Las severas consecuencias económicas y sociales de enfrentar con tibieza un gasto público de 40,6 % del PIB y un déficit fiscal de alrededor del 6,1 % del PIB, han obligado a Argentina a un drástico cambio de rumbo. Este país, con reducciones del gasto público de 6,2 % en 2018 y 7,7 % en 2019, además de la reducción de subsidios y más impuestos a las exportaciones, espera conseguir equilibrio primario en 2019 y un superávit del 1 % en 2020.
En Brasil, se estima un déficit fiscal del 7 % del PIB y una relación deuda pública del 77 % del PIB. El nuevo Gobierno se plantea de inmediato equilibrar las cuentas públicas mediante recortes del gasto público y generación de nuevos ingresos. El déficit fiscal de Costa Rica se ubica alrededor del 7 % del PIB y su nivel de deuda en relación con el PIB supera el 54 %. Este país persigue reducir su déficit público mediante el aumento de la carga tributaria a los servicios y alimentos y la reducción de los excesivos beneficios de los trabajadores públicos, entre otras medidas.
Con un PIB bien calculado y cuentas públicas corregidas con rigor técnico, en 2019 el Ecuador tendrá un déficit global cercano al 6 % del PIB y una deuda pública del 60 % del PIB, magnitudes similares a los países mencionados. Algunos países asumen con responsabilidad económica y social la reducción del déficit público. En Ecuador, esta tarea se ha relegado al desdén por las responsabilidades públicas, cuando los números se acomodan con ingresos irreales para mágicamente reducir el déficit público, cuadrar con arbitrios poco serios, la regla constitucional de ingresos permanentes igual a gastos permanentes, y establecer una ficción de reducción del déficit primario hasta 2022, en denegación poco sana de las reglas macrofiscales que dispone la ley.
En la Comisión de Desarrollo Económico, con la excepción de algún Asambleísta, al tratar la Proforma del Presupuesto de 2019, se han hecho denodados esfuerzos por evidenciar su pobre concepción de las finanzas públicas y las intrínsecas limitaciones para ejercer con responsabilidad el análisis de un instrumento público vital para el desarrollo económico y social del Ecuador. La irrestricta determinación de la regla fiscal establecida en la constitución, el técnico y cabal cumplimiento de las reglas macrofiscales establecidas en la ley, y el cálculo universal de los déficits fiscales, global y primario, son parámetros de lamentable y ligero discernimiento en el análisis del Presupuesto de 2019 efectuado por la Asamblea Nacional. El mismo se ha circunscripto a reiterar las falencias del pasado y la magnificación de la ceguera política, presionando el aumento del gasto público con supina inconsciencia de la gravedad del déficit público.
La inconsciencia de la grave situación fiscal del Ecuador, se encarna en la veleidad del Gobierno y de la Asamblea Nacional, y toma cuerpo en el resto de la sociedad. Ha sido lugar común en diversos estamentos políticos, económicos, sociales y laborales del país, la exigencia del pago a través del presupuesto, del 40 % de las pensiones de los jubilados. Para 2019, se han incluido $1.240 millones para tal efecto y el IESS reclama $1.750 millones. El primer valor agrega 1,1 % del PIB al déficit de 2019 y el segundo valor agregaría 1,6 % del PIB al déficit. Una sociedad acostumbrada a demandar del Estado, no quiere ver, que los $1.240 millones aumentarán la deuda pública que tanto la repudia, pues, para pagarlos el Estado tendrá que hacerlo con bonos, que, además, demandarán al menos $86 millones de intereses que aumentan el gasto público, cuando el pago de intereses de la deuda pública para 2019 será de $3.400 millones, valor superior a lo destinado a la salud. Para satisfacer esta legítima demanda, nunca se discutió la generación de ingresos para financiarla.
Con falta de conciencia de la penuria fiscal, las universidades protestaron por los recortes en coro con la Asamblea, así como los GADs presionan por pagos de deudas de antaño, los servidores públicos y maestros reclaman aumentos de sueldos. El concierto para destruir las finanzas públicas, secular cultura nacional, demanda reinstaurar la razón y el sentido común. Más gastos deben acompañarse de mayores ingresos. Los $1.240 millones del 40 % de las pensiones equivalen subir el IVA al 14,5 % o reducir la cuarta parte del subsidio a los combustibles. El culto a la sinrazón es parte del paisaje nacional. Quienes demandan más gasto público, no se ruborizan al denostar el elevado déficit fiscal y el aumento de la deuda pública que este ocasiona, al tiempo que se lamentan que el servicio de la deuda sea mayor que lo destinado a educación y salud. Se oponen a la disminución de los subsidios a los combustibles o generación de ingresos, pero crean ingobernabilidad por ciegas demandas por mayor gasto público.
El Estado ha sido capturado por sectores que se han acostumbrado a un nivel de vida muy por encima de la capacidad económica del Ecuador, nivel financiado por la deuda y el petróleo. En las universidades, FF AA, Policía, Función Judicial y otros sectores, el promedio de remuneraciones, de alrededor de $2.600 al mes, es cinco veces el PIB mensual por habitante, promedio que esconde sueldos que superan los $3.000 al mes en muchos casos. No obstante, los privilegiados con el gasto público, que para financiarlo exige cuantiosas deudas del Estado que las paga toda la sociedad, hacen apología de la sinrazón al sentirse afectados en sus aspiraciones, sin siquiera recordar que existen cinco millones de desempleados y subempleados que viven en condiciones precarias y más de cuatro millones de pobres que tienen vidas lacerantes con 84 dólares al mes.
El Gobierno, la Asamblea Nacional y la sociedad en su conjunto, con sus élites representativas, están llamados a asumir con entereza las responsabilidades inherentes a preservar una economía sana y cuentas fiscales equilibradas. Deben superar sus limitaciones para comprender que todo gasto estatal requiere ingresos por igual magnitud, que sólo con superávit se reduce la deuda pública, que el gasto actual no puede sostenerse y debe reducirse a un tamaño que pueda ser pagado por la sociedad. En un deseado alarde de reflexión, se debe asumir que gastos sociales incrementales y todas las exigencias al Presupuesto Público, sólo serán posibles con constantes aumentos de la producción fruto de una sociedad eficiente. Mientras prevalezcan la sinrazón y el autismo fiscal, la pobreza y el subdesarrollo serán nuestro estigma.
Un primer paso será sincerar la capacidad de gasto de las instituciones del Estado, de tal manera que las asignaciones presupuestarias correspondan a sus realidades administrativas. De esta manera se frenará la insana costumbre de dejar recursos comprometidos para el siguiente ejercicio fiscal a través de contratos de última hora, con lo que se encubre la ineficiencia. El concepto “obras de arrastre” debe desaparecer, pues para eso hay el concepto de ejecución por etapas, que evita distorsiones. Pero también el Estado debe sincerar sus procedimientos, y no hacer de la banca pública de inversión el instrumento para condicionar las adhesiones políticas o el “anillo de estrangulación” que obliga a esos contratos al apuro.
Coincido con el Sr. Barrera en casi todo, excepto en el tema “subsidio” del 40% de las pensiones del Iess. Estoy de acuerdo que esto suena un privilegio, porqué dar dinero a quienes tuvieron un empleo, cuando hay millones que no lo tienen ? Hasta ahí parece correcto, pero por otro lado, porqué los afiliados al Iess deben pagarse su atención médica, que ni siquiera es buena, cuando la constitución dice que la atención médica es gratuita. OK, quiten el 40% pero así mismo destinen todos los aportes al sistema de pensiones y riesgos del trabajo. En cambio como dice otro lector a quien se le ocurrió entregar “incentivos” a los empleados públicos que se retiran, eso es un privilegio que no existe en la empresa privada
Muy buena su exposición Jaime, no hay nada que agregar, excepto que si el Ecuador no estuviera gobernado por ineptos y payasos, ya tuviéramos por lo menos un principio de saneamiento fiscal y económico para sacarlo del pozo en que se encuentra, esa será tarea para el próximo presidente, pero el problema para él, será encontrar un país mucho más hundido en ese pozo.
Uno de los principales egresos, es sin duda los incentivos de jubilación, derogado por correa 3 días antes de irse y puestos de nuevo por moreno, el estado a más de dar trabajo , por treinta años, les regalo hasta 52000 dl por c/u . Los privados de ese privilegio vemos indignados, como nadie dice nada porque no les conviene.
EL DEFICITI FISCAL EN LA QUE VIVE NUESTRO PAIS, REQUIERE CONCIENCIA DE PAIS Y PARA ELLO CADA SECTOR DE LA SOCIEDAD DEBE HACER UN APORTE, OPINO QUE SE PODRÍA REDUCIR EL DIEZ POR CIENTO DE LOS SUELDOS DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS CON LA CONDICIÓN QUE LES DEN UN NOMBRAMIENTO, ESTA CONGELACIÓN SERÍA POR LO MENOS DE UNOS 5 AÑOS Y DESPUÉS DE ELLO EVALUAR Y VER SI SE PUEDE DAR UN AUMENTO. INCLUIDOS A LA POLICIA, MILICIA.