El Presupuesto de 2019 presenta un déficit de $6.000 millones, sin considerar que los volátiles ingresos petroleros pueden ser menores por el precio, la producción y los pagos de deudas de las empresas petroleras, lo cual aumentaría el déficit. Aún, para mantener los gastos previstos en la proforma, la sociedad tendría que obtener préstamos por $6.000 millones, si los $1.000 por concesiones o venta de activos se hacen efectivos, se requerirán $5.000 millones, más los $4.000 millones necesarios para el pago de las amortizaciones de la deuda. La atención de los reclamos por más recursos para educación, universidades, GADs, aumento de sueldos y otros, aumentará el déficit o requerirá reducir las asignaciones en otros sectores que también velan por sus recursos.
Es inviable mantener un déficit de $6.000 millones, su magnitud no es sostenible y aleja las inversiones y las posibilidades de crecer y progresar. El Ecuador no debe financiar el déficit, está en la obligación de reducirlo a por lo menos $3.000 millones en 2019. De los $7.152 millones de gastos de inversión previstos en la Proforma, casi $3.500 millones son transferencias a los GADs y el resto corresponde al Plan de Inversiones. En los GADs, gran parte del gasto es corriente y en el Plan de Inversiones también hay gastos corrientes. Como en las inversiones ya no hay espacio para reducciones y no se puede reducir las transferencias a los GADs, para lograr un déficit de $3.000 millones, es imperativo tomar medidas para generar ingresos y reducir el gasto corriente.
Existen pocas opciones para generar ingresos. Aumentar 2 puntos al IVA puede generar unos $1.000 millones. Hay criterios económicos que promueven reducir el IVA, lo cual aumentaría el déficit. En las condiciones actuales con una elevada deuda pública, alto pago de intereses y amortizaciones, vedado y costoso acceso al financiamiento, reducir el IVA sólo agravaría la situación fiscal. La otra opción para dotar de ingresos al fisco es la reducción de los subsidios a los combustibles en al menos unos $1.000 millones. Aún con estas medidas, para llevar el déficit a unos $3.000 millones, será necesaria la reducción de unos $1.000 millones en los gastos corrientes: masa salarial, bienes y servicios y transferencias corrientes.
Como se infiere de esta lacerante realidad, los extremos desajustes fiscales acumulados en el período de mayor bonanza petrolera de la historia del país, han alcanzado el clímax que exige profundas reformas en la estructura de las cuentas públicas, a fin de conducir la trayectoria fiscal por la senda de una sólida sostenibilidad. Sin embargo, este vital objetivo para el progreso del país, no será posible sin un profundo cambio en la cultura económica y fiscal del gobierno y de los diferentes actores políticos, económicos y sociales del Ecuador.
Para una importante reducción del déficit público, a un nivel compatible con un financiamiento viable y menos costoso, debe prender en la sociedad una premisa elevada a la categoría de valor colectivo: aumentar ingresos y reducir el gasto público. No obstante, esta regla de sentido común, se ha contaminado por el dogmatismo ideológico, los poco responsables intereses políticos, las miopías sindicales, las contradicciones empresariales y las cegueras sociales. Aún, con imperativas medidas para generar ingresos y reducir gastos, los niveles de gasto, sostenibles en el contexto de un déficit público viable, dejarán insatisfechas las siempre crecientes demandas sociales y políticas, cuyos abanderados llevan en su ADN la secular demanda de recursos del Estado, modo de vigencia de miopes liderazgos carentes de una auténtica visión de desarrollo del país. Está lejos de su reflexión que la secular desestabilización fiscal sólo causa más pobreza en quienes dicen representar.
El equilibrio de las cuentas públicas, no sólo es condición intrínseca para el flujo de inversiones, la reducción del riesgo-país, el crecimiento de la economía, la generación de empleo y progreso de toda la sociedad, es también, condición sine qua non para preservar la dolarización, sustento de la estabilidad económica del Ecuador. No se coadyuva a mantener la dolarización cuando el déficit es de $6.000 millones, y el presupuesto del Estado envía dólares al exterior por más de 8.000 millones mediante el pago de intereses y amortizaciones de la deuda externa y la importación de derivados del petróleo que se venden a precios subsidiados.
La sanidad de las cuentas públicas que envíe sólidas señales de sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, debe acompañarse de un Plan Económico que enfoque de manera coherente un ambiente adecuado para atraer inversiones internas y externas e impulsar las exportaciones, así como mejorar la productividad y el clima laboral. Fundamentos básicos para enfrentar las exigencias de los vertiginosos cambios inherentes a la era de la innovación y la tecnología, que obligan a las sociedades y los Estados a profundas transformaciones en sus visiones del desarrollo. Las inevitables reformas estructurales para corregir los desequilibrios fiscales y económicos, producirán ingobernabilidad y estancamiento económico en una primera instancia que no deja alternativas. Es obligación del Gobierno del Estado usar una agresiva pedagogía para minimizar estos efectos, convicción en la gestión del Estado traducida en un desesperado manifiesto por la sensatez.
Jaime Carrera es economista.
Excelente análisis.
Mas allá del ineficiente estado centralista, la reforma debe ser integral. Los GAD deben ser fusionados. 10 o 12 provincias como maximo es lo que necesitamos. Menos cantones separados y por lo tanto municipios mas grandes y fuertes. Menos burocracia seccional que gasta y consume con poca rendición de cuentas.
Difícil seguramente…pero necesario.
Muy bueno. Sólo una observación: «Hay criterios económicos que promueven reducir el IVA, lo cual aumentaría el déficit. En las condiciones actuales … reducir el IVA sólo agravaría la situación fiscal».
NO IMPORTA. El gobierno actual es una institución parasitaria que consume LA MITAD de lo que produce la sociedad, y presta a cambio servicios de dudosa calidad.
Mejor que se sincere la economía. QUE QUIEBRE EL ESTADO. Que le dejen de prestar dinero para así parar la hemorragia de dólares en pagar deuda que se emplea ilegalmente en sueldos de burócratas inútiles.
El beneficio del estado NO es necesariamente el beneficio de la sociedad.
Si el estado NO está dispuesto a someterse a régimen, la sociedad NO ha de estar dispuesta a EMPOBRECERSE tan sólo para que los burócratas sigan orondos.
Estupendo análisis , que desnuda la calamitosa situación económica del país y los peligros a los que nos vemos avocados tras años de corrupción y despilfarro . Lo lamentable es que el gobierno no toma las medidas urgentes y radicales para cambiar esta trágica realidad .