“Debe desaparecer el consejo de participación y la función de transparencia”

El destino del Consejo de Participación Ciudadana parecía sellado tras la utilización que hizo el correísmo para manosearlo y, por su conducto, nombrar autoridades de control de bolsillo en concursos amañados. Para desaparecerlo o transformarlo en forma urgente se requería una consulta popular. Pablo Dávila, miembro del Consejo de Participación Ciudadana (T) analiza el caso y llega a la conclusión de que, por problemas de tiempo, ese caso no irá a las urnas en las próximas elecciones seccionales.

Dávila anuncia que el Consejo incluirá ese tema en un paquete de reformas constitucionales que enviarán propuesta al presidente Moreno. Lo harán para cumplir con una de las atribuciones extraordinarias que se le otorgó al consejo mediante la Consulta: definir un paquete de reformas normativas y en ellas entran las constitucionales. Esta semana se definirá el volumen de esa propuesta. Según Dávila, se ha dado la libertad a cada uno de los consejeros para plantear las reformas que considere necesarias y se ha pensado en sugerir al presidente qué tipo de reforma debe ser tratada en un determinado procedimiento de acuerdo a la Constitución. En ese plano, están pensando en qué podría ser tratado como reforma y qué como enmienda.

Dávila cree que la desaparición del Consejo o el cambio de sus competencias implicaría una reforma: “desde mi personal punto de vista, de alguna manera estamos alterando la estructura del Estado, por tanto, el mecanismo llamado a evaluar esto es la reforma”. El organismo que debe emitir el dictamen de procedimiento para esa reforma es la Corte Constitucional, y estará instalada el primero de febrero de 2019. En ese escenario los plazos estarían complicados: “(…) estamos hablando de mediados o tercera semana de febrero. Luego de eso entraría al parlamento, a la Asamblea Nacional, debería haber un primer debate y un segundo debate después de tres meses. Entonces es muy difícil ya en términos procedimentales que pueda calzar con las elecciones que se van a hacer en marzo”.

Para Dávila, el Consejo debe desaparecer. “Creo que los ecuatorianos hemos tenido diez años para testificar con claridad el efecto de esta multiplicación de la intervención estatal. Para mí es un contrasentido pensar que la participación ciudadana tiene que estatizarse y tiene que regirse a través de la intervención de órganos del Estado”. Desde su visión, la participación debería ser un eje transversal que permita auditar, vigilar y opinar sobre la gestión pública desde afuera del gobierno y del Estado, no desde adentro.