En la madrugada de ayer el Ministerio de Economía y Finanzas llegó a un acuerdo con las universidades públicas para que en 2019 éstas reciban del Presupuesto General del Estado (PGE) los mismos montos que en 2018. En los últimos días hubo protestas de estudiantes y representantes de esas universidades, ya que en la Proforma que se está analizando en la Asamblea las transferencias a los centros de educación superior se reducen en $145 millones si se las compara con los montos contemplados en el PGE codificado para 2018. Esa comparación, que no parece ser la adecuada, es un punto que conviene analizar.
El PGE codificado incluye los cambios que, a una fecha determinada, el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho al Presupuesto que fue aprobado por la Asamblea (cabe recordar que, por obra y gracia del correísmo, Finanzas puede modificar hasta en 15% el Presupuesto inicial sin necesidad de contar con aprobación del Legislativo). Sin embargo, muchas veces el PGE codificado termina mostrando grandes diferencias con el PGE ejecutado; es decir, el Presupuesto que presenta los ingresos que realmente percibió el Gobierno en un año y los gastos que realizó. Como ejemplo, según el PGE codificado al 30 de septiembre (con el que se está comparando la Proforma para 2019), este año los gastos por concepto de intereses de la deuda serán de $2.292 millones, sin embargo, considerando lo ya pagado hasta la fecha y proyectando lo que falta del año, el pago real de intereses en 2018 rondará los $2.900 millones. Otras veces, por el contrario, el PGE codificado sobrestima los gastos que realmente se terminan ejecutando. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con las universidades públicas.
Si se revisa la ejecución presupuestaria de los últimos años completos y también la última disponible para 2018, se puede ver que la mayoría de las universidades, de manera recurrente, subejecutan el gasto; es decir, que no terminan de gastar el presupuesto que se les había asignado. En 2016, por ejemplo, la Universidad Central y la Universidad de Guayaquil (para ver lo que ha pasado con las dos más grandes) ejecutaron el 71% y el 82% de sus respectivos presupuestos codificados a diciembre. En 2017 el porcentaje de ejecución aumentó (a 82% y 93%, respectivamente), pero ambas universidades siguieron sin utilizar todo el dinero que se les había asignado en el PGE. En lo que va de 2018 ambas universidades han utilizado el 66% de sus respectivos presupuestos (que en el caso de la Universidad de Guayaquil, es 14% mayor que el de 2017). Obviamente, el mes de diciembre es fuerte en gastos de personal por el pago del décimo tercero, pero es difícil pensar, por ejemplo, que la Universidad Central pueda ejecutar en menos de dos meses la totalidad de su presupuesto para “bienes de larga duración”, que ha sido ejecutado apenas en 9%, o que la Universidad de Guayaquil haga lo propio con su presupuesto para “bienes y servicios para inversión”, que ha sido ejecutado en 2%.
Nadie discute la importancia de la educación pública ni que las universidades deben contar con presupuestos adecuados para funcionar correctamente. Pero en un contexto de severa estrechez fiscal lo más recomendable, antes de iniciar protestas o lanzar frases alarmistas como “la universidad en este momento se encuentra en terapia intensiva y si nos reducen esos 20 millones de dólares entraría en coma, próxima a agonizar”, pronunciada por Roberto Passailaigue, rector de la Universidad de Guayaquil, habría sido analizar detenidamente las cifras; es decir, comparar las transferencias contempladas en la Proforma 2019 con lo que cada universidad realmente va a gastar en 2018. De hecho, si se toma en cuenta la recurrente subejecución de los presupuestos de las universidades, no resulta descabellado pensar que las transferencias detalladas en la Proforma a la larga resulten MAYORES que lo que esas mismas instituciones gastaron realmente en 2018. Ese es un error estratégico y de comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas.
El acuerdo entre ese ministerio y las universidades públicas (que, en una muestra de insensibilidad con la situación fiscal, simplemente ofrecen usar de manera más eficiente los recursos que les transfieren) es, además, un mal antecedente en un momento en que se requiere decisión política para avanzar con el necesario ordenamiento de las cuentas públicas. Si las universidades van a terminar recibiendo más de lo que estaba contemplado en la Proforma, alguien va a tener que recibir menos. Con un precio del petróleo que probablemente esté por debajo de lo que espera el Gobierno, con ingresos tributarios que también podrían estar sobrestimados y con serias restricciones para acceder a nuevo financiamiento, no es viable pensar en aumentar el tamaño del Presupuesto del próximo año. La austeridad y los recortes al gasto público no son decisiones populares, pero los costos de no tomarlas a tiempo pueden terminar siendo económica, social y políticamente mayores.
José Hidalgo Pallares es economista.
Se puede ver un grave desconocimiento del redactor del artículo, sobre la manera en que funciona la universidad pública, lo que le lleva a decir Verdades a medias. Cómo puede una universidad ejecutar al 100% su presupuesto, si Finanzas no le entrega el dinero oportunamente; y cuando le entrega, la universidad debe realizar un proceso perverso de compras públicas que puede tomar 2 o 3 meses e inclusive caerse? o en proyectos de inversión que toman varios periodos fiscales, pero se desembolsa solamente lo comprometido en el año de ejecución?; esto sólo como un par de ejemplos de muchos otros que se pueden dar.
El escritor debería empaparse mejor de la dinámica, para poder afirmar cosas con mayor exactitud.
Muy claro Sr. Hidalgo.
La Universidad Pública no ejecuta el prepuesto y sin embargo desean las mismas transferencias para el próximo año. Algo está muy masl, saludos cordiales.
Si hay estrechez financiera y austeridad como programa, por qué entonces no se hace primero pagar a los quintiles más ricos sus deudas con el estado? Por qué ahorrar en lo más importante que tiene este país, la educación, cuando al mismo tiempo se disculpó a los deudores más grandes que deben al estado, en total, más que 2 mil millones? El autor seguramente podrá aclarar este asunto.
No existe ni la decisión ni la entereza para decir ” no hay dinero suficiente y todos debemos ajustarnos los cinturones ” . La situación fiscal del país necesita de decisiones firmes y definitivas , por ejemplo en disminuir el absurdo tamaño del estado , herencia de la década perdida , decisiones que obviamente el Lcdo. no las tomará .