Después de seis meses del secuestro y asesinato del conductor Efraín Segarra, del fotógrafo Paúl Rivas y del periodista Javier Ortega, “el gobierno ecuatoriano no ha dado respuestas claras sobre qué pasó”. Después de seis meses tampoco se ha podido esclarecer plenamente “dónde estuvieron los periodistas secuestrados, qué hicieron durante esos días o quiénes los mantuvieron cautivos en las zonas por donde se movieron”. Seis meses han pasado desde el secuestro y asesinato del equipo de El Comercio que viajó, el domingo 25 de marzo pasado, a la frontera norte. Tres vidas se perdieron entre demasiadas manos, preguntas sin respuestas, vacíos y contradicciones: así lo registra y describe “#FronteraCautiva: tras el rastro de los periodistas ejecutados”, una investigación publicada este mes en Plan V.
Un equipo de 20 periodistas de Ecuador, Colombia y Francia presentan cuatro historias sobre el crimen y el contexto de violencia que vive una zona tomada por el narcotráfico. El especial multimedia incluye cuatro entregas en donde se presentan: los hallazgos sobre el secuestro y asesinato de los periodistas y las irregularidades de las negociaciones para su liberación. La historia que nunca contó el periodista Javier Ortega que, poco antes de ir a la frontera, supo de la existencia de un canal secreto de comunicación entre la Policía de Ecuador y los carteles de la droga. El abandono estatal que viven los habitantes que rodean el río Mataje, una de las principales rutas de la droga y la vida cotidiana de las comunidades de zonas rurales de uno y otro lado de la frontera, fuertemente afectada por la militarización de la zona: el área fronteriza con más soldados en Sudamérica.
La investigación revisa los espesos tejidos del telón de fondo del asesinato del equipo periodístico: “contradicciones, vacíos, confusión y manejo errático de la información” de los gobiernos de Ecuador y Colombia, y crea un puente con el drama de tres familias que no pueden reconstruir la muerte de los suyos. Así se exponen las expectativas frustradas de la noche del 28 de marzo, 48 horas después del secuestro, cuando se anunció la liberación del equipo: ese día un fiscal ecuatoriano llegó a la base de San Lorenzo con la misión de recibir al equipo periodístico del diario El Comercio, secuestrado por el Frente Oliver Sinisterra. En esa trama, donde hay acciones confusas y versiones oficiales inconsistentes, constituye una revelación que, sin embargo, ha sido negada por las autoridades (del momento) en Ecuador y tampoco fue corroborada o desmentida con el ministro de Defensa de Colombia. Pero es una información que publicó diario El Tiempo y que nunca fue desmentida.
En esta investigación se narran las irregularidades en las actas del comité de crisis, la falta de documentación y transparencia en las operaciones de negociación durante el cautiverio. La investigación recrea el posible trayecto de los periodistas desde el momento en que parqueron el auto y de aquellos que estuvieron a cargo de su custodia durante el secuestro.
El radar de esta alianza periodística se extiende a la realidad que enfrenta la población de la zona: “a ambos lados de la frontera, ver y callar es la lógica de supervivencia”. En un territorio que ha vivido dos décadas de violencia, las historias hablan de comunidades que han tenido que lidiar con los grupos ilegales y la fuerza pública, con el desalojo, la pobreza, el miedo permanente y la desatención del Estado.
Es una historia que hay que leer.
