La papa caliente del Consejo de Participación Ciudadana

Cuando  en Montecristi se inició la construcción de la nueva Constitución, una suerte de euforia colectiva envolvió a buena parte de la ciudadanía. La oferta de democratización y refundación de la Patria caló en lo más profundo de los sentidos de la sociedad civil y movilizó a miles de ciudadanos, unos organizados y otros no, que visitaron  Montecristi en un despliegue de peticiones, propuestas y proyectos que buscaban sanar años de descontento con una nueva Constitución, que sea incluyente, garantista y democrática.

Dentro de las propuestas presentadas, la necesidad de transversalizar el concepto de participación ciudadana en la toma de decisiones  y elaboración de políticas públicas así como en la designación de las autoridades, fue una de las que mayor fuerza tomó. Se creyó  que el origen de la crisis política que vivimos antes del 2008 radicaba, entre otras cosas, en la politización de los órganos de control que, a su vez, nacía de un sistema de designación erróneo y, por lo tanto, era urgente y necesario corregir ese error histórico y reencaminar la democracia. Así nació la idea de crear un  nuevo poder  que materializara la transparencia, la participación y el  control social, que desterrara por siempre las malas prácticas, luchara contra la corrupción y en el cual el ciudadano se viera reflejado.

Ante esas grandes expectativas surgió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero con la misma viada con que fue creado, desencantó a los ciudadanos porque fue cooptado por el gobierno, transformándose en el brazo político de nombramiento de autoridades y constituyéndose en la génesis de la desinstitucionalización que hoy vivimos. Terminó siendo, por otro lado, funcional a un estilo autoritario que necesitaba órganos de control afines y se olvidó de unos de sus más altos fines que era la prevención y la lucha contra la corrupción en los distintos niveles del Estado.

La idea de despolitización en la designación de los órganos de control fue echada al traste y, por el contrario, los ciudadanos vimos cómo ese organismo se encargó de generar un sistema de dependencia de poderes que acabó arruinando el Estado de Derecho del país, porque la cooptación de los órganos de control terminó blindando la corrupción y  erigiendo un sistema de impunidad contra el cual estamos luchando todos los días.

La poca efectividad del  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos obliga a pensar si, en realidad, necesitábamos un organismo estatal que encarne la participación ciudadana, o si era mejor que ésta se quede como lo que es: un derecho ciudadano que radica en el pueblo y se ejerce desde él. ¿Es válido, por otro lado, entregar la representación ciudadana a un organismo que no rinde cuentas a nadie y cuyo origen corre alto riesgo de ser politizado?

Algunos criterios apuntan a que es correcto que la designación de autoridades regrese a quienes tienen la representación popular pero con sistemas de elección rigurosos, impugnación, oposición y méritos y veeduría ciudadana. Embarcarnos en proyectos que nacen de la euforia popular, prevalidos de números importantes en las encuestas nos ha costado caro. Finalmente tenemos un organismo que, cual papa caliente, no sabemos qué hacer con él ni cómo hacer para enmendar lo mal hecho y reencaminar sus funciones y del cual nadie quiere hacerse cargo.

Se está hablando ya de que hay que eliminarlo de una vez por todas y es probable que, en las elecciones de marzo, los ciudadanos tengamos que decidir sobre eso. Si al final del día el organismo en cuestión desaparece, la lección aprendida para los ciudadanos debería ser que la participación ciudadana en los asuntos públicos es un derecho fundamental que no puede ser corporizado ni cooptado. Por lo tanto, nunca debemos soltar ni delegar su ejercicio a ningún poder ni organismo estatal sino más bien reforzar, desde la sociedad civil, nuestra capacidad de incidencia y visibilización de los problemas de la democracia, así como también nuestra capacidad de movilización y presión social.

Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.