Cuesta pensar que en el Ecuador, tres personas fueron sacadas a rastras de un retén policial, molidas a palos y luego quemadas en la plaza pública en presencia de hombres, mujeres y niños. ¿Qué provoca que seres humanos sean arrebatados de la justicia –porque antes estuvieron en manos de la policía– y luego ajusticiados brutalmente, basándose en suposiciones sobre delitos de los cuales se les acusaba?
Ahora se sabe que, producto de la confusión y ofuscación del momento, terminaron muertos por rumores acerca de sus actuaciones. Aparentemente, los tres tenían un pasado delictivo, pero no eran secuestradores de menores y menos traficantes de órganos.
Los tres de Posorja fueron muertos en manos de sus vecinos, quienes, en aplicación de una justicia popular y desconfiando del sistema judicial ecuatoriano, decidieron que era correcto –al menos en ese momento– aplicar un castigo ejemplar a quienes se atrevan a lastimar a sus hijos y así amedrentar a cualquiera que quisiera a futuro cometer actos similares. Es necesario buscar el origen de lo ocurrido. La manera violenta y desalmada de ese ajusticiamiento, nos está hablando de una situación que está ocurriendo en nuestra sociedad y que no podemos dejar de mirar. Amerita una reflexión profunda desde la ciudadanía.
A veces pensamos que todos los poblados rurales del país , al ser alejados del ruido de las grandes ciudades, son lugares donde todos viven felices, seguros y tranquilos. La realidad es distinta porque, justamente, es allí donde se ven reflejados de manera evidente las desigualdades sociales.
A ciudades como Posorja aún no llegan las ventajas de la tecnología y sus servicios básicos son ineficientes. Su economía es precaria y no existen incentivos desde el Estado que fortalezcan sus emprendimientos. Se suma que no existe un sistema de justicia que funcione, sus operadores no son confiables y la Policía no hace su trabajo. Por lo tanto, la percepción de inseguridad es grande.
Cuando a una ciudad, por pequeña que sea, el Estado no la dota de mecanismos eficientes de protección y seguridad, cuando el accionar de la Policía y los operadores de justicia que son los encargados de velar por el orden público fallan, dejan a los pobladores a merced de la desconfianza y del miedo, y son presa fácil de reacciones horrendas al margen de la ley que terminan saliéndose de control.
Deberíamos cuestionarnos si estos hechos tienen su raíz en los usos y prácticas cotidianas que los ciudadanos estamos validando en nuestro convivir diario. La sociedad actual está plagada de hechos violentos y da la impresión, a veces, de que estamos empezando a ver como normal a los problemas estructurales que deberían ser tratados con suma urgencia desde el Estado. La violencia familiar es un ejemplo de ello.
Estamos acostumbrándonos a resolver todo por la vía violenta. Somos agresivos en las redes, en la política y hasta en la farándula. Gozamos mirando los videos de peleas callejeras que son grabadas por personas que, en lugar de ayudar, prefieren colgar en las redes un material que es viralizado al instante.
La muerte de los 3 de Posorja nos muestra el peor lado de la violencia y brutalidad aplicada a través de la histeria colectiva de un grupo que se activó mediante un mensaje erróneo difundido por redes sociales: esas mismas redes que nos hicieron ser testigos en tiempo real de semejante masacre.
Los 3 de Posorja merecían ser juzgados en Derecho, no asesinados como lo fueron, y su presunción de inocencia tenía que ser garantizada: les falló el Estado. Para ellos la justicia no llegó. Este triste hecho nos debería obligar como ciudadanos a asumir el desafío de plantearnos formas pacíficas de convivencia social y de resolución de conflictos al margen de la aplicación de la violencia. El uso responsable de las redes sociales también entra en esta discusión.
Finalmente, el Estado debe asumir su parte de responsabilidad en esto y comprometerse a articular con seriedad acciones conducentes a que se cumplan los roles de la Justicia, la Policía y la Fiscalía para prevenir este tipo de actos. Entendamos que cuando las sociedades se acostumbran a ejercer justicia por mano propia, terminan cometiendo actos que se convierten, a su vez, en insalvables injusticias.
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.
Esto no es sino el resultado de la desconfianza en la justicia , el pueblo esta cansado de vivir en la más completa inseguridad, falta de garantias para preservar la vida y la complicidad de la justicia.
Espero que este ajusticiamiento sirva de escarmiento a los delicuentes ,
El problema que veo es que se repite una antigua canción “existen criminales por falta de
policías” “los accidentes de tránsito se producen por falta de control”, “el contrabando se da por falta de aduaneros” .
Este lector ha estado en diversos sitios de America Y Europa, y puedo decir con seguridad que en ninguna parte hay la cantidad de agentes de la ley que en Ecuador, aquí se paran en gajo en las esquinas. Los patrulleros llevan 3 y 4 policías. En USA solo 1, y en los barrios peligrosos 2. Lo que en realidad falta es capacidad, eso que ahora denominan lamparosamente “inteligencia”. Mi respeto para los de narcóticos, hacen buen trabajo, seguramente han desarrollado una buena base de informantes, aunque también los traficantes se denuncian entre ellos para eliminar la competencia, pero los de los crimenes comunes, asaltos, violadores, etc, tienen un desempeño pobre. Todo eso azuzaso por los mismos policías que cada que cogen un pillo dicen que tiene media docena de detenciones y los periodistas que se pasan pidiendo penas de prisión perpetua, han causado que la gente común se sienta con derecho a tomar la justicia con razón o sin ella.
Lejos de juzgar, cual fue el delito original, estamos olvidando que a la final se los detuvo como delicuentes, y deberíamos ponernos en los zapatos de quienes han sido afectados por estos delicuentes, acaso no son ellos los primeros culpables de lo que ocurrió, o acaso no estuvieran vivos si no hubieran delinquido, suena terrible pero es la verdad; no eran mansas palomas ni pobres corderos.
Es sencillo, cuando en una sociedad, la que sea, desde el seno familiar no se inculcan, se alimentan y se fortalecen valores morales y principios, y donde ademas, la corrupcion esta historicamente enquistada, y forma parte de la idiosincracia, entonces solo puede desembocar en actos semejantes. No le pidamos peras al olmo.
Sí. Pero no olvidar que al parecer las víctimas originales de los antisociales cambiaron su versión original de los hechos: de que los ajusticiados sí intentaron retener a un menor para asegurar su impunidad; y que la prensa “mainstream” rápidamente convergió con la versión oficial de los hechos («todo eran rumores»), difundida por la cúpula policial.
Sospechoso…
Es importante considerar ciertos aspectos que me dejan dudas…. Debemos también incluir a otros actores de la Seguridad ciudadana en este pensamiento: autoridades locales, Estado (salud, inclusión económica y social, educación, etc.) el sistema de rehabilitación social y la propia comunidad…. No podemos decir que las instituciones no cumplen con su trabajo sin tener certeza de aquello, es indispensable que todos trabajemos con un solo norte e interinstitucionalmente…. Si logramos ese cometido, estoy seguro que mejoraremos como país
Gracias
Excelente artículo. Existen otras poblaciones en el país que sufren de similar abandono, y que son caldo de cultivo perfecto para este tipo de estallidos. Por otro lado, urge en el país legislación sobre contenidos en redes sociales, tan culpable es el que mata como el que transmite en tiempo real una masacre. La responsabilidad finalmente cae en el estado.