La elaboración del Presupuesto del Estado, implica, se supone, con responsabilidad y rigor técnico, presuponer ingresos, gastos y el financiamiento del déficit público, bajo el sustento de serios y realistas supuestos económicos, aderezados con las lecturas políticas y sociales desde la visión de la conducción del Estado.
Desde el Gobierno se estima que el PIB nominal de 2019 será $113.097 millones, esto es, un crecimiento del 3,3 % en relación a los 109.454 millones de 2018. Esta previsión, la remite el Banco Central a Finanzas el 27 de octubre de 2018, luego que el Ministerio de Economía y Finanzas, el 26 de octubre, un día antes, entrega al Banco Central la programación fiscal 2019-2022. Todo esto, a cuatro días de presentar la Proforma a la Asamblea Nacional. Se colige las improvisaciones que traducen debilidades. El elevado PIB nominal tiene la mágica virtud de, mágicamente, inflar los ingresos tributarios, reducir el peso del gasto en la economía y disminuir la relación deuda pública /PIB y déficit/PIB.
En 2019, los recaudos por impuesto a la renta crecerían 8,7 % al compararlos con 2018, una vez descontado en este año, como debe ser, los ingresos por la remisión tributaria. La recaudación del IVA aumentaría 9 %, estimación sin sustento, cuando la economía crecería 1,41 % y la inflación sería de 1,07 %. Según el Banco Central, dato aún no publicado, en 2018 la economía crecerá 1,06 %. En este año los ingresos por IVA no crecen, siempre considerando los ingresos netos al Tesoro Público. Los ingresos petroleros tampoco son sólidos, y el pago de las deudas de las empresas petroleras seguirán mermando recursos a la caja pública.
Para establecer un análisis serio del crecimiento del gasto público, se debe tomar el gasto real a octubre y estimar, algo posible, el gasto de noviembre y diciembre de 2018. Al comparar este valor con el gasto real de 2017 se obtiene el aumento o reducción del gasto en 2018, y al efectuar la comparación con el presupuesto de 2019 se obtiene la variación entre 2019-2018. Con este antecedente, el gasto corriente entre 2018-2017 aumenta 10,2 % y entre 2019-2018 crece 2 %. La masa salarial pública aumenta 4,7 % en 2018 y apenas se reduce $67 millones en 2019. El gasto en bienes y servicios aumenta 11 % en 2018 y 1 % en 2019. El pago de intereses aumenta 12,9 % en 2018 y 18,4 % en 2019. Luego de deducir en 2019 los $1.240 millones del 40 % de las pensiones, las transferencias observan una pequeña reducción. No existe la decantada austeridad. El gasto de inversión si tiene una fuerte reducción del 27 % en 2018, aunque aumentaría el 12 % en 2019.
Según los números de la Proforma de 2019, el déficit global sería de $3.655 millones. No obstante, este debe corregirse en tres dimensiones. 1) se registra como ingreso petrolero el pago por $890 millones, con petróleo crudo, de las amortizaciones de las ventas anticipadas de petróleo. Como este es sólo un registro contable y no representa un ingreso efectivo, debe descontarse de los ingresos reales al Tesoro, por tanto, aumenta el déficit. Para justificar este registro se puede decir que el mismo se ha consultado al FMI, pero en la realidad, el Tesoro Público no recibe estos recursos. 2) Se incluye como ingresos no tributarios $1.000 millones por supuestas OTRAS CONCESIONES. Jamás, una reducción de los activos del Estado se registra como ingreso, éstos, si ocurrieren, deben registrarse por debajo de la línea como parte del financiamiento del déficit, por tanto, el déficit aumenta en esta magnitud. Si una persona gana $500 al mes y gasta $700, le faltan $200 y vende su televisor en $200, lo que hace es financiar su déficit con la venta de su activo, pero no lo reduce, pues su gasto sigue igual. 3) Por la explicación arriba mencionada, los ingresos tributarios, al menos estarían sobreestimados en unos $500 millones. Luego de estas operaciones, el déficit real de 2019 sería de unos $6.045 millones.
Si el déficit aumenta en $2.390 millones, las necesidades de financiamiento para cubrir el déficit, amortizaciones de la deuda interna y externa y otros pasivos, alcanzarían los $10.458 millones, valor similar que se mantendrá hasta 2022. Déficit y requerimientos de financiamiento absolutamente inviables para la economía. La Proforma tampoco considera la iliquidez que causan al Tesoro las otras obligaciones del Estado, que al 30 de septiembre suman $9.900 millones, entre las cuales están la deuda flotante, los CETES, deudas petroleras y otros pasivos, a los que se debe agregar el uso de la liquidez de las empresas públicas y los pagos a nivel de caja del faltante para importar derivados. Resulta ingenuo pensar que los inversionistas extranjeros y, en general, los agentes económicos, no analizan estas realidades y las pesan con rigor para tomar sus decisiones de invertir en el país y medir la credibilidad del manejo fiscal y de la economía.
De otra parte, la Constitución manda que los ingresos permanentes sean iguales o mayores a los gastos permanentes. Según la Proforma, los ingresos permanentes son $19.555 millones y los gastos permanentes suman $18.865 millones. Por sentido común, los ingresos permanentes son los impuestos y los gastos permanentes son los gastos corrientes, esto es: sueldos, bienes y servicios, transferencias corrientes e intereses de la deuda pública. Según la proforma son ingresos permanentes los $1.000 millones de POSIBLES OTRAS CONCESIONES, además de los ingresos tributarios y no tributarios y las transferencias corrientes. De otra parte, más de $500 millones de gastos corrientes están considerados como inversión dentro del Plan de Inversiones. Sin duda, esta regla es una ficción acomodaticia, pues, los reales gastos corrientes superan a los ingresos permanentes, en claro desafío a la Constitución.
Las buenas intenciones del Gobierno, de corregir el desequilibrio fiscal, se desacreditan con números poco creíbles. Lectura que transmite desconfianza en la gestión económica y fiscal, y sólo alienta las expectativas de descontrol fiscal y perpetuación de los costosos desajustes del pasado. Enfrentar con valentía la generación de nuevos ingresos y reducción del gasto corriente, para viabilizar la sostenibilidad fiscal, es un intrínseco deber del Gobierno, llamado a no justificar su inacción bajo el fantasma de la ingobernabilidad y, por el contrario, obligado a utilizar una pedagogía adecuada para hacer que la sociedad tome conciencia de que los costosos e imperativos cambios estructurales, son una consecuencia de la irresponsable gestión económica y fiscal de los diez años de populismo.
Claro y contundente análisis de la triste realidad económica del país , herencia de la década perdida ; lamentablemente el actual gobierno no hace nada para revertir esta situación, que pronto se tornará crítica .