El silencio de Alvarado se negoció con su salida

La fuga de Fernando Alvarado se presta para una serie de conjeturas en relación a los hechos políticos que la rodean. En primer lugar, ningún ecuatoriano con un mínimo olfato político cree la versión del gobierno de que desconocían los entretelones de la huida. Nadie con mediana cordura cree que una persona que ocupó un alto cargo en el gobierno anterior y que está indagada judicialmente por varios delitos se puede ir tan fácilmente sin que haya mediado un acuerdo con altísimos funcionarios de la administración actual. Esa es una primera reflexión, ya colocada ante la opinión pública por la propia presidenta de la Asamblea Nacional, que debe quedar clara. No es suficiente con destituir a empleados de segundo orden ni tampoco con agitadas ruedas de prensa. Ante la opinión pública, desde el gobierno actual se apoyó, facilitó o encubrió (o las tres cosas) la salida de Fernando Alvarado. Por tanto, se les pide que no se burlen de la inteligencia de la ciudadanía intentando colocar la versión de que desconocían de este hecho.

Lo que sí resulta llamativo indagar son los términos de la negociación. La ganancia más obvia para el ahora “buscado” (así, entre comillas, porque eso tampoco se cree nadie) es la obtención de un mayor espacio para la acción estratégica de su defensa técnica. Libre de las presiones que le podrían sobrevenir con una orden de prisión preventiva, Alvarado puede ahora controlar de mejor forma los hilos de los procesos judiciales. Además, si es cierto que obtuvo un asilo político, y dependiendo de la credibilidad del país que llegare a otorgarle dicho estatus, esta decisión colocaría un manto de duda permanente sobre los juicios iniciados y que se llegaren a iniciar. Independientemente de lo dicho, la fuga de Alvarado también genera una alerta en el sentido de que la correlación de fuerzas políticas ha cambiado y que los miembros del gobierno de las manos limpias y corazones ardientes ya no controlan abiertamente el Poder Judicial. A cuidarse los que se quedan.

Sin embargo del venturoso panorama descrito para Alvarado, la huida también produce pérdidas. Una de ellas es constituirse en el centro de atención de los medios de comunicación durante algunos días. Le dirán de todo. No importa, la piel de lagarto le viene incorporada. Más allá de eso está el hecho de que, de hoy en más, Alvarado será involucrado en los principales escándalos de corrupción del gobierno pasado, tenga responsabilidad penal o no. A contra mano, su consuelo está en que, más allá de la considerable inversión que deberá hacer en su defensa técnica, sus posibilidades de éxito en los procesos judiciales es alta. Basta ver las estadísticas de funcionarios públicos que han sido sentenciados condenatoriamente en el pasado. Nadie o casi nadie. Por tanto, si de sopesar costos y beneficios se trata, Alvarado puede sentirse conforme con la negociación realizada.

Pero el gobierno también se beneficia con la salida de Alvarado. Esencialmente, ha conseguido restringir las probabilidades de que el ex funcionario declare lo que sabe sobre los manejos irregulares de la década pasada y fundamentalmente sobre las responsabilidades que allí tienen los que ahora gobiernan. Al fin y al cabo, todos se conocen y compartieron diez años. Ahí se consolidaron amistades, lealtades, acuerdos mafiosos, negociados y actos de corrupción. Así, el silencio de Alvarado se ha negociado con su salida del país. Desde luego, el costo en que debe incurrir el gobierno por esta transacción es la presión de la opinión pública, dado lo evidente del acuerdo alcanzado. Sin embargo, en Ecuador no hay nada más viejo que el periódico de ayer. La memoria es frágil y cortoplacista y enseguida se colocará otro tema de discusión con el que la ciudadanía colocará en el baúl del olvido lo que ahora es noticia.

Pero no todo es tan fácil. Como en todo acuerdo político, nada es inmutable. Podría ser que la justicia avance más de lo que debe y Alvarado se vea en la necesidad de incrementar sus mecanismos de presión frente al gobierno, aumentando así el costo de su silencio. Podría darse también que la evidencia del acuerdo entre el sujeto de marras y el gobierno se desborde y los intervinientes tengan que reformular ciertos pactos alcanzados. Seguramente habrán actores gubernamentales que no conocieron ni la negociación ni sus entramados y ahora estarán molestos con los costos personales que tienen que sufragar por algo en lo que no tuvieron responsabilidad. Ahí se verá la capacidad de Carondelet para disciplinar a sus comensales. Ahí se verá si pesa más el amor propio y la dignidad o un cargo público.

***

Como antes, como siempre, el país vuelve a discutir los costos y beneficios particulares de los acuerdos turbios y tras bastidores de sus actores políticos. Antes fue el pacto de la “regalada gana”, el acuerdo para destituir las cortes supremas y constitucional en 2005 o los arreglos que dieron lugar a los famosos “diputados de los manteles”. El de ahora es aún un acuerdo sin nombre propio pero la sabiduría popular no tardará en darle su denominación más adecuada. En unos y otros casos se repiten los negociadores y los intereses en juego, no hay que olvidarse de ello. En todos los casos los intereses del país han sido nuevamente relegados. En todos los casos se investigará hasta las últimas consecuencias.

Santiago Basabe es académico de la Flacso.