño a mi honra y reputación y solicito que se realice la publicación con esta aclaración que estoy presentando.
    Es fácil concluir que con una predeterminación caducada de esta naturaleza, lo único que se pretende es reemplazarme en la gerencia del Metro Quito.
    Mi trabajo ha sido debidamente auditado por los bancos multilaterales, la obra es supervisada por un consorcio fiscalizador y con toda la transparencia que amerita un proyecto de esta magnitud se ha puesto en conocimiento de la ciudadanía de Quito.
    Sólo con una sentencia ejecutoriada del máximo Tribunal de Justicia en el país se podría conocer si esta predeterminación tuvo fundamento legal o no.
    Con toda consideración
    Mauricio Anderson

    • Don Mauricio,

      Sus problemas legales tienen mecanismos para ser tramitados. 4Pelagatos es un medio, no un juzgado. Y la confusión la tiene usted al pretender que le publicáramos los descargos que usted hizo en la Contraloría. Descargos que fueron incluidos, como no puede ser de otra manera, en el informe que ese organismo de control realizó sobre su gestión a la cabeza del metro de Quito.

      Lo que es curioso es que usted se ampare en una supuesta “determinación fuera de tiempo” para endilgarle a este medio un “grave daño a mi honra y reputación”. No, don Mauricio, la información que publicamos se basa en dos documentos oficiales: el informe de la Contraloría y la carta del Contralor informando al Ministro de Trabajo que usted fue destituido de su cargo. Carta con fecha 5 de octubre de 2018.

      Este último documento deja presumir que los cargos formulados en su contra siguen vigentes. Esos cargos se refieren a hechos que usted, en su escrito, no niega. Evoca usted un tema de procedimiento (la Contraloría tenía 60 días para emitir una resolución) que le corresponde hacer valer ante instancias legales. Me permito adjuntar una primera respuesta que, sobre su argumento, nos llega de la Contraloría: “Las resoluciones de la Contraloría en caso de no expedirse en el plazo antes señalado, causan el efecto de denegación tácita. Con lo cual, el funcionario observado podría, entendiendo que su reclamo ha sido negado, acudir al contencioso o esperar la resolución de la CGE.
      De acuerdo al artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el ente de control tiene 7 años para determinar responsabilidades, por lo que el plazo de 60 días que establece el Reglamento no es un plazo fatal. Adicionalmente jamás el reglamento puede estar sobre la Ley. De igual forma, según establece el artículo 329 del Código Orgánico Administrativo en concordancia con el 229 del Cogep, los actos administrativos se presumen legítimos y no se suspenden ya sea por la presentación de un recurso en sede administrativa o impugnación judicial, por lo tanto deben ejecutarse”.

      A los periodistas nos interesan los hechos, don Mauricio. Y un supuesto error de procedimiento no borra las acciones de los funcionarios que están bajo el escrutinio ciudadano y el control de organismos institucionales. Que usted quiera hacer valer sus derechos a la defensa es tan legítimo como indigno que lo haga tergiversando la labor que en este caso ha cumplido este medio: informar y hacerlo apegado a los documentos debidos.

      José Hernández
      Director de 4P.

      • Buenas noches, hay una resolucion Sentencia de la Corte Constitucional No 157-18-SEP-CC CASO No 1897-17, donde si dice la corte constitucional que los plazos fatales son validos, puede buscarla y despues debatir

    • Saludos el articulo 56 numeral a, de los 60 dias son para emitir la resolucion no para notificar, por lo que lei a usted le emitieron la resolución administrativa No. 42110 del 18 de julio del 2018, por lo tanto si usted contesto el 23 de marzo, por lo que si queda la duda que se refieran a dias habiles. Saludos

  7. Seguimos en lo mismo y lo mismo..Nadie sabe nada de nada..contratos firmados por inercia,ningún jefe sabe de sus subalternos y/o delegados…Viva la fiesta y que chupe el alcalde!!

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