A inicios de agosto de 2017, el gobierno de Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional su primera proforma presupuestaria. Esa proforma correspondía apenas a los cinco meses que restaban de 2017, por lo que se esperaba que las proyecciones de ingresos y gastos que estaba presentando el Gobierno no estuvieran muy alejadas de las cifras efectivas que se tendría al finalizar el año. Pero no fue así: con la evidente intención de mostrar un déficit menor al real, el Ministerio de Economía y Finanzas, con Carlos de la Torre a la cabeza, sobrestimó groseramente los ingresos esperados, principalmente los tributarios. El “error” en esos ingresos fue de casi $1.000 millones, mientras que el déficit, presupuestado en $4.800 millones, terminó rondando los $6.000 millones.
El actual equipo económico, que a diferencia de sus antecesores ha dado señales de transparencia en cuanto a las estadísticas de la deuda pública, tiene hasta mañana para enviar a la Asamblea la proforma presupuestaria para 2019. Si bien un presupuesto siempre está expuesto a imprevistos que alteren el escenario base sobre el que ha sido elaborado, lo primero que se espera de la nueva proforma es que las proyecciones de ingresos, principalmente tributarios y petroleros, no estén sobrestimadas. Como en cualquier hogar, es mejor planificar los gastos en función a estimaciones conservadoras de ingresos, que pasarse de optimista y después tener que buscar desesperadamente fuentes de financiamiento (previsiblemente en condiciones poco favorables) o ajustar desordenadamente el gasto.
En lo que se refiere a las estimaciones de ingresos tributarios, un insumo fundamental serán las proyecciones de crecimiento económico que proporcione el Banco Central, institución que, lamentablemente, no ha presentado hasta ahora las proyecciones de crecimiento para 2018 (sí, para el año en curso, del que apenas quedan dos meses) y que en sus últimos boletines de cuentas nacionales ha registrado notorias revisiones en las tasas de crecimiento. En principio, si el Gobierno –como se desprende del Plan de Prosperidad que está colgado en la página del Ministerio de Economía y Finanzas– mantiene el ajuste en el gasto de capital y lo extiende al gasto corriente, no hay elementos que permitan anticipar que el próximo año va a ser mejor que el presente en términos de crecimiento.
De hecho, más allá del ajuste fiscal, es probable que en 2019 el ritmo de entrega de créditos por parte de los bancos sea menor que en 2018 y que, como consecuencia del aumento de las tasas de interés en EE.UU., que fortalece al dólar, el sector exportador siga enfrentando desafíos de competitividad. Con un crecimiento económico moderado, tal vez más próximo al estancamiento, los ingresos tributarios no deberían crecer.
En cuanto a los ingresos petroleros, el precio del crudo en 2019 podría ser similar o apenas superior al de 2018. Al menos así lo proyecta la Administración de Información Energética de EE.UU.. En ese contexto, los supuestos en los que se base la proforma tampoco deberían ser demasiado optimistas. De hecho, dado que el mismo Gobierno ha tenido el acierto de restablecer los fondos de ahorro en la Ley de Fomento Productivo, sería deseable que el precio contemplado en la proforma dé un margen que permita generar algún ahorro para el futuro. Respecto a la producción de crudo, la explotación del ITT puede generar un incremento en 2019, pero se trataría de un crudo pesado y, por tanto, con un mayor castigo en el precio.
En esas condiciones, y tomando en cuenta que el equipo económico ha señalado la necesidad de ir ordenando gradual pero disciplinadamente las cuentas fiscales, es deseable que la proforma incluya un nuevo recorte en el gasto, no únicamente en el de capital sino también en el corriente, puntualmente en el de sueldos y salarios y bienes y servicios de consumo. Cabe recordar que a partir de 2019 el presupuesto tiene que incluir nuevamente el aporte de 40% al fondo de pensiones del IESS, lo que implica un aumento en el gasto corriente que debe ser compensado con un recorte en otra parte. Además, dadas las dificultades de financiamiento que el próximo año enfrentarán las economías emergentes en general, y Ecuador en particular, la proforma debe reducir en cuanto sea posible las necesidades de deuda.
Evidentemente, un nuevo ajuste en el gasto –que no debería limitarse al Gobierno Central, sino también extenderse al resto del sector público, especialmente gobiernos seccionales y empresas públicas– puede tener un impacto negativo en la tasa de crecimiento y en los indicadores laborales. Pero el Gobierno y la sociedad ecuatoriana en su conjunto deben tener claro que ese ajuste, junto con otras medidas que permitan recuperar la competitividad, es un paso ineludible si se quiere alcanzar un crecimiento sostenible.
Una proforma austera y basada en supuestos bien fundamentados no es sólo una buena señal para analistas y posibles prestamistas, sino sobre todo una muestra de honestidad y transparencia con los ciudadanos. La complicada situación fiscal heredada de gestiones anteriores muestra que “maquillar” las cifras de la proforma es una mentira de patas especialmente cortas.
El Banco Central debe trabajar con eficiencia, la falta de proyección de los ingresos, y los indicadores de como se va a mover la economía del Ecuador, no ayuda a que los equipos técnicos de finanzas tengan los escenarios correctos. Es necesario que evidencie, la tasa de crecimiento de la economía, cuales son los sectores que aportarán al PIB 2019, que pasará con los bienes de capital, que empresas del sector público serán vendidas o privatizadas, como está programada la inversión pública, cuál es la masa salarial y que monto de deuda (correista) será pagada. Si la sra Artola, nos entrega a los ecuatorianos un informe económico, del comportamiento de la economía 2018 y sus proyecciones con cifras creíbles 2019, ayudaría a un análisis del presupuesto 2019 ….