María José Carrión es una reaccionaria redomada

María José Carrión demostró ser la perfecta representante de la clase política más reaccionaria y conservadora del país. La demostración la hizo durante un acto político en el que estuvo rodeada de cientos (quizá algún millar) de taxistas que se habían congregado en las goteras de la Asamblea para presentar un proyecto de ley, cuyo principal objetivo es eliminar la competencia de las plataformas tecnológicas como Uber o Cabify.

Desde una tarima colocada para que los políticos y dirigentes gremiales puedan lanzar consignas para halagar a los taxistas, la aspirante a la Alcaldía de Quito trazó en poquísimas líneas un auténtico manifiesto de una de las formas de conservadurismo más radical de la primera mitad del siglo 21. “No puede haber aplicaciones móviles de transnacionales que violenten los derechos de los ciudadanos”, gritó Carrión a la multitud de taxistas que la cobijaba con aplausos, vítores y bocinazos de vuvuzelas. “No puede haber ese tipo de aplicaciones que no rinden cuentas a la autoridad. Es nuestra obligación poner cartas en el asunto, querido compañero Carlos”, agregó a renglón seguido, dirigiéndose a Carlos Brunis, el dirigente de los conductores de taxis de Quito.

De acuerdo a la frase que Carrión usó durante su arenga, los taxistas son defensores de los derechos de los ciudadanos. En la realidad, la afirmación de Carrión no solo que es una generalización tramposa sino que es completamente falsa. Los taxistas defienden sus derechos (lo cual no tiene nada malo y es perfectamente legítimo) y no los de los ciudadanos en general, que son millones más que ellos.

Si acaso hay otros derechos que defienden los taxistas con su movilización, son quizá los de aquellos políticos o funcionarios del Municipio que entregan las licencias a los taxistas y que, como ha sido demostrado, en ocasiones han hecho fortunas con ese tarea. Basta recordar el caso del concejal Eddy Sánchez, quien fue detenido por la policía e investigado por la Fiscalía acusado de participar en un montaje corrupto en el cual se habría movido, según el fiscal del caso, 80 millones de dólares por las licencias entregadas a los taxistas.

En realidad, son las plataformas tecnológicas como las de Uber y Cabify los que realmente defienden los derechos de los ciudadanos: los ciudadanos clientes y los ciudadanos conductores. Los primeros porque gracias a esa tecnología tienen acceso a un sistema muchas veces más barato, infinitamente más cómodo y práctico y sin duda más seguro que el que brindan los taxis tradicionales.  Los segundos, es decir los conductores, porque esas tecnologías les abre la posibilidad de tener un ingreso que precisamente el mercado laboral edificado por políticos como Carrión les niega. Precisamente el martes 20 de noviembre, pocas horas luego del discurso de Carrión, un conductor de Uber le confesaba a este pelagato que tenía su primer día de trabajo con esa plataforma. Tres días antes, General Motors, la empresa donde trabajaba, le había despedido en un recorte de personal y se había quedado sin ninguna posibilidad de empleo para mantener a su familia y pagar las deudas que contrajo para comprar su casa. Él, como otros muchos, no tienen otra posibilidad de empleo que no sea Uber.

En la segunda parte de la frase con la que trató de complacer a los taxistas, Carrión sacó lo que todo político reaccionario como ella tiene en mente día y noche: la autoridad. “No puede haber ese tipo de aplicaciones que no rinden cuenta a la autoridad”. Seguramente en su raciocinio y en su cultura, toda actividad humana debe pasar necesariamente por la aprobación de una autoridad. ¿A qué otra cosa aspira normalmente un político tradicional como Carrión sino a ser una autoridad? Para Carrión y toda la camada de políticos a la que ella pertenece, es evidente que cualquier amenaza a los privilegios de un grupo, en este caso el de los taxistas, debe ser protegida por la autoridad que, en definitiva, son ella y todos los suyos. Por eso, no dudó en rematar su intervención con un amenazante: “esto merece tener una respuesta institucional”.

Carrión, los políticos como ella y los taxistas no toleran que haya alternativas que, dentro de su esquema mental, no son formales porque no tienen el aval de una autoridad. En realidad, la formalidad de estas nuevas formas de servicios no están avaladas por la autoridad sino por los propios consumidores o ciudadanos. Tanto Uber como Cabify confirman al conductor, sus placas, el tipo de vehículo, el tiempo de llegada y salida, la ruta que usan, el precio que deben cobrar… Además, los usuarios pueden calificarlos y reclamar por el servicio. ¿Hay acaso algo más formal que eso?

Carrión, cuya pre candidatura a la alcaldía fue presentada el 14 de noviembre por la Unión Nacional de Cooperativas de Taxis de Quito, pertenece a la casta de políticos ultra conservadores que miran en cada fenómeno que llega de otro país a una amenaza que merece una respuesta ultra proteccionista. “No puede haber aplicaciones móviles de transnacionales”, dice ella que seguramente usa correo electrónico de Google o de Yahoo (empresas transnacionales) para enviar notas a sus amigos taxistas en lugar de los carteros que deben haber existido en los tiempos de sus papás y cuyo trabajo fue precisamente desmontado por la irrupción de las nuevas tecnologías.

Tras la posición de Carrión y la de los taxistas también está, quizá de forma involuntaria, la defensa y protección del sistema de licencias o cupos que se extienden para los taxistas. Se supone que las licencias fueron establecidas para garantizar el buen servicio (cosa que como es evidente no siempre funcionó) pero con la irrupción de estos sistemas la competencia se encargó, de forma mucho más eficiente, de mejorar los servicios y dar las alternativas a los clientes. Las licencias sirven para restringir el número de personas legitimadas a ejercer como taxista. ¿Y por qué motivo los taxistas podrían estar interesados en restringir el número de profesionales legitimados a proporcionar semejante servicio? Por un lado, porque a menor oferta de taxis, mayor tenderá a ser la tarifa que puedan extraer a los usuarios; por otro, porque al fijar un número limitado sobre unas licencias indispensables para ejercer como taxista, el precio de éstas tiende a dispararse.

La defensa del sistema de licencias, además, es el mejor caldo de cultivo para la corrupción y el abuso de poder. El que tiene el poder de entregarlas tiende a beneficiarse de ese esquema. “¿Alguien puede seguir sosteniendo honestamente que el sistema de licencias está pensado para proteger al usuario y no al taxista, viendo cómo se ha instrumentado para limitar la oferta de taxis a disposición del usuario?”, se preguntaba el economista español Juan Ramón Rallo en su blog Laissez-Faire de El Confidencial cuando examinaba el fenómeno Uber en España.

En realidad, a más de su evidentemente desesperada necesidad de cosechar adhesiones para ver si llega a ser alcaldesa, lo que Carrión expuso en su declaración es el terror y rechazo que toda una corriente de pensamiento tiene a lo que se llama destrucción creativa. El término fue acuñado por el economista austríaco Joseph Schumpeter en su libro, “Capitalismo, socialismo y democracia” publicado en 1942. Según él, el cambio siempre necesita destruir algo viejo, que se reemplaza por algo nuevo, como ocurrió con los teléfonos celulares que reemplazaron parcialmente a los líneas telefónicas fijas o la música digital que dejó a los acetatos como piezas para coleccionistas. La destrucción creativa explica por qué ciertos segmentos de la sociedad temen al cambio y a la innovación. El rechazo de Carrión a Uber y Cabify no es otra cosa que eso: el repudio al progreso y la negación a la realidad.

El rechazo a la innovación y el progreso que sienten Carrión y todos quienes quieren que se prohiba estas aplicaciones móviles también se explican en la ignorancia. Según una investigación hecha por la Universidad de Seúl, Corea del Sur, la irrupción de Uber en Nueva York no acabó con los taxis tradicionales como muchos vaticinaban sino que los hizo especializarse en ciertas zonas, por lo general fuera de Manhattan, donde no hay tanto acceso a Uber. También les hizo mejorar su servicio y no abusar de los costos. A la postre, los taxistas tuvieron que ingeniárselas para no perder clientela y el servicio de transporte en la ciudad mejoró sustancialmente. “Hallamos que la economía colaborativa de Uber -se lee en el estudio- ha transformada el mercado existente en una forma positiva de bienestar”.

Es evidente que Carrión quiere la candidatura a la Alcaldía de Quito y que eso la hace buscar adhesiones como las de los taxistas. Sin embargo, su actitud, su raciocinio y sus argumentos sobre el conflicto entre la innovación representados por Uber y Cabify y el estancamiento que representa el pedido de los taxistas no son aislados. Como Carrión hay una importante e influyente corriente política que también tiene terror a la innovación y al cambio. Son ellos los verdaderos enemigos del progreso. Los progresitas, en realidad, son los otros.

Foto: El Telégrafo